La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó inhabilitar por 10 años a Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La dependencia informó en un comunicado que determinó la sanción “por acreditarse falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público”.
Añadió: “La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”.
En junio de 2019, se inició la investigación patrimonial contra Videgaray, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados, lo que provocó un “millonario daño patrimonial al Estado”, sostuvo la Función Pública.
La dependencia federal detalló que Videgaray Caso fue notificado de esta sanción desde el pasado 11 de mayo, pero "el anuncio se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respecto a acciones de comunicación social de parte de la Administración Pública Federal".
El exsecretario de Hacienda y Crédito Público afirmó que las cuentas bancarias a las que hace mención la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración, y que no hubo intención de ocultar información porque las tarjetas de crédito sí se mencionan en la declaración, en otro apartado.
A través de Twitter el exfuncionario federal informó que impugnará la resolución por la vía institucional, además de que no litigará el asunto en medios de comunicación o redes sociales.
Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG
— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) June 8, 2021
Videgaray Caso es uno de los exfuncionarios que Emlio Lozoya, exdirector de Pemex, involucró en 2020 en la trama de sobornos del caso Odebrecht.
De acuerdo a la denuncia que Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), el exsecretario de Hacienda y Peña Nieto habrían ordenado repartir 100 millones de pesos en sobornos que habían obtenido de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de las elecciones de 2012.
El también excanciller negó en su momento haber participado en estos actos de corrupción.
En mayo de 2019, la SFP también inhabilitó a Lozoya Austin por un periodo de 10 años. De acuerdo con la dependencia, Lozoya Austin, al igual de Videgaray, habrían proporcionado información falsa en su declaración patrimonial, además de que en dos ocasiones más, el exdirector de Pemex omitió una cuenta bancaria “que registraba saldos de cientos de miles de pesos”.
Fundamental en la rendición de cuentas, la declaración patrimonial es un documento que en los momentos críticos puede convertirse en un espejo de los exfuncionarios mexicanos.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ésta se presenta por obligación, pero los bienes declarados y los posibles conflictos de interés pueden ser privados o públicos, según la voluntad del servidor público. Así, queda en el archivo de la dependencia como crónica de lo que le interesa declarar o lo que le interesa ocultar a un funcionario.
Visto a través del cristal de las diez declaraciones patrimoniales que Luis Videgaray Caso dejó en el archivo de la SFP, aparece al principio como un hombre con mucha disposición a la publicidad de sus bienes. Pero conforme avanzaron los años, se le ve proclive al ocultamiento y la oscuridad. Los datos que hizo públicos fueron a cuentagotas, parciales y al final, cerrados.
Y fue justo por la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos -2012 a 2016- que el ex funcionario, pilar del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cancillería, fue inhabilitado por la Función Pública.
De esos años, la declaración patrimonial muestra una actitud de euforia en Videgaray Caso. Se le aprecia como un hombre despreocupado del hecho que su fortuna fuera conocida. Declaró que el 15 de octubre de 2012, compró al contado, una casa de 1,500 metros cuadrados de terreno y 852 metros cuadrados de construcción. Se iniciaba el gobierno peñanietista y él se inauguraba como el súper secretario de Estado. Uno capaz de sacar de su bolsillo lo que fuere para tener una mansión.
Pero fue un momento dorado que después se ensució. Videgaray Caso fue espléndido en mostrar la extensión de su casa en Malinalco, pero no dijo cuánto le costó ni a quién ni cómo le pagó por ella en esa declaración patrimonial inicial. Eso se sabría en los meses posteriores por investigaciones periodísticas.
En diciembre de 2014, el diario The Wall Street Journal publicó que la empresa Grupo Higa que construyó la llamada “casa blanca” de las Lomas, de Angélica Rivera Hurtado (de acuerdo con una investigación periodística de AristeguiNoticias), también había edificado una casa para el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
El diario presentó una consulta en el Registro Público de la Propiedad que arrojó que el ex funcionario compró el inmueble en un complejo en Malinalco, Estado de México, con un crédito otorgado por el grupo que era -es- propiedad de Juan Armando Hinojosa, contratista millonario del gobierno.
Agobiado por los escándalos de conflictos de interés, por la adquisición de mansiones, el Gobierno federal publicó en abril de 2015, un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para modificar el formato de la declaración patrimonial para obligar a los servidores públicos a exponer con precisión el nombre del vendedor o enajenante de sus bienes inmuebles.
Ni el escándalo ni el acuerdo en el DOF fueron suficientes para que Videgaray Caso se cubriera de transparencia. En mayo de 2015, los únicos datos que agregó es que su casa quedó inscrita con la escritura pública 124,696 en el Libro Uno, tomo cincuenta y que valía 7 millones 500,00 pesos. Pero no reveló el nombre del comprador.
En septiembre de 2016, después de reconocer que él había aconsejado recibir a Donald Trump en la entonces residencia oficial de Los Pinos cuando era candidato, presentó su renuncia a la SHyCP. Cuando en mayo de ese año, entregó su declaración final, no incluyó el dato esencial que le hubiera ayudado a dirimir ante los ciudadanos el supuesto conflicto de interés que se le atribuyó: ¿Quién le vendió esa mansión?
Fuera del gobierno estuvo apenas cuatro meses. En enero de 2017, se reintegró como Canciller, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu. En la toma de protesta de su nuevo cargo, lanzó una de las frases con las que se le recuerda: “Vengo a aprender”.
Ante los ciudadanos, el exfuncionario eludió la transparencia sobre su dinero en el banco. De sus ahorros, puede saberse de manera parcial porque los hizo públicos sólo tres veces en las 10 declaraciones patrimoniales que presentó.
Durante el sexenio, tuvo dos cuentas bancarias y “otras inversiones”. Entre 2015 y 2017, la cuenta número uno creció 1.5 veces. La 2, en cambio, se redujo 1.1 veces. Las “otras inversiones” crecieron 1.1 veces. Con todo, Luis Videgaray Caso tenía en sus cuentas bancarias en 2017, seis millones 101 mil 183 pesos.
En 2017, al asumir como Canciller, no aceptó publicar ni los valores de sus bienes ni lo que tenía en el banco. Después, al concluir el gobierno, entregó un documento en el que no autorizó que los mexicanos conocieran con cuánto se iba, ni (dicho por él mismo) a quién le compró la casa de Malinalco. Hoy está inhabilitado porque su declaración no fue verosímil.
