Culpa a Claudio X González y Cossío
En la carta enviada a Zaldívar, el presidente le pidió tomar en cuenta que detrás de los amparos "actúan empresas, organizaciones y personas afines al antiguo régimen que tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado a la hacienda publica y la economía de los mexicanos".
En este sentido, el mandatario federal refirió que en ese modus operandi estuvieron implicados, entre otros actores, empresas internacionales como Iberdrola, que incluyó en su nómina a una antigua secretaria del gobierno federal y al expresidente Felipe Calderón.
Además, López Obrador señaló que la suspensión beneficia a intereses de un "grupo conservador y reaccionario" que ha interpuesto amparos en contra de las obras y políticas del actual gobierno federal.
"En este agrupamiento destaca Claudio X. González, pseudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario, junto con su familia, de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el ministro José Ramón Cossío que cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritario o guardó silencio cómplice de corruptelas", manifestó en la carta.
Al concluir la lectura de la misiva, el presidente señaló que lo relacionado con Claudio X. Gonzáles "ya era sabido", pero no del ministro Cossío y por ello pidió investigar la actuaciones y votaciones del ministro Cossío cuando estuvo en funciones.
"Aprobó resoluciones que considero injustas, y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia", expresó López Obrador.
Pero a pesar de la carta, el presidente se dijo respetuoso de la autonomía de jueces y magistrados del Poder Judicial, así como de la libertad de los ciudadanos, pero enfatizó que ejercerá sus facultades para defender el interés nacional.
El presidente justificó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al señalar que buscan garantizar que no aumente el precio de la energía eléctrica para los consumidores, pues con la legislación anterior pagaban más los ciudadanos que las empresas.