En 2010, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Especial sobre Libertad de Expresión en México, el país ya era identificado como el más peligroso del continente para el ejercicio periodístico.
"Las cifras reportadas, así como la información adicional recibida, permiten afirmar que desde el año 2000 México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas", se lee en el Informe de la CIDH de 2010 .
Ese mismo año, en México fueron asesinados 10 comunicadores, de acuerdo con registros de la organización civil Artículo 19. Sus nombres eran Valentín Valdés Espinosa, Jorge Ochoa Martínez, Jorge Rábago Valdez, Evaristo Pacheco Solís, Francisco Rodríguez Ríos, Hugo Olivares Cartas, Guillermo Alcaraz Trejo, Marco Martínez Tijerina, Carlos Santiago Orozco y Alberto Guajardo Romero.
Para 2017, la cifra ascendió a 12 crímenes, lo que lo convirtió en el año más letal para la prensa en México.
Solo de enero a marzo de 2022, el país registró el homicidio ocho periodistas, por lo que la tendencia no ha cambiado en la última década, y se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para la libertad de prensa, que se conmemora este 3 de mayo.
Las cifras de Artículo 19 indican que en los últimos 10 años en México han sido asesinados 105 periodistas, dando un acumulado de 153 en las últimas dos décadas.
En el último ranking mundial de la Libertad de Prensa, publicado por Reporteros sin Fronteras (RSF) en 2021, México figura en la posición 143 de 180 países, siendo la violencia, el miedo cotidiano y la impunidad los principales obstáculos para el ejercicio periodístico.
"México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios. A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad", alertó la organización en la clasificación .
Asimismo, evidenció que la colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado es una amenaza latente a la seguridad de los actores de la información y la libertad de prensa.
En un informe publicado en febrero de este año, RSF también señaló que a más de 10 años del reporte de la CIDH, los crímenes contra periodistas en México mantienen el mismo patrón:
La mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de comunicadores se concentraron en entidades que sufrieron la intensa presencia del crimen organizado, como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Además, se tiene registro de que en algunas regiones del país la violencia y la intimidación fueron perpetradas por grupos armados que aparentemente mantienen vínculos con grupos políticos.
"Los reporteros que cubrían noticias locales sobre corrupción, narcotráfico, violencia, seguridad pública y asuntos relacionados fueron las principales víctimas", indicó RSF.
La mayoría de las y los comunicadores asesinados en las últimas dos décadas vivía en ciudades pequeñas, trabajaba para más de un medio de comunicación para cubrir sus gastos personales y contaba con canales en las redes sociales para hacer denuncias públicas.
Para RSF, México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en todo el mundo.
En 2018, en un posicionamiento conjunto sobre México, los relatores de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) y de la CIDH llamaron la atención sobre la insuficiencia de recursos para el Mecanismo de Protección, así como de los limitados avances en la erradicación de la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Para 2021, RSF destacó en su Clasificación para Libertad de Prensa que se han producido algunos avances en la protección de las y los comunicadores de México, pero aún así, señaló, el país se hunde en una "infernal espiral de impunidad".
En febrero de este año, la propia Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que más del 90% de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos queda en la impunidad.
Para dar una muestra de la impunidad referida, estos son algunos casos documentados por RSF y Artículo 19.
El periodista conocido como Milo Vela y quien fuera subdirector del diario Notiver, fue asesinado la madrugada del 20 de junio de 2011 en el Puerto de Veracruz. En su trayectoria abordó temas de feminicidio, nepotismo y corrupción, narcotráfico y contaminación del agua en el estado.
Los autores del crimen irrumpieron en su cada mientras la familia dormía; además de López Velasco, asesinaron a su esposa Agustina Solana y a su hijo Misael López Solana, de 21 años.
Este, que fue el segundo asesinato de un periodista durante el gobierno de Javier Duarte (2010 a 2016), marcó el inicio de una oleada de crímenes contra los integrantes del gremio en Veracruz. A más de 10 años del homicidio no hay ninguna persona detenida.
El 28 de abril de 2012, la periodista Regina Martínez, colaboradora del semanario Proceso y el diario La Jornada, fue brutalmente golpeada y posteriormente asesinada en su casa ubicada en la ciudad de Xalapa.
El crimen se cometió luego de que Martínez publicara una serie de reportajes sobre violaciones graves a derechos humanos, la actuación del crimen organizado y la corrupción de las autoridades del estado de Veracruz.
Por este caso solo una persona fue arrestada y confesó públicamente haber cometido el asesinato, mientras que las mexicanas concluyeron que el motivo del crimen fue intento de robo. Pero posteriormente, el sospechoso se retractó y declaró que había sido torturado y amenazado por policías de Veracruz para inculparse.
A 10 años del asesinato, RSF y el colectivo Propuesta Cívica insistieron en rechazar la versión oficial de los hechos, pues la labor periodística de Regina Martínez nunca estuvo contemplada como línea de investigación.
"La investigación de la Fiscalía del estado condujo a la aprehensión y condena de solo una persona por su supuesta participación en el crimen, pero se ha visto marcada por innumerables irregularidades y omisiones (...) El nexo entre el asesinato y la labor periodística que desarrollaba Regina, las líneas de investigación para identificar al autor intelectual, así como el probable involucramiento de autoridades locales, han sido los grandes ausentes en esta investigación", señalaron en fechas recientes.
El 31 de agosto de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete fueron asesinados en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, y Nadia Vera venían huyendo de Veracruz luego de recibir amenazas por su labor —que involucraba evidenciar presuntos actos de corrupción en el gobierno de Javier Duarte—, pero esta línea de investigación fue descartada por las autoridades capitalinas.
Por estos hechos, tres personas señaladas como presuntos responsables fueron detenidas, entre ellos un expolicía, y las líneas de investigación se basaron en robo y en una supuesta actividad de tráfico de drogas.
Mientras esos y otros crímenes cometidos en las últimas dos décadas siguen sin ser esclarecidos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal destacó en abril de este año que 16 personas han sido vinculadas a proceso por los asesinatos de seis periodistas (los que reconoce en lo que va de 2022).
