Linda Marín, extrabajadora de la sede de Xaltocan, Tlaxcala, explicó que cuando iniciaron el proceso en febrero de 2019, y se les invitó a ser parte de la Universidades, se les pidió que llevaran sus documentos en el hotel Ritz de la CDMX para su contratación.
Marín señala que tiempo después recibieron una carta de la directora General del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” (OCUBBJG), Raquel Sosa, donde reconocía su esfuerzo y se habla de su contratación; sin embargo, después los despidieron sin aviso.
“Llama la atención que precisamente dos años y tres meses de haber empezado las universidades, nos echen y que se atrevan a enunciar que desde el principio sabíamos que no había contratos, es una falsedad y es necesario que quede claro”, enfatizó.
Los extrabajadores explicaron que actualmente existen cuatro procesos de demanda grupal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México que en su conjunto agrupan a 40 trabajadoras y trabajadores de las universidades y que el proceso del primer grupo ha procedido de manera lenta, debido a que Raquel Sosa, no fue debidamente notificada por la Junta, por el que el 27 de octubre no se presentó.
El personal denunció que con su despido, se ha menoscabado la calidad educativa de al menos 50 sedes en perjuicio de más de 1,000 estudiantes, en tanto que prevalece la precariedad laboral de las y los docentes que aún se encuentran en activo, “a quienes se les obliga a asumir una mayor carga laboral y a firmar convenios de colaboración que los deja en condición de beneficiarios sociales”.
“Con nuestros despidos se quedaron sin docentes en muchas escuelas, lo que es una afectación a la base estudiantil, escuelas están sufriendo este tipo de golpes bajo de su propia administración”, aseguró Flor Angélica Enríquez García, de Ixtepec, Oaxaca.
El apoderado legal Juan de Dios Hernández Monge señaló que están demandado la reinstalación de los trabajadores, pero también el reconocimiento de los contratos, los cuales desde las autoridades les han dicho que son “convenios” y se rigen por el Código Civil Federal para dejar a los trabajadores “en total indefensión”.