Reforma judicial también amplía periodo de consejeros cercanos a AMLO

El jueves pasado, el pleno del Senado aceptó de último momento integrar el artículo décimo tercero transitorio al dictamen para la reforma constitucional al PJF, propuesto por el legislador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México. Así, fue aprobada una nueva normativa que además de ampliar el periodo de Zaldívar, aplazaría los de los integrantes del CJF.

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De acuerdo con la modificación, Bernardo Bátiz Vázquez, quien fue elegido por López Obrador un año después de entrar al poder, y cuya gestión terminaría el 3 de diciembre de 2024, concluiría el 17 de noviembre del 2026.

Bátiz Vázquez militó en el Partido Acción Nacional y en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), antes de convertirse en uno de los hombres cercanos al presidente. Fue procurador de Justicia cuando López Obrador se desempeñó como jefe de Gobierno de la capital del país (2000-2005).

Ha sido diputado federal y miembro de la Asamblea Constituyente que redactó la primera Constitución política para la Ciudad de México. Cuando López Obrador renunció PRD, Bátiz lo siguió y se incorporó al Movimiento de Regeneración Nacional, del que fue secretario de Combate a la Corrupción en el Comité Ejecutivo Nacional.

Con la llegada de López Obrador a la Presidencia, Bátiz fue una de sus propuestas en la terna para la Fiscalía General de la República, cargo al que finalmente llegó Alejandro Gertz Manero. Después, fue designado por él como consejero de la Judicatura.

Los cambios propuestos también alcanzaron a las consejeras designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre , para que concluyan su encargo el 19 de noviembre de 2026. Se trata de Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica de Gyvés Zárate, quienes también gozan de cercanía con el Ejecutivo federal.

Ambas juristas fueron aprobadas como consejeras de la Judicatura Federal por el Senado de la República, pero también habían sido consideradas por López Obrador para ocupar otros cargos.

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Ortiz había sido propuesta por el presidente para un asiento en la SCJN, pero su candidatura fue rechazada por su cercanía con Morena. Ortiz fue diputada federal de 2012 a 2015; en esa Legislatura, una vez que Morena obtuvo el registro, se unió a su bancada.

Por su parte, De Gyves había sido incluida en la lista de aspirantes para dirigir la FGR. Antes, fue agente del Ministerio Público y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con las modificaciones del transitorio, se amplió el periodo para tres consejeros nombrados por el Pleno de la SCJN:

• Jorge Antonio Cruz Ramos, nombrado el 1 diciembre del 2016, concluiría su encargo del 30 de noviembre del 2023.
• Alejandro Sergio González Bernabé, nombrado el 24 de febrero del 2019, terminaría el 23 de febrero del 2026.
• Sergio Javier Molina Martínez, nombrado el 1 de diciembre del 2019, durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026.

El único periodo que no fue modificado es el del consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, nombrado por el pleno de la SCJN el 14 de noviembre de 2016 para ejercer funciones del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2021.

Estos cambios deben ser aprobados por la Cámara de Diputados, pero las ampliaciones ya generaron descontento en los partidos de oposición. Abogados constitucionalistas también consideran que son cambios que contradicen la carta magna, que serán impugnados.

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En cambio, López Obrador está de acuerdo con que se amplíe el mandato de Zaldívar –quien en otras ocasiones ha mostrado concordancia con el mandatario como en el tema de la austeridad– para que encabece la transformación del Poder Judicial e incluso celebró los cambios en el consejo.

“Para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la Corte, en el Consejo de la Judicatura, porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces, de magistrados, de ministros”, afirmó en la conferencia de prensa matutina del pasado viernes.

Por su parte, el CJF emitió un comunicado al respecto en el que sostiene que su “prioridad es la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación”.

El consejo señala en su página que su misión es garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, además de que actúen con autonomía, objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes.

Estos cambios se dan en medio de señalamientos del presidente a la actuación de jueces que han concedido amparos en contra de proyectos que él ha impulsado.

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La Ley de la Industria Eléctrica, cuyo decreto se detuvo por la suspensión otorgada a particulares por dos jueces, generó la reacción del presidente. En su conferencia de Palacio Nacional, expresó varias veces que se trata de jueces nombrados en administraciones anteriores, lo que generó un encono sin precedentes entre el poder Ejecutivo y el Judicial.

“Apenas estamos publicando la reforma y ahí va el primer amparo (…) queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo que el Poder Judicial estuviese al servicio de particulares”, dijo López Obrador el pasado 12 de marzo.