De un día a otro José “N” presentó tos y poco después problemas para respirar. El hombre de 50 años, preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, desde hace más de 10 años, casi no recibía visitas, pero al parecer contrajo el COVID-19 en alguno de los días en que vendía artesanías en el patio del centro de reclusión.
En cuestión de días, José, que estaba a punto de tramitar un beneficio legal para dejar la prisión, perdió la batalla contra el COVID-19.
Él es uno de los 352 internos que han perdido la vida a poco más de un año de iniciada la pandemia de coronavirus, de acuerdo con el Mapa penitenciario COVID-19 de la organización Asilegal.
Hasta ahora, en cárceles de país se han reportado 4,388 contagios de COVID-19: 3,874 de reclusos y 514 de custodios.
#COMUNICADO⚠️Durante la pandemia en México la población penitenciaria llegó a 217 mil personas, todas ellas en riesgo de enfermar de gravedad hasta que no se garantice la vacuna: https://t.co/APy0rKu0ra
— ASILEGAL (@AsilegalMx) April 7, 2021
☝️Van 1,214 vacunas aplicadas. #DíaMundialDeLaSalud https://t.co/teVIixDdoh pic.twitter.com/Prn5RmJ1tx
Para la directora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera, son dos factores los que han contribuido a los contagios y las muertes por COVID-19 en las cárceles: falta de interés de las autoridades y el autogobierno que prevalece en prisión.
“El sistema penitenciario fue consecuente de la ingobernabilidad que hay en los penales, pero también es evidente la falta de interés de las autoridades de tener cárceles que funcionan para que en caso de una emergencia como esta puedan actuar adecuadamente”, afirma en entrevista con Expansión Política.
Con el inicio de la pandemia, llegó también la incertidumbre y la alerta de organizaciones porque en las prisiones hay sobrepoblación y falta de accesos a insumos de limpieza.
Se estima que en México hay 202,337 personas en los reclusorios y el 37% de las prisiones presentan sobrepoblación, por lo que la sana distancia no existe. Si un interno se contrae el COVID-19, es muy probable que también contagie a sus compañeros de dormitorio.
La Organización Panamericana de la Salud emitió un documento con lineamientos para prevenir el COVID-19 en cárceles denominado “Preparación, prevención y control de COVID-19 en prisiones y otros lugares de detención”, en el que advierte que las personas privadas de la libertad sonmás vulnerable al brote del coronavirus que la población general debido a las condiciones de confinamiento en las que viven juntos, por periodos prolongados de tiempo.
En el documento se recomienda el frecuente lavado de manos, distanciamiento físico, uso de cubrebocas, colocar dispensadores de jabón líquido, limpieza y desinfección de espacios, reducir el número de visitantes, entre otras; en resumen un documento con medidas que es eso: un documento.
En los primeros meses de la pandemia, en México, se tomaron medidas dentro de algunos reclusorios de país, como visitas escalonadas, uso de cubrebocas, instalación de filtros con sanitizantes y permitir el ingreso de gel, pero en algunos como en el Oriente de la Ciudad de México se prohibió éste último. De acuerdo con internos de ese centro, las autoridades lo prohibieron luego de que un interno lo ingeriera y presuntamente le causara la muerte.
“El gobierno federal llegó tarde. Entregó a los estados a finales de abril de 2020 el manual de cómo atender el COVID en las cárceles, cuando ya llevábamos más de un mes con el “quédate en casa”, explica Saskia Niño de Rivera.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que en 2020, durante la pandemia recibió 1,038 quejas relacionadas de personas privadas de la libertad, de las que el 51% estuvieron relacionadas con el derecho a la salud. Esta cifra es superior en 717% respecto a las recibidas en 127 recibidas en 2019.
La CNDH solicitó a las autoridades federales penitenciarias y de salud garantizar que las personas mayores de 60 años puedan ser vacunadas.
De acuerdo con la CNDH, en las prisiones mexicanas hay 3,478 hombres y mujeres de la tercera edad y hasta ahora han sido vacunadas el 33%.
La #CNDH solicitó al Consejo @DeSalubridad y a la @SSalud_mx del @GobiernoMX, garantizar la vacunación contra la #COVID19 en los centros penitenciarios federales, estatales y militares del país.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/UXvzI8zp1s
— CNDH en México (@CNDH) April 29, 2021
“Son muy pocos estados, me parece que solo Quintana Roo y Coahuila, que ya vacunaron a su guardia y custodia y personas privadas de la libertad mayores de 60 años, los demás estados llevan meses que metieron solicitudes a los gobierno y no se ha respondido”, comenta Saskia Niño de Rivera.
