Tras su salida, en el archivo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia de la que estuvo a cargo desde el 6 de diciembre de 2018 hasta este lunes 21 de junio, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros deja su rastro a través de cuatro declaraciones patrimoniales.
En ellas, se alcanza a ver el reflejo propio de la funcionaria que estuvo en el epicentro del combate a la corrupción, oferta política principal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ese historial, revisado por Expansión Política, arroja que Sandoval Ballesteros, quien hasta hoy tuvo a cargo una nueva política de ética pública, cuenta con una casa, cuyo valor no reporta de manera pública. Se observa que todo su dinero, en pesos mexicanos, dólares americanos y euros, está invertido en cuentas mancomunadas o a nombre de dependientes económicos, lo que le sirvió como argumento para no publicar montos.
Además, queda registrado que adueña un reloj y otras joyas como aretes, un brazalete y collares adquiridos en 2014 por 66,800 pesos, y electrodomésticos que en 2013, le costaron 45,000 pesos. Detrás de sí, Irma Eréndira Sandoval deja el dato de que hasta 2019, tuvo un automóvil, pero lo vendió.
Esa es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros a través de las declaraciones patrimoniales -el documento que ella misma vigiló en los otros integrantes de la burocracia- suscritas para la posteridad en la dependencia que hoy deja.
Avalado su nombramiento por el Senado de la República, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros asumió el 6 de diciembre de 2018, como secretaria de la Función Pública. Después de 30 meses de gestión, fue removida por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Según Nómina Transparente –un portal de datos abiertos que se construyó justo por iniciativa- percibió en salario bruto 4 millones 786,080 pesos (se consideró el mes en curso, el de su salida).
Fundada en 1983 como Contraloría y Desarrollo Administrativo, modificada en 2003 como Función Pública, la cartera que Sandoval Ballesteros le entregó a Roberto Salcedo Aquino, ha sido la cara que México le ha puesto a la corrupción, un cáncer que ha dejado pérdidas nacionales al año de hasta 10% del Producto Interno Bruto, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
Bajo la gestión de la Función Pública, en el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la anarquía sobre la claridad de la presentación de los bienes y posibles conflictos de interés en la declaración patrimonial marcó un afluente de escándalos.
En 2014, una investigación periodística de Aristegui Noticias descubrió una propiedad en la colonia Lomas de Chapultepec no declarada por Peña Nieto y un año después, The Wall Street Journal reveló otra en Malinalco, Estado de México, a nombre de Luis Videgaray Caso, quien fungió como secretario de Hacienda y luego, como canciller.
Las dos propiedades les fueron otorgadas por un contratista del gobierno, Juan Armando Hinojosa Cantú, lo cual no quedó claro –hasta ahora no lo es– en la declaración de esos funcionarios.
Al iniciarse el gobierno de López Obrador, el primero emanado de una fuerza política de izquierda, fue Irma Eréndira Sandoval Ballesteros (una académica con investigación sobre opacidad) la encargada de llamar a los funcionarios públicos del nuevo gobierno a presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial de la manera más pública posible, aun cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas permite mantener determinados datos en privado.
Fue su voz la que conminó a la transparencia después de que en enero de 2019, el presidente López Obrador puso un ultimátum para que los integrantes de la burocracia publicaran por completo la información de sus bienes y posibles conflictos de interés. De lo contrario –según sus palabras– no podrían trabajar en su gabinete.
Hasta el año pasado, la funcionaria tenía una casa en un terreno de 254 metros cuadrados y 300 de construcción, adquirido en 2007. Es el único bien inmueble que reconoce como propio en sus declaraciones, pero el valor de la propiedad no aparece reportado. En el espacio correspondiente a esa cifra, quedó el valor de la escrituración, pero no el de la operación de compra-venta.
Otros montos no declarados de manera pública son los de sus cuentas bancarias. Sandoval Ballesteros dejó de dar a conocer los montos en inversiones a partir de 2019. Para ello se atuvo al principio del formato de la declaración patrimonial, determinado por la misma SFP, de que las inversiones, cuentas bancarias y tipo de valores a nombre de la pareja, dependientes económicos o en copropiedad, no serán públicos.
De acuerdo con ello, la exsecretaria tenía hasta el año pasado solo cuentas en copropiedad o a nombre de dependientes económicos. Dos estaban en México en BBVA-Bancomer, una más en Estados Unidos en la institución Fidelity y otra en Francia, en Binparibas.
En 2018, al ingresar al gobierno federal, fue más explícita respecto a su dinero. Expuso que tenía cinco cuentas bancarias, dos en pesos mexicanos, otras dos en dólares americanos y una más en euros. Convertidas las cantidades reportadas en moneda extranjera a pesos mexicanos, se obtiene que en ese momento, cuando se iniciaba la llamada cuarta transformación, en las cuentas de Sandoval Ballesteros había 1 millón 978 mil 636 pesos.
También, en esa primera declaración, asentó que tenía en copropiedad con su cónyuge (el académico John Ackerman, cuyo nombre no menciona) tres departamentos y dos casas. Los valores de estas propiedades, sin incluir la única que declara a su nombre, a valor actual suman 15 millones 642,756 pesos, de acuerdo con la revisión de Expansión Política.
En cuanto a vehículos, en 2019 vendió el único que reportó en sus tres años de gestión. Obtuvo por ello, 124,000 pesos. Ese año, Sandoval Ballesteros reportó recibir un aguinaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México de 47,335 pesos y un pago de 124,000 pesos por servicios profesionales.
A partir de hoy, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros tiene 60 días para presentar la declaración final, la que arrojará la foto de cómo se fue de la SFP, la cartera de la Administración Pública Federal desde la cual, se ha intentado aminorar la corrupción de los servidores públicos durante casi cuarenta años.
