Pero si se decide concretarla debe cumplir con tres características para evitar que se convierta en un problema: que sea resultado de un amplio consenso político, para evitar que alguien que se sienta excluido vea en las nuevas reglas una imposición, ya que eso “se abre la puerta a que sea un problema después”, expuso.
La segunda condición es que los cambios sean para mejorar el sistema. Pero “si es para que la Secretaría de Gobernación vuelva a controlar las elecciones, no vale la pena, o si es para excluir y volver el sistema hermético y no incluyente, si es para romper las condiciones de equidad o para concentrar el poder, no vale la pena”, indicó.
La tercera condicionante que debería tener la eventual reforma es que sea producto de diagnósticos adecuados, determinó.
“Que parta de cifras y no humores. Si la base de la reforma es que me cae gordo el INE y traigo atravesado al INE y al IFE desde hace no sé cuánto, pues entonces va a salir mal. Una reforma tiene que estar sustentada en muchos datos”, especificó.
El consejero participó en la mesa “Agenda Electoral: Revocación de Mandato y ¿posible reforma?”, organizada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), junto con los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés.
Valdés cuestionó que la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador le quita permanencia y renueva la autoridad electoral cada gobierno.
Y si cada administración va a “ tener su Instituto Electoral para organizar la elección que lo va a suceder, eso es volver al control autoritario de la Comisión Federal Electoral”, dijo.