Los fiscales anticorrupción van por una ley que les dé 'dientes' para actuar

Los retos de las fiscalías

Aunque dotar de autonomía a las fiscalías especializadas puede hacerse desde el ámbito local, el líder de los fiscales especializados está impulsando, junto con López Presa, tener una base constitucional y que haya un mandato en los artículos transitorios que ordene a las entidades actuar en este terreno.

El también fiscal anticorrupción de Sonora pone como ejemplo los casos de Morelos o Campeche, donde desde la Constitución local se hizo la separación de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción. En contraste está Sinaloa, donde el fiscal anticorrupción es nombrado por el fiscal general y de la noche a la mañana puede quitarlo.

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En este sentido, Espinoza propone uniformar un criterio de selección para todos los fiscales anticorrupción. "Sería interesante que se dé una selección del fiscal a través de una participación ciudadana (...) que participen los colegios, que participe el sector social y que, a su vez, sea votado por el Congreso, yo creo que es un modelo que puede servir", comenta.

Para el tema del presupuesto, el presidente de la convención plantea que se establezca en la reforma un porcentaje para las fiscalías anticorrupción de 10% a 12% y que estas no dependan de las fiscalías generales, que algunas veces —argumenta— usan este asunto para ejercer presión. En este caso, señala el caso de Oaxaca, donde no hay recursos ni para viáticos ni para investigar en otras localidades.

"Esto evita que los fiscales anticorrupción tengan que estar después hablando con diputados y haciendo gestoría, porque eso evidentemente pues muchos de los diputados se aprovechan para poder hacer gestión sobre casos en particular y eso sería muy lamentable", dice.

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Sobre la necesidad de uniformar los delitos, expresa que se tiene que manejar una política criminal anticorrupción en todos los estados, partiendo de convenios internacionales ya firmados como la Convención de Mérida, que ya establece conductas claras. Esto, para no tener las diferencias actuales, que derivan en casos como el de Quintana Roo, donde se plantean como actos de corrupción todos los ilícitos que cometa un servidor público, incluso la violación.

Espinoza comenta el caso de la contratación de familiares, que, aunque la ciudadanía pide que se haga algo al respecto, el delito no está tipificado y los fiscales no pueden actuar.

Otra propuesta es que se embone la política criminal anticorrupción entre las entidades federativas y la nación, siempre con respeto de la autonomía constitucional, y que haya mayor coordinación de las fiscalías locales con la nacional, porque en algunos casos, cuando el asunto que se está investigando en los estados proviene de la Federación, estas tienen que entregar los expedientes para que el caso se lleve a nivel federal, y lo que buscan es quedarse con esa competencia.

"Nosotros queremos que se revalore que aquel recurso que ingresa a los estados, aunque sea de naturaleza federal, es para el beneficio de los ciudadanos del estado; entonces, queremos quedarnos con las competencias, queremos nosotros poder procesar esos asuntos, no que tengamos que declinar competencia", señala.

El apoyo de la ciudadanía

Pero más allá de esos cambios legislativos, que para el fiscal de Sonora son pasos fundamentales en los próximos años, tiene que haber mecanismos de acompañamiento social para que el combate funcione. Por ello, se tiene que fomentar la cultura de la denuncia y de la legalidad y que la sociedad participe, pero además una "pedagogía social" para que la gente conozca los procesos.

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Esto se ve como un reto, reconoce el fiscal, pues cuando la ciudadanía no ve a la gente en la cárcel piensa que las fiscalías no están trabajando. Al respecto, dice, las personas están acostumbradas a que la justicia significa llevar a la hoguera a los acusados y eso es un "chip" que se debía haber cambiado desde el nuevo sistema de justicia penal, en el que lo importante es la justicia restaurativa y cómo se reparan los actos, cómo se pagan o cómo se pide perdón.

"No piensen que los fiscales estamos en redes sociales diciendo: 'parece que ahí hay acto de corrupción, vamos a investigar', eso sería violatorio, sería arbitrario actuar de esa manera. Por eso yo creo que es importante que la gente se una a nosotros y que empiece a presentar denuncias, si tiene conocimiento de hechos", señala.

Una de las tareas desde la convención de fiscales es tratar de recuperar la confianza en las instituciones, entre ellas, las fiscalías anticorrupción nacional y locales.

El combate a la corrupción con AMLO

Si bien en esta administración una de las principales banderas ha sido el combate a la corrupción, esta tarea se ha visto más desde el punto de vista financiero, con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda , a cargo de Santiago Nieto, encabezando acciones.

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Para el fiscal, se trata de una política anticorrupción interesante, con la UIF muy activa, pero eso no significa que la Fiscalía General ni la Fiscalía Anticorrupción no estén haciendo su parte.

Lo que hace falta, considera, es conectar los delitos financieros y patrimoniales con los de corrupción, y que estos prevalezcan en los procesos porque muchas veces se termina enjuiciando por lavado de dinero y se dejan de lado los hechos de corrupción.

Respecto de la Fiscalía Anticorrupción, afirma que hay investigaciones, solo que la diferencia es que como fiscales no pueden informar que están investigando a una persona porque estarían violentando el debido proceso y la presunción de inocencia.

"Tenemos que cuidar esa parte, nombres, cómo investigas, nos dejan en desventaja, podemos llevar 1,000 casos, pero la ciudadanía no lo sabe porque tenemos que cuidar las investigaciones", comenta.

Por eso, insiste en la "pedagogía social" y en que la gente conozca esas situaciones, porque luego se piensa que los fiscales no están actuando. "Se están llevando muchas actividades importantísimas en las investigaciones, pero no podemos darlas a conocer públicamente", reconoce.