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Con Peña, 35,000 mdp se transfirieron del Conacyt a privados, acusa su titular

La directora del consejo, María Elena Álvarez-Buylla, urgió a revisar cómo se asignan los fondos en el consejo y criticó las transferencias realizadas en el sexenio pasado.
mar 29 octubre 2019 08:22 PM
María Elena Álvarez-Buylla
La titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, también ha enfrentado cuestionamientos sobre decisiones del consejo en rubros como los recortes a apoyos.

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, señaló que es urgente cambiar la asignación de recursos en los quehaceres del organismo, dado que por lo menos en el último sexenio, el de Enrique Peña Nieto, se transfirieron 35,175 millones de pesos al sector privado.

"Localizamos una cantidad de fondos transferidos de otros programas presupuestarios, sumando más de 35,000 millones de pesos transferidos a través de Conacyt de estos recursos del erario al sector privado", dijo en su participación en el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior.

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La funcionaria aseguró que en todo el sexenio pasado se aportaron menos de 3,000 mdp a la investigación científica, mientras que, en un solo programa de transferencia de recursos públicos a particulares, el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), se aportaron casi 18,000 mdp.

"Cuando analizamos la salida de recursos de los fondos del fideicomiso que administra el Conacyt, casi la mitad fueron transferidos al sector privado", señaló.

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En el marco de la creación de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, de acuerdo con la reforma educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debe estar el próximo año, la titular del Conacyt reiteró que se tiene que cambiar la estrategia y dar más apoyo a la ciencia.

"Tenemos que cambiar completamente de esta estrategia de mercado a una estrategia por demanda en el avance de la ciencia de la frontera, en el fortalecimiento de las comunidades académicas, científicas, tecnológicas y de innovación en relación a los proyectos articulados en torno a retos urgentes en la innovación, con una perspectiva abierta con los ejes de bienestar social y cuidado ambiental", aseguró.

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Recursos públicos

Álvarez-Buylla recordó que México es de los países que más recursos aportan desde el sector público al apoyo de investigación científica, alrededor de 77%, mientras que en países como Estados Unidos y Japón el 63% y el 78% es de recursos privados. Aun así persisten, rezagos de formación e incorporación de nuevos científicos.

Señaló que en 2015 se contabilizaron más de 1.2 millones de mexicanos altamente calificados que se habían ido al extranjero, de ellos, 900,171 con título universitario y 303,401 con posgrado debido a que no encuentran espacio para desarrollarse en el país.

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Una de las propuestas que sugiere, de frente a la creación de la nueva ley, es que se establezca un mínimo porcentaje del PIB destinado a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Álvarez-Buylla plantea que sea de 0.5% del PIB y, aunque en la reforma dice que tiene que ser 1%, reconoce que esto nunca se ha logrado.

La funcionaria comentó que en 2017, 2018 y 2019 se dieron más recursos a la ciencia; no obstante, en relación con el porcentaje del PIB, en 2016 empezó a bajar y no se ha podido recuperar. Para el 2020, el gobierno federal prevé destinar 5,270 mdp más.

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Respecto de la nueva ley, sostiene que se tiene que tomar en consideración a las humanidades, y rediseñar la gobernanza democrática del sistema de ciencia, tecnología e innovación en congruencia con una rectoría del Estado, para que haya una articulación entre políticas de educación superior y desarrollo científico, tecnológico e innovación.

Entre los puntos a considerar también está el fortalecimiento de las universidades del país en su capacidad de generación de conocimiento nuevo, y la coordinación y distribución de competencias federales, estatales y municipales.

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En el encuentro realizado en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, se reunieron expertos, funcionarios, legisladores, titulares de instituciones públicas de educación superior, directivos, académicos y representantes de sindicatos, para hablar de cómo fortalecer el sistema público de educación superior y atender los principios derivados de la reforma constitucional en materia educativa.

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