Un plantel en huelga exhibe la incertidumbre en las Universidades del Bienestar

Por ello, y luego de una visita de la coordinadora de estas universidades Raquel Sosa, los estudiantes decidieron irse a huelga desde el pasado 17 de febrero para exigir respuestas a sus preocupaciones y certidumbre sobre el funcionamiento de la escuela ubicada en la colonia centro de la Ciudad de México.

Lizbeth Alanís, una de las estudiantes de la Ponciano Arriaga, explica que el plantel operaba bien y ya habían conseguido el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero cuando se les incorporó al programa de Universidades empezaron los problemas.

“Todo se encontraba bien hasta que se hace la invitación a formar parte de las 100 universidades. Ya habíamos conseguido un RVOE para certificar, pero cuando se hace la invitación se pierde este RVOE", dice mientras lamenta su confianza en el proyecto. La SEP tiene vigente todavía el registro de cuando la escuela funcionaba como organización civil.

La falta de reconocimiento de la SEP fue una de las críticas a estos planteles, que las llevó a ser denominadas como 'patito' por parte de las fuerzas políticas opositoras al proyecto.

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La EDPA era una de las 19 universidades creadas por Morena en la Ciudad de México que funcionaba como asociación civil y financiada por legisladores del partido que iniciaron labores en 2016. El proyecto fue promocionado como una alternativa a la exclusión de miles de aspirantes en otras universidades públicas. Uno de las directores del plantel y fundadores fue Netzaí Sandoval Ballesteros, quien actualmente trabaja al interior del Consejo de la Judicatura Federal como titular del Instituto Federal de Defensoría Pública.

La estudiante de Derecho señala que no saben si tras la pérdida del RVOE –que les daba certeza como asociación civil– están registrados, si se les van a reconocer sus estudios, que no conocen los planes ni programas ni tampoco el reglamento de la escuela, y que esta situación se intensificó tras la salida de la primera generación de estudiantes, los cuales no pueden titularse porque no hay un proceso establecido para ello.

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No solo los estudiantes están en incertidumbre. También los docentes piden que se regularice su situación y se les respeten sus derechos laborales.

La profesora Mónica Flores explica que como académicos están apoyando porque hay una serie de irregularidades que les afectan a todos. Asegura que de los 70 docentes que había solo quedan 23 para los cerca de 700 estudiantes activos de la escuela y el despido injustificado del personal administrativo.

“Todas estas cuestiones llevaron a un descontento general. Por toda esta serie de irregularidades es que le habían pedido explicaciones a la doctora Raquel Sosa porque estamos en una situación de vulnerabilidad”, comenta.

Los jóvenes denuncian que Sosa acudió al plantel el lunes pasado para hacer los despidos de personal administrativo.

Sostienen que Sosa les pidió confianza en el proyecto y paciencia porque estaban en periodo de transición. No obstante ante las dudas de los jóvenes, abandonó el plantel junto con la actual coordinadora de la escuela Verónica Castro. Tras ello, estalló el conflicto.

Christian Barrera, otro estudiante, acusó que la coordinadora los llamó “rechazados” y les dijo que si no les parecía la situación, se fueran a otra universidad.

“Nos dolió que nos dijera rechazados”, dice el joven que desde el pasado lunes participó en la toma de las instalaciones y declaró la huelga.

Desde entonces, los jóvenes han realizado asambleas y protestas afuera de la SEP para pedir apoyo y claridad a las autoridades sobre su situación. El viernes pasado presentaron un pliego petitorio ante la Secretaría de Educación –dependencia de la que se desprende el Organismo Coordinador de las Universidades–, y han acudido a Palacio Nacional a pedir apoyo.

Asimismo, anunciaron que el próximo miércoles acudirán a la Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) para poner una queja contra Raquel Sosa.

El programa de las 100 universidades forma parte de los proyectos estrella del presidente, no obstante a más de un año de que los planteles empezaron a operar, existe opacidad en su operación. En la página oficial solo están disponibles los municipios y alcaldías en las que se encuentran, pero no su dirección exacta. Tampoco hay claridad en el uso de los recursos, hasta noviembre pasado solo se habían el 5% de los 1,000 millones de pesos que se les destinaron para todo 2019.

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Al principio las universidades estuvieron bajo la administración del CREFAL –un organismo internacional ubicado en Pátzcuaro, Michoacán–, y a partir de julio pasado, que se creó el Organismo Coordinador de las Universidades todo fue operado por éste, pero sin claridad en el funcionamiento de los planteles.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicó hace unas semanas el i nforme “Universidades en el limbo” , en el que detalla algunas de las irregularidades de este programa, mismas que coinciden con el reclamo de la Ponciano Arriaga, cómo son las dudas el su registro y la validez de los estudios.