Ante la violencia, la protección para los periodistas mexicanos es insuficiente

Periodistas en México, entre la violencia y el olvido

Los periodistas Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa fueron asesinados en enero en hechos distintos en Michoacán, Baja California y Veracruz, con solo una semana de diferencia.

El último crimen, el de Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán, se cometió el 31 de enero, cuando el gremio aún estaba de luto por el asesinato de la reportera Lourdes Maldonado, y solo unos días después de que cientos de periodistas salieran a protestar en todo el país para exigir justicia y alto a la impunidad.

"Por la forma tan violenta en que se están dando estos crímenes, disparos en la cara, en la cabeza, afuera de sus casas y a plena luz del día, son mensajes que dejan ver la responsabilidad del Estado mexicano, ya sea por omisión o actuación", dice en entrevista Héctor Segovia Tavera, de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

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A raíz de estos hechos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que más del 90% de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos queda en la impunidad, por lo que propone modificar la ley y el mecanismo de protección.

"El que se reconozca que hay más del 90% de impunidad en el asesinato de periodistas y el 100% en el caso de desapariciones es terrible, pero esa es la realidad, y significa quizás no se ha estado haciendo nada, o casi nada, para detener la violencia contra a prensa", señala en entrevista Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros sin fronteras (RSF).

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, puntualiza que ningún gobierno puede eludir o negar la crisis de inseguridad que enfrentan los comunicadores en México. "Lo que vemos es poca eficacia al momento de operar las diferentes iniciativas de protección", agrega.

Para los especialistas consultados por Expansión Política, no basta con modificar o cambiar el mecanismo, pues consideran que hay una falla institucional en la aplicación de las normas que tendrían que proteger a los comunicadores.

México: 10 años de "proteger" a sus periodistas

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surgió en 2012 como un esfuerzo del Estado mexicano para generar una política nacional, pero a 10 años de su creación "pareciera" que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, además de que sigue siendo la única estrategia implementada.

Así lo reconoció el responsable del mecanismo, Enrique Irazoque Palazuelos, quien el 26 de enero, en medio de la ola de violencia contra el gremio, puntualizó que al inicio de la actual administración, el programa tenía en su lista a 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres).

También aseguró que en tres años se han invertido más de 1,200 millones de pesos y que para 2022 se aprobó el presupuesto más alto en la historia para la protección de comunicadores, de 388 millones de pesos.

De los homicidios registrados, solo siete periodistas se encontraban incorporados al Mecanismo de Protección, y una de ellas era Lourdes Maldonado, quien contaba con seguridad del gobierno de Baja California, no del federal, luego de que en 2019 denunció ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que temía por su vida por un litigio que sostenía con el entonces gobernador del estado, Jaime Bonilla.

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Sobre este caso en particular, Héctor Segovia señala que el gobierno federal cuenta con la capacidad para proporcionar, sin demora, medios de seguridad a los periodistas que sufren amenazas. "Tiene a la Guardia Nacional, tiene a la Policía Federal, a los agentes de la Fiscalía General de la República, a las policías municipales y estatales para darles protección. En cambio, muchos periodistas optan por contratar, pese a las condiciones precarias de su labor, seguridad privada", dice.

Balbina Flores resalta que en el mecanismo federal faltan recursos humanos que den seguimiento constante a las medidas de protección y los análisis de riesgo, así como recursos económicos y políticas cívicas encaminadas a la prevención.

La periodista recuerda que en 2019 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas emitió hasta 102 recomendaciones sobre el mecanismo federal, las cuales, hasta la fecha, siguen sin cumplirse porque no hay un diagnóstico real de la situación.

"La emergencia obliga a fortalecer el mecanismo. Es momento de que haga una revisión profunda de su funcionamiento, no estamos diciendo que debe desaparecer, sino que se debe revisar a fondo", resalta.

Leopoldo Maldonado coincide en que el mecanismo tiene deficiencias que en 10 años han sido ignoradas, como la falta de presupuesto, de personal, de capacidad logística y de articulación entre las diferentes instancias competentes, que son la Fiscalía General de la República (FGR), la Segob, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Estas instituciones votan a favor o en contra de otorgar medidas de protección, que son muy necesarias cuando se está en un riesgo inminente contra la vida y la integridad, pero no se asumen cada una como competentes y responsables, institucional y políticamente, de lo que tienen que hacer para atajar la problemática", lamentó.

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Maldonado reconoce que hace 10 años se tomaron "grandes soluciones"que fue la creación de la Fiscalía Especial en la Investigación de Delitos contra Periodistas y el mecanismo de Protección, pero los crímenes actuales muestra que han fracasado en la medida en que no se ha logrado revertir la espiral de violencia ni la impunidad.

Para el activista, al momento de revisar y modificar el mecanismo, como propone la subsecretaría, es importante establecer las responsabilidades de los estados y municipios, pero sin perder revista lo que le corresponde a la Federación, pues los principales perpetradores de la violencia contra la prensa son las autoridades públicas.

"De no hacerlo, el gobierno caería en la paradoja de dejar la protección a los propios perpetradores de la violencia. Esa es la discusión que viene, pero mientras tanto, las vidas de cientos de periodistas y defensores de derechos humanos siguen en el riesgo", expresa.

Luego de los crímenes cometidos en enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia matutina de este jueves que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se está mejorando y prometió "cero impunidad".

"Prensa, no disparen"

Entre el 40% y 45% de los ataques hacia el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado, de acuerdo con el gobierno federal.

En total, Artículo 19 registró 362 agresiones contra comunicadores durante el primer trimestre de 2021, y 692 en 2020.

"Tenemos un país donde las autoridades públicas, sobre todo las locales, son muy proactivas para atacar a la prensa por cualquier medio y de cualquier forma, pero no para protegerlos. El Estado mexicano tiene que asumir que estamos en una crisis, que se deben adoptar medidas urgentes y que debe hacerse ya, porque el cambio estructural llevará años", resalta.

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Balbina Flores refiere que las agresiones contra la prensa son solo una muestra de las distintas violencias que se viven en el país, sobre todo en Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Baja California, lo que desplaza a decenas de periodistas para proteger su vida.

"El gobierno actual tiene todavía tres años para mostrar su capacidad de decidir, de hacer retroceder la impunidad y de fortalecer el mecanismo de protección. Tiene una oportunidad invaluable que debe aprovechar si no quiere pasar a la historia como el sexenio más violento contra periodistas, como ocurrió en la administración anterior", agrega.