Gobiernos estatales y municipales deben aclarar 51,000 millones del gasto 2024

En todos los casos las dos principales faltas son la ausencia de documentación comprobatoria de las erogaciones, o que estos no reúnen requisitos fiscales; la falta de autorización o justificación de las erogaciones o bien, la falta o inadecuada formalización de contratos o convenios.

La ASF entregó el martes 17 de febrero el último informe de las revisiones a lo ejercido en 2024, lo que incluyó auditorías al gasto federalizado, que son los recursos transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

A ese tipo de gasto se aplicaron 1,846 auditorías y se revisó gasto del gobierno federal, pero también por las 32 entidades, todos los ayuntamientos, más las universidades, congresos estatales y poderes judiciales locales. Entre todos esos entes acumularon un monto por aclarar de 59,363 millones de pesos.

Y los que más incurrieron en posibles irregularidades son los municipios, que concentraron 35,074 millones de pesos que no aclararon es decir no se halló soporte documental sobre su ejercicio o bien no se lograron acreditar las compras o las obras públicas a los que se destinó ese dinero.

Para revisar los recursos federalizados a ese nivel de gobierno se auditaron dos fondos, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FAISMUN) 2024, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y en ambos se hallaron anomalías que aún están en etapa de solventación.

Algunos de los municipios en los que se halló esa irregularidad son los más pobres del país. Se concentraron en el Estado de México, con 7,068 millones de pesos no aclarados e nivel municipal; Chiapas, con observaciones por 2,667 millones de pesos y Veracruz, con 2,523 millones de pesos con dudas sobre su ejercicio.

Ejemplifican la afectación a poblaciones en pobreza Chilón, Chiapas, donde de acuerdo a la ASF “se desconoce el destino del gasto” por el total del monto ejercido en ambos fondos.

“Se determinaron 1,061,678,442.20 pesos pendientes por aclarar”, pues el municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales, ni la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones financiadas con los recursos de ambos fondos.

En Chiapa de Corzo, Chiapas, se hallaron anomalías en contrataciones, la entrega-recepción y obras públicas destinadas a la población en condición de pobreza extrema, lo que sumó un total observado de 28.2 millones de pesos pendientes de aclarar.

En el Estado de México la situación es similar: en el municipio de Almoloya de Alquisiras, se determinaron 117.3 millones de pesos pendientes de aclarar “por no proporcionar los registros contables y presupuestarios ni la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios”, además de lo entregado por concepto de FAISMUN y FORTAMUN.

En Acambay de Ruiz Castañeda, también en el Estado de México se detectó un “probable daño a la Hacienda Pública Federal” por un importe de 2.,4 millones de pesos; en Acolman, 17 millones de pesos en Almoloya de Juárez fue de 65.1 millones de pesos; en Almoloya del Río 81.7 millones de pesos y en Amatepec 143,4 millones de pesos, entre muchos casos más.

Las entidades, bajo sospecha

Después del nivel municipal, son las entidades del país las que acumularon el segundo lugar en observaciones por montos por aclarar: 15,675 millones de pesos.

Fue el Estado de México la entidad con más dudas sobre el ejercicio de sus recursos pues aún están pendientes por aclarar 6,037 millones de pesos.

Le sigue Nuevo León, con 2,204 millones de pesos sin evidencia suficiente de su ejercicio y el estado de Chiapas en tercer sitio, con 1,231 millones de pesos pendientes de aclarar.

De las auditorías practicadas a las entidades federativas, la Auditoría halló que 26 de las 32 registraron observaciones con posible impacto económico.

Y de los 15,675.7 millones de pesos que podrían confirmarse como destino desconocido, la ASF determinó que las entidades no presentaron documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, y en esa condición se contabilizaron 5,168 millones de pesos.

En tanto, sobre 3,084 millones de pesos aún la falta de autorización o justificación de las erogaciones.

En otro monto por 2, 215 millones de pesos se halló la “falta o inadecuada formalización de contratos o convenios”.

En el caso de 1,626.8 millones de pesos se determinaron incumplimientos de la normativa en obra pública y servicios relacionados con la misma.

Los pagos improcedentes o en exceso se determinaron en 1,373.5 millones de pesos y los incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se detectaron en el caso del ejercicio de 794.8 millones de pesos.

Respecto a incumplimientos en el pago de servicios personales sumaron 644.5 millones de pesos y quedaron como “otros conceptos de irregularidad” los que se detectaron al ejercer 767.1 millones de pesos.