México, en busca de la ruta contra la corrupción

Desde entonces, esa se convirtió en su bandera. López Obrador ha insistido en que la corrupción “como las escaleras, se barre de arriba hacia abajo” y que esa es su fórmula para acabar con la pobreza, para impulsar el desarrollo, para generar empleos, es decir, para terminar con todos los males del país.

La palabra “corrupción” es una de las que más menciona López Obrador en sus mañaneras —de acuerdo con la consultora SPIN de Luis Estrada, se registró al menos 831 veces hasta abril pasado—, pero en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 , esta palabra apenas aparece en 29 ocasiones. A pesar de las ganas por terminar con la corrupción, especialistas ven en realidad que la estrategia aún no encuentra dirección pues la Política Nacional Anticorrupción (PNA) no ha sido aprobada.

“Si se aprobara el documento de la PNA, ya podría haber una visión aterrizada de cómo quiere llevar el gobierno esta estrategia”, dice Dante Preisser, especialista en anticorrupción, y quien fue el enlace de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en los tiempos de Arely Gómez.

Contraste anticorrupción

Antes de tomar posesión como presidente, López Obrador enumeró 50 acciones para la austeridad republicana y el combate a la corrupción . No obstante, para los expertos, estas iban más encaminadas a generar ahorros y eliminar lujos que a realmente marcar medidas en contra de los actos deshonestos. Incluso, algunas de las acciones en sus primeros meses de gobierno contravienen esos principios.

Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierte que el discurso muchas veces no se traslada a la realidad y que no hay un plan que permita ver cómo es que se va a combatir la corrupción. “Hay declaraciones o acciones que no sabemos si son aisladas o parte de un plan mayor, y al mismo tiempo vemos contradicciones en los hechos”, comenta.

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Un ejemplo de estas discrepancias es el de las contrataciones públicas, pues mientras en el PND y sus 50 puntos anticorrupción señalan que las licitaciones públicas serán regla en el gobierno, en los primeros cinco meses del año 77.4% de los 44,216 contratos se dio por adjudicación directa.

Si bien la ley lo permite, Isaak Pacheco, investigador de temas anticorrupción de Ethos, señala que no ven una propuesta del gobierno para que esto se vaya limitando. “Están abusando de lo que les permite la ley, pero no vemos un caminar hacia otra dirección”, comenta.

Fuera de la ecuación

El SNA, que nació en el sexenio pasado para ayudar controlar el problema, se ha convertido en esta administración en un ente sin armas para combatirla, más que un aliado para los planes del presidente. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, así lo reconoce.

“Es un sistema que simplemente se reúne y toma acuerdos, que no van a la raíz en términos del combate a la corrupción y a la impunidad, no nos lleva a nada”, expresa en entrevista. Lo hace un día después de perder una batalla en el seno del SNA, en la que el Poder Judicial, representado por el representante del Consejo de la Judicatura, Alfonso Daza, logró mantener el formato de declaración de conflicto de interés que tienen y no el que llenarán los 2 millones de servidores públicos.

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La secretaria insatisfecha con el resultado y el voto de los integrantes advierte que este fue un ejemplo para lo que “sirve el sistema”. Para ella, las siete cabezas optaron por hacer que el poder encargado de dar amparos se mantenga en “opacidad” .

Tal es la separación, que el presidente no lo toma en cuenta y ha emprendido esta tarea desde otras instituciones. “Este gobierno ha atendido los asuntos graves a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se ha brincado al sistema, su agencia de facto es la UIF. No considera en su ecuación al SNA”, señala Pacheco.

El estancamiento del SNA

A dos años de empezar su implementación no ha logrado concretarse. Están pendientes los nombramientos de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que se encargarán de casos de corrupción, mientras que en los estados hay retrasos severos. La Ciudad de México es la más atrasada, solo ha nombrado a magistrados especializados, pero no tiene fiscal anticorrupción, tampoco Comité de Participación Ciudadana ni una Secretaría Ejecutiva.

No ha sido el único ataque que ha recibido el ente constituido en la administración de Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción de forma coordinada. El sistema también ha sido calificado desde miembros del gobierno federal y legisladores de Morena de muy “burocrático, poco efectivo y oneroso”.

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El titular de la Secretaría Ejecutiva del SNA, Ricardo Salgado Perrilliat, no lo percibe así, pues salvo la dependencia que él comanda, el Comité de Participación Ciudadana —cuyos miembros reciben un pago por honorarios— y la Fiscalía Anticorrupción, todas las demás instituciones que conforman el SNA ya existían y tenían presupuesto desde antes. “No todos los recursos que se destinan a las secretarías son para el combate a la corrupción”, explica el secretario.

En 2018, se destinaron 10,399 millones de pesos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y el control de recursos públicos, de acuerdo con el Anexo Transversal considerado en el Presupuesto de Egresos del año pasado. Este año no existe un documento para visualizar el monto previsto para este rubro.

Los cambios al SNA

Ante ese escenario, tanto desde la Secretaría de la Función Pública como desde el Legislativo se han esbozado cambios a las instituciones encargadas de vigilar y sancionar actos de corrupción. Sandoval propone incluir al INE y a la Fepade , mientras que en la Cámara de Senadores se presentaron dos iniciativas.

La propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, consiste en crear una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) especializada en el combate a la corrupción, mientras que la de Olga Sánchez Cordero, presentada antes de ser secretaria de Gobernación, plantea la eliminación de las cinco salas especializadas del TFJA y, por ende, de 15 magistrados anticorrupción.

Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, considera que es un despropósito querer rehacer el Sistema Anticorrupción, cuando todavía no le han dado tiempo de entrar en acción. “Lo único que se está haciendo es entorpeciendo el combate a la corrupción”, señala. Salgado Perrilliat coincide: “Si le empiezas a cambiar algo, no logras que termine de funcionar”.

Desde su trinchera, cada uno de los especialistas señala que más que cambios en el SNA, una de las prioridades debería ser crear instituciones autónomas e imparciales que sean capaces de desmantelar redes de corrupción sin distinción de gobiernos y partidos.

José Octavio López Presa , el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, considera que esa es la ruta correcta: “Para que México logre llegar a un nivel donde la corrupción se baje notoriamente y la impunidad se elimine, los corruptos tienen que tener la certeza de que no la van a poder librar”.

El presidente López Obrador en varias ocasiones ha dicho que en materia de investigaciones sobre presunta corrupción a exfuncionarios —incluyendo los expresidentes— prefiere poner un “punto final” y sentar las bases para que nunca más se repitan actos de corrupción”.

Por ahora, el único rostro de alto nivel que es perseguido por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de contratos es el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, una investigación que se realizó en la pasada administración y de la cual se dice perseguido político. En la mira está también la exsecretaria Rosario Robles por el caso conocido como “La Estafa Maestra” .