Entre ellas se encontraban Laboratorios Solfrán y Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), dos empresas de productos médicos que, según reveló en su momento Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se encontraban en un predio propiedad de Lomelí y que desde el principio de esta administración recibió contratos públicos.
Sandoval, con voz firme y sin hacer pausas en su discurso, dijo que refrendaba su compromiso con llevar las siete investigaciones hasta las últimas consecuencias. Continuó y aseguró que, desde el principio de la administración, se advirtió que no se tolerarían conflictos de intereses, y quien los tuviera no debería ni podría trabajar en el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’. Ese día anunció la renuncia de Lomelí Bolaños a su cargo en el gobierno federal.
Para septiembre de ese año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó de la inhabilitación de Laboratorios Solfrán y, en julio de 2020, la de Abisalud. A pesar de las sonadas sanciones, esta última empresa continuó recibiendo contratos, según se advierte en Compranet, la página de compras del gobierno de México.
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De acuerdo con una base de datos elaborada por Expansión Política (*) a partir del directorio de la propia SFP, las empresas que siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones vía un tribunal son: Transportes y Enlaces Especializados; BBC Transportes, Almacenajes y Logísticas; Laboratorios Solfrán; Urbanizaciones y Mantenimientos Viales JC; Valuación Operativa y Referencias de Mercado, y Servoil.
Mientras que las que lograron evadir las multas gracias al fallo de un tribunal fueron Carimed Equipos; Centro para el Desarrollo Integral y la Competitividad del Turismo en Áreas; Construcción Integral y Estructuras Metálicas, así como Grupo Fármacos Especializados y Laboratorios Solfrán.
Igual que Abisalud, al menos 12 empresas sancionadas por la misma dependencia siguieron obteniendo beneficios por parte del gobierno federal y se mantienen en el padrón de proveedores, a pesar de que la propia SFP las acusó de falsear información durante los procesos de contratación. La razón: han ganado en tribunales amparos para poder seguir en la cancha gubernamental.
Son compañías de distintos ramos que, según el propio portal, falsificaron información y recibieron multas que iban de 100,000 a 1 millón de pesos.