En medio de una política rigurosa de austeridad que ha llevado a desaparecer 10 subsecretarías federales, a no ejercer el 75% del presupuesto programado para 2020 y a bajar salarios de altos funcionarios, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena se perfilan para buscar una reforma a la Constitución y evitar un posible gasto de 8,000 millones de pesos –estimación de lo que costaría realizar la consulta ciudadana para determinar si se investiga y somete a juicio a los últimos cinco expresidentes de México.
Este miércoles, en un videomensaje Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, rechazó que la cifra de 8,000 mdp vaya a ser el costo de la consulta, pues muchos de los materiales que se utilicen para los comicios del 6 de julio se reutilizarán.
"Muchos de los gastos de las actuaciones para que la elección del 6 de junio se lleve a cabo van a servir de asidero para que no tenga que replicarse o duplicarse cuando se haga la consulta popular", detalló.