Más de 1,500 candidatos no reportaron datos al sistema de fiscalización del INE

Rendición de cuentas

El Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del INE reporta, al corte del 15 de junio, un registro de 2,237 candidaturas fiscalizables a nivel federal, con un total de gastos reportados por 1,171,066,833.67 pesos.

Del total, 34 candidaturas no presentaron ningún registro de operaciones, de las cuales 17 son de Morena, 12 de Movimiento Ciudadano (MC), 3 de Fuerza por México y una de Redes Sociales Progresisas (RSP) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente.

Mientras que en el ámbito local, se tiene un registro de 27,375 candidaturas fiscalizables, con un monto de gastos reportados por 3,921,127,879.54 pesos.

En 1,510 candidaturas no se tiene registro de operaciones, de las cuales 242 corresponde al Partido Podemos, 208 al PRD, 124 a Visión y Valores en Acción, 114 al Partido Socialista, 108 al PRI, 102 a Impacto Social Sí, 99 al Partido Popular Chiapaneco, 75 a RSP, 51 al PT, 51 al FxM y 336, a otros.

Importancia de la Fiscalización

De acuerdo al INE, la fiscalización permite asegurar que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano.

Es así que bajo ninguna circunstancia, los candidatos, pueden recibir aportaciones o donativos de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles ni mercantiles.

Tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas.

Por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización se recibe y revisa los informes que presenten los actores políticos respecto al origen, monto, destino y aplicación que reciban por cualquier tipo de financiamiento.

Además, se investigan las quejas en materia de rendición de cuentas de estas figuras.

La importancia de la fiscalización también consiste en velar porque se respete el principio de equidad de la contienda, puntualizó en entrevista la consejera Adriana Favela Herrera.

"No solamente nos quedamos con lo que los partidos políticos y candidatos nos hayan reportado en sus informes, sino que también hacemos todo un cruce de información”, expuso.

Para ello, el Instituto cuenta con un sistema de monitoreo de espectaculares, de pinta de bardas, monitoreo de redes sociales, propaganda utilitaria, propaganda en diarios ,revistas y otros medios impresos, financieros, diferencia por prorrateo y propaganda exhibida en salas de cine.

“También revisamos si pudo haber un rebase de topes de campaña y si se detecta (…) se puede hacer valer ante el Tribunal correspondiente para que se pueda decretar la nulidad de la elección”, añadió la también presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE.

Si la candidatura ganadora llega a rebasar el tope de gastos de campaña en un 5%, y además la diferencia entre el primer lugar de votación y el segundo es menor al 5%, entonces, eso podría traer como consecuencia la nulidad de la elección, que en su caso a decretaría el Tribunal Electoral.

Desde 2007, la Constitución permite al INE trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Avalancha de informes

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE inició lo que se conoce como auditoría forense para revisar que lo reportado en los informes de gastos de campañas concuerde con la revisión contable y el trabajo de campo, tarea que deberá realizar en tan solo… ¡46 días! Y para la que ya sólo le queda justo un mes.

Y es que la Comisión de Fiscalización tiene hasta el 22 de julio para presentar un dictamen final al Consejo General, ya que por ley partidos y candidatos tienen que reportar de dónde y de quién recibieron cada centavo que utilizaron para sus actividades políticas.

De lo contrario, podrían hacerse acreedores a una amonestación pública, una sanción económica o bien, de comprobarse que rebasaron el tope de gastos de campaña por encima de un 5%, anular su candidatura.

La fecha para entregar al árbitro de la contienda sus informes de gastos e ingresos concluyó el 5 de junio.

“Nosotros tenemos ya un total de 28,661 informes que nos presentaron (partidos y candidatos) y que, obviamente, los tenemos que revisar. Todo debe estar totalmente revisado de aquí al 22 de julio”, explicó la consejera Favela.

Cruces de información

Además de la información que se reporta en el SIF, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicita diversos requerimientos a distintas dependencias para realizar la correcta revisión del origen y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y los candidatos.

