Las fuerzas armadas en México tienen tanto peso en los ámbitos de seguridad y administrativo que no hace falta un golpe de Estado, como ha ocurrido en otros países de América Latina, para ejercer niveles de poder.
Así lo advierte la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en su análisis 'México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega' , publicado este miércoles.
El análisis, escrito por Stephanie Brewer, señala que en cualquier país de América Latina, región marcada por golpes de Estado y dictaduras militares, las funciones civiles asumidas por las fuerzas armadas encienden las alertas. Pero este no es el caso de México.
WOLA considera que esta "despreocupación" en México puede deberse a que su experiencia no es la misma que la de otros países latinoamericanos, pues no ha sufrido ningún golpe militar. Sin embargo, refiere, no es necesario.
"El peso de las Fuerzas Armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de Estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder", alerta el escrito.
En este sentido, explica que con la seguridad pública en manos de militares, y con las fuerzas armadas como administradoras de componentes importantes de proyectos del gobierno, es posible cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estrato militar.
El análisis de WOLA pone como ejemplo de este poder concentrado en las Fuerzas Armadas el caso del extitular de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos bajo acusaciones de colusión con el crimen organizado.
"(El presidente Andrés Manuel) López Obrador desplegó esfuerzos inéditos para trasladar a Cienfuegos a México. Logrado su regreso, la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la indagatoria en su contra sin haber esclarecido una serie de hechos (...) que formaban la base de las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense", menciona.
WOLA enfatiza que la desmilitarización prometida por el presidente López Obrador desde su campaña en 2012 no solo no ha llegado, sino que el actual gobierno ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado.
La guerra contra la delincuencia organizada en México, para la cual se inició el despliegue militar en todo el territorio, lleva 15 años, en los cuales, tres gobiernos no han logrado instaurar estrategias eficaces para frenar la ola de violencia.
No solo no se avanzaron soluciones, critica WOLA, sino que la militarización terminó por convertirse en una adicción que posterga indefinidamente esas soluciones estructurales.
"El Estado no ha utilizado los últimos 15 años de militarización para instalar estructuras y prácticas eficaces contra la violencia a nivel nacional (...) Durante tres sexenios, con variaciones, la militarización se ha convertido de supuesta medida transitoria, a estrategia de largo plazo", señala el análisis.
La guerra contra el crimen organizado se lanzó en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) con la promesa de que, a largo plazo, las corporaciones civiles asumieran las tareas de seguridad, lo cual no ocurrió. Después, en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se anunció la conformación de una nueva fuerza federal, la Gendarmería, con la que mantuvo el despliegue militar.
Ya en el gobierno de López Obrador (desde diciembre de 2018), se incumplió la promesa de acuartelar a los militares y se creó la Guardia Nacional con participación directa en las tareas de seguridad pública.
WOLA advierte que incluso si el gobierno de López Obrador cumple su promesa y "retira" a las Fuerzas Armadas de las tareas policiales para 2024, estas tareas quedarían en manos de otra institución militarizada (la Guardia Nacional).
El análisis destaca que todas estas estrategias de seguridad, con algunas variaciones, se mantienen pese a que los resultados del "modelo bélico" han sido catastróficos con récords históricos de homicidios y desapariciones forzadas.
Por ejemplo, señala, en una situación de combate en un país en guerra, es normal que el número de personas muertas sea inferior al número de personas heridas. Pero en el caso de México, el índice de letalidad por el uso de las Fuerzas Armadas dista de estar en este nivel "normal", pues éstas siguen matando a cuatro o cinco civiles por cada persona persona herida, es decir, el índice de letalidad hoy se ubica en más del 400% del nivel esperado.
Este análisis se publica a un año del acuerdo presidencial que dispone la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales hasta 2024, y a dos años la ley por la que se creó la Guardia Nacional.
En este sentido, WOLA concluye: "No parece probable que el militarismo disminuya en un futuro cercano, recordando que el presidente ve en las fuerzas armadas una vía para combatir la corrupción".
