El drama de la pandemia COVID-19, la población privada de la libertad lo ha enfrentado con un alto índice de contagio, falta de los insumos médicos requeridos y la negación a solicitudes de preliberación.
Hace unos meses, el gobierno federal informó que de abril de 2020 a enero de 2021, se otorgó la liberación anticipada a 3,322 personas que se encontraban en 273 centros penitenciarios del país.
Sin embargo, la organización civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD) encontró inconsistencias en las cifras presentadas por los gobiernos estatales, lo que dejó en evidencia que no solo se dieron menos beneficios de preliberación, como recomendaron organismos internacionales, sino que aumentó la población privada de la libertad.
De acuerdo con el informe Libertad ante la pandemia , presentado este miércoles por MUCD, en 2020, el año de la emergencia sanitaria en México, solo 13 entidades afirmaron haber aplicado medidas de preliberación con motivo de COVID-19. Se trata de:
El resto de los estados negó el beneficio de preliberación por motivo de la contingencia sanitaria. Es decir, que solo 656 personas fueron liberadas por esta razón, lo que contrasta con las cifras presentadas por el gobierno.
"En abril, mayo y junio de 2020 otorgaron muchos más beneficios de preliberación, pero después bajó drásticamente. Las cifras muestran que no solo no se cumplió la recomendación de organismos internacionales de implementar medidas de despresurización de las prisiones en el marco de la pandemia, sino todo lo contrario: se dieron menos beneficios y aumentó la población penitenciaria", dijo en la presentación del informe, María Sirvent, de la organización Documenta.
La activista indicó que, en contraste, en enero de este año no se otorgó ninguna preliberación, en febrero se dieron 16 y en marzo solo cinco, que son los meses notificados por el gobierno. "Y aun así son menos que los que se otorgaron en el mismo periodo de 2020", agregó.
Según la Información Estadística Penitenciaria Nacional —de la Secretaría de Gobernación (Segob)— solo de enero a marzo de este año la población privada de la libertad en el fuero federal aumentó a 28,200 personas, lo que representa 0.40% más con respecto al cierre de 2020.
Estas personas incrementaron la población en cárceles a 217,094 a nivel nacional, la cifra más alta de la que se tiene registro. Además, se tiene que 130 centros penitenciarios están con sobrepoblación.
La otra forma de preliberación es en apego al artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Federal , en la que se establece que el beneficio se otorga bajo estos supuestos:
Pero solo los estados de Coahuila (282 preliberaciones), Veracruz (23),Hidalgo (1), Morelos (1), Oaxaca (2) y Ciudad de Mexico (2) otorgaron en 2020 el beneficio en apego a esta legislación.
En el caso de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas afirmaron que no otorgaron el beneficio de preliberación porque "no recibieron solicitudes".
Mientras que Baja California, Estado de México, Nayarit, y Nuevo León no dieron respuesta a los datos solicitados sobre preliberaciones, pues las autoridades señalaron que no se contaba con información "tan específica". Querétaro y Michoacán de plano se declararon incompetentes para responder.
En este sentido, MUCD también destaca que los datos oficiales del gobierno federal de preliberación no están desagregados por tipo de beneficio (ya sea por motivo de pandemia o en apego al artículo 146 bajo los distintas supuestos).
"La mayoría de las entidades no cuentan con registro específico de las preliberaciones y hay un desconocimiento general de en términos del artículo 146 de la LNEP. Las fiscalías estatales se declararon incompetentes en todos los casos, y todas las entidades, menos la Ciudad de México, generalizaron las razones por las que negaron el beneficio", resumió Frida Ibarra, de MUCD.
Además, señaló que otra de las observaciones es que las respuestas de los órganos jurisdiccionales no coinciden con las respuestas de las autoridades estatales, lo que deja una cifra negra de las personas que permanecen en prisión.
Si bien los centros penitenciarios del país han aplicado una serie de medidas contra el COVID-19, estas se limitan, en su mayoría, al uso del gel antibacterial, uso de cubrebocas, sanitizante en diferentes áreas e información a las personas privadas de libertad. Y en otras prisiones se implementaron restricciones o suspensiones en las visitas.
"Pero todas estas medidas resultan insuficientes si existe sobrepoblación en los centros penitenciarios", señaló MUCD.
Esta situación dio como resultado que, en 2020, los centros penitenciarios de 25 estados reportaran contagios entre la población interna y de seguridad, mientras que en cárceles de 18 entidades hubo muertes por COVID-19.
En el informe de MUCD se detalla que los estados cuyas prisiones reportaron más contagios y decesos por esta enfermedad son:
La organización puntualiza que, desde antes de la llegada de la COVID-19 a México, ya existía información sobre las malas condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios por el hacinamiento y la falta de higiene, entre otros.
"Por ello, urge que las autoridades implementen políticas públicas que vean por la población privada de la libertad y reduzcan los riesgos a los que se enfrentan las personas recluidas", enfatiza en el informe.