Favela precisó que si los partidos no presentaron el informe respectivo, si omitieron gastos por reportar o alguna otra circunstancia, “se impondrán sanciones de tipo económico y, obviamente, los deberán pagar con su financiamiento público, mismo que el INE les irá descontando”.

Así, en el reciente proceso electoral participaron 2,237 candidaturas federales y 27,345 candidaturas locales, lo que significa un trabajo de fiscalización ocho veces mayor al que se realizó en las elecciones de 2012.

Para poder fiscalizar los recursos de la manera más ágil, el Instituto ha realizado, al corte del 11 de junio, 1,487 solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBYV).

De ese total, aún están pendientes 1,036 casos, 70%, mientras que 451, el 30%, ya fueron atendidas.

El total de requerimientos pendientes de respuesta por las entidades financieras es de 914 oficios que contienen un total de 3,691 cuentas bancarias que no han sido proporcionadas por 18 instituciones financieras.

Mientras que al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las 181 solicitudes de información hechas por la autoridad electoral, al corte de referencia, estaban pendientes 29 requerimientos, lo cual representaba un 26% de rezago.

En el caso de la Cámara de Diputados, no se había proporcinado aún información de las cuentas bancarias de los legisladores que buscaron la reelección, dado que les fueron depositados a estas los recursos por concepto de dietas, asistencia legislativa, atención ciudadana y hospedaje.

Además, la Cámara Baja deberá dar a conocer los datos para localizar sus casas de gestión y los vehículos oficiales con que cuenta cada legislador.

Durante la sesión del Consejo General del 13 de junio, la consejera Adriana Favela, en su calidad de presidenta de la Comisión de Fiscalización, llamó a las instituciones bancarias para que hagan entrega de la información que les ha solicitado la CNByV.

Ello, dijo, para que ésta a su vez pueda proporcionar la información que solicitó la Unidad Técnica de Fiscalización ya que es imprescindible contar con todos los datos para corroborar las operaciones que reportan los sujetos obligados en sus informes.

Favela destacó que tras ese exhorto, ha habido una respuesta favorable de las instituciones bancarias.

“La CNByV me informó que el llamado que hicimos el domingo (13 de junio) sí funcionó porque los bancos empezaron a mandarle información. Santander era de los bancos más requeridos… Son ellos (las instituciones bancarias) las que luego no le dan la información a la CNByV”, expresó.

Amonestación pública, sanción o pérdida de registro

“Y ¿por qué son importantes los cruces de información? Porque luego hemos detectado que los partidos y candidaturas no reportan todo lo que realmente gastaron en una campaña electoral, por eso es importante un cruce de información”, cuestiona y enfatiza la consejera.

Una vez que el INE coteja toda la información proporcionada por los partidos y candidatos, así como por la CNByV, el SAT o la Cámara de Diputados –en el caso de los legisladores que buscaron su reelección–, el Instituto podrá determinar si hay o no inconsistencias en estos.

De encontrar alguna observación, se notificará a los interesados a través del denominado oficio de errores y omisiones, quienes tendrán cinco días para responder lo que ha su derecho convenga.

“Si no se subsana el error, entonces se realiza una observación que después dará pie al INE para considerarla como una irregularidad y que se imponga una sanción”.

Adriana Favela adelantó que cada sesión del Consejo General del INE se tiene previsto rendir un informe actualizado para conocer “cómo vamos con las autoridades o las entidades a las que les estamos requiriendo la información” para poder concluir la fiscalización de las campañas.

“Al final nosotros vemos cuántos requerimientos de información se mandaron, quiénes cumplieron, quiénes no y aquellos que no cumplieron se harán acrededores desde una sanción que va desde una amonestación pública hasta una sanción económica”.

Y, en el caso de la Cámara de Diputados, se dará vista a la Mesa Directiva para que, en su caso, imponga la sanción correspondiente a aquellos funcionarios que no reportaron toda la información que les fue requerida.