Pone en riesgo los derechos de las víctimas
El artículo 17 de la Constitución reconoce el derecho de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial en beneficio de todas las personas y la reparación del daño a las víctimas. Sin embargo, al efectuarse la consulta, esta garantía podría estar en riesgo en caso de que, habiendo un delito, éste se quedara sin reparación.
Perseguir un delito, no requiere de consulta
Las autoridades están obligadas a denunciar cualquier delito y realizar las investigaciones para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona -sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona-, por lo que no se requiere de una consulta para que procedan.
“La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen ya elementos para poder proceder contra los expresidentes o al menos para conseguir testimonios de los expresidentes que tuvieron que ver con el desvío de recursos como Pemex, la Estafa Maestra, en obras, entonces se podría proceder”, destacó Juan Luis Hernández, politólogo de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.
Contraria a derecho
Otro argumento para declarar inconstitucional el ejercicio, es que si los ciudadanos optaran por un no a las investigaciones contra expresidentes irían contra los principios y derechos que defiende la Constitución.
“Ordenar a las autoridades competentes a no cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos, aun cuando en el futuro aparecieran pruebas que hicieran presumir la responsabilidad penal, lo cual es contrario a los principios y derechos que defiende la Constitución Política”, aclara.
Amnistía a delitos de lesa humanidad
En su solicitud, el presidente argumentó que, durante los gobiernos del neoliberalismo, de 1988 a 2012, se perdieron centenares de miles de vidas y hubo decenas de miles de desapariciones, lo que corresponderían a delitos contra la humanidad, los cuales para la Corte deberían ser imprescriptibles; es decir, que al paso del tiempo no se extinga el interés de la sociedad y del Estado de perseguirlos y castigarlos.
Sin embargo, si en un caso hipotético, los ciudadanos determinarán un no a las investigaciones contra los expresidentes, se estaría otorgando una amnistía a los mandatarios contra delitos de lesa humanidad que hubieran podido haber cometido.
“Se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía mexicana pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos especialmente odiosos, lo que no puede sostenerse, a más de obviar la obligación que se tiene de denunciar e investigar hechos posibles de constituir un delito”, advierte el proyecto.
