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La Guardia Nacional de AMLO: de cuerpo civil a formar parte de la Sedena

El presidente adelantó que en 2023 presentará una reforma para que ese cuerpo de seguridad forme parte de la dependencia, lo que para especialistas significa formalizar la militarización del país.
mié 16 junio 2021 06:59 AM
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El Ejecutivo federal busca eliminar el mando civil de la Guardia Nacional con una iniciativa de reforma que enviará en 2023 al Congreso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene más planes para la Guardia Nacional. Enviará una nueva reforma constitucional para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para legitimar las tareas de esta corporación en la seguridad pública.

De esta manera, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que permitiría mantener a las fuerzas armadas en las calles y perpetuar lo que organizaciones civiles y especialistas llaman "la militarización de la seguridad pública".

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En la conferencia matutina de este 15 de junio, el presidente López Obrador anunció que impulsará una reforma constitucional relacionada con la Guardia Nacional, la cual será presentada ante la Cámara de Diputados en 2023, es decir, un año antes de concluir su mandato.

"(Con la Guardia Nacional) no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder. Bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (Genaro García Luna)", argumentó.

El mandatario federal defendió que buscará que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no en manos de otras instituciones y en seis años "esté echada a perder".

"Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como existe la Fuerza Aérea, (como) una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país", expresó.

El actual gobierno mexicano apostó por la creación de la Guardia Nacional y el uso de las Fuerzas Armadas para atender el problema de violencia e inseguridad en el país. Pero esta medida, según la promesa del mandatario, solo sería temporal.

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En la reforma constitucional de 2019 que dio paso a la creación de la Guardia, se establece que el 26 de marzo de 2024 las fuerzas armadas se retirarían de las tareas de seguridad pública.

Pero ahora, el presidente López Obrador buscará que tras su mandato, la Guardia Nacional, que actualmente está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), forme parte de la Sedena.

La noche de ayer, después de una reunión en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora y exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana apoyó la propuesta.

En entrevista con reporteros que lo abordaron al salir del recinto, el hombre que tuvo a cargo la cartera de la seguridad nacional y pública, expresó que la Guardia Nacional debe formar sus propios cuadros, pero ello puede tomar mucho tiempo.

Exclamó: "Tenemos que ser prácticos, y la única opción de coordinación de una instancia como la Guardia Nacional, formada con una base de exmilitares y marinos, es que tenga una adscripción a esa dependencia (Sedena)"

Hope: "La GN es una simulación"

"El concepto de militarización es ir trasladando las funciones civiles al ámbito militar. Es un proceso que se alimenta a sí mismo. En la Constitución se establece que las fuerzas armadas no tendrán mas funciones que las que sean de la disciplina militar en tiempos de paz, pero en México hemos venido usando a las fuerzas armadas para la seguridad pública", expuso ayer martes Alejandro Hope, especialista en Seguridad, en un foro de la Fundación Federalismo y Libertad.

En su intervención, María Elena Morena, presidenta de la organización Causa en Común, advirtió que de mantenerse esta situación, el país enfrentará una grave crisis de seguridad en la que los militares seguirán ganando terreno y los gobiernos serán incapaces de construir mejores policías.

"Esta propuesta habla de la fragilidad del acuerdo construido en 2019. Saben que la GN es una simulación, un fraude a la ley, y lo quieren corregir, porque cuando cambien las circunstancias políticas puede desaparecer", consideró Hope.

Hope y Morera coincidieron en que es probable que el presidente esté consciente de que esa nueva reforma sea aprobada por el Congreso de la Unión.

"¿(Con esta reforma) qué va a pasar con los civiles que se incorporaron a la GN y con sus mandos, que son agentes en retiro? El presidente quiere ganar tiempo y decir que en lugar de 2024 sea 2028 (el plazo para el retiro de las Fuerzas Armadas)", expuso María Elena Morera.

El control operativo de la Guardia

La Guardia Nacional se creó en 2019 como un órgano civil adscrito a la Secretaría de Seguridad, pero desde el primer momento recibió fuertes críticas porque la mayoría de sus efectivos proviene del Ejército y su titular es un militar en retiro: Luis Rodríguez Bucio.

Además, desde octubre de 2020, la Sedena asumió el control operativo de la Guardia Nacional, según consta en un documento firmado por Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena.

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En la notificación se detalla que, al asumir el control operativo, la Sedena se encarga del reclutamiento y entrenamiento de los elementos de la Guardia Nacional, que en su mayoría son elementos del Ejército (más de 35,000).

Además, se incluyen las directrices para coordinar y optimizar las capacidades de la Guardia Nacional y las inconsistencias que se han detectado desde su puesta en marcha.

Desde ese momento, se acordó que el adiestramiento básico y especializado del personal reclutado por Sedena y Semar es homologado e impartido en los centros de la Guardia Nacional, de acuerdo con el documento difundido por el especialista Alejandro Hope.

También en octubre de 2020, un juez de distrito consideró que el acuerdo gubernamental por el que se faculta más a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad pública es inconstitucional.

En dicho acuerdo se establece que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública será por un periodo de cinco años y de manera "extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria".

Pero en su resolución, el juez consideró que el Ejecutivo federal no justificó adecuadamente el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía.

Además, expuso que argumentar que la Guardia Nacional "se encuentra en construcción" no es una justificación suficiente para usar a militares y marinos en seguridad pública, ni constituye una situación extraordinaria que permita concluir que su participación tendrá objetivos claros, tiempos determinados y lugares de acción específicos.

"(Es una) determinación claramente injustificada y desproporcional, si se toma en consideración que no todas las entidades federativas se encuentran en la misma situación de seguridad o inseguridad", agregó en su fallo.

Hasta la fecha, este acuerdo que extiende las facultades de las fuerzas armadas sigue vigente.

El rechazo a la Guardia Nacional

Como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió que, en caso de ganar, regresaría al Ejército a los cuarteles. Esto debido a las consecuencias que trajo la llamada "guerra en contra del crimen organizado", emprendida en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y ratificada en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Pero al llegar al poder, López Obrador ordenó la extinción de la Policía Federal para que sus funciones fueran asumidas por una nueva corporación: la Guardia Nacional como parte de su Plan Nacional de Paz y Seguridad.

Desde el primer momento, su propuesta fue rechazada por organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, académicos, especialistas y políticos al considerar que daría continuidad en una estrategia de militarización que no había dado buenos resultados en dos sexenios.

El colectivo Seguridad sin Guerra ha solicitado, desde el gobierno de Peña Nieto, que los militares regresen a sus cuarteles debido a la estrategia fallida que derivó en una crisis de violaciones de derechos humanos. En la actualidad, pide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie ante la "creciente militarización".

María Elena Morera destacó este martes que el discurso del presidente López Obrador ha abonado a la idea de que las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas ya no existe, cuando no es así.

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