La decisión que tomó el gobierno federal de liberar a Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín Guzmán Loaera El Chapo, para frenar la violencia con la que reaccionó el Cártel de Sinaloa mostró falta de coordinación efectiva para operativos de este tipo y también abrió la puerta para que se vuelvan a presentar este tipo de acciones por parte de grupos criminales, alertaron cuatro especialistas en temas de seguridad.
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común; Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano; Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Juan Carlos Montero, experto en seguridad y profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, coincidieron en que el Cártel de Sinaloa presionó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y le resultó a su favor.