Entre las visitas, los expertos de la ONU reconocieron los avances logrados por México, que adoptó medidas legislativas clave, entre ellas la Ley General para la Prevención de la Tortura en 2017 y la Ley General de Salud en 2023.
También destacaron que el Gobierno estableció fiscalías especializadas para investigar actos de tortura y fortaleció su Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) con un marco jurídico sólido y recursos adecuados.
“Sin embargo, queda mucho por hacer con respecto a la implementación de medidas de prevención de la tortura”, declaró Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación del SPT.
“Nos preocupa principalmente la situación observada en los centros de tratamiento de adicciones, especialmente aquellos que operan de forma privada y al margen de un marco regulatorio adecuado”, agregó.
El Subcomité dijo que tomó nota de las preocupantes condiciones y de las prácticas coercitivas en dichos centros, que operan sin la debida regulación, lo que supone un grave riesgo de malos tratos.
“Abordar esta situación requiere una acción urgente y decisiva por parte del Estado”, declaró Comas-Mata.
“Nos preocupan también los persistentes problemas en la pronta y efectiva investigación de los actos de tortura y la lucha contra la impunidad a pesar del sólido marco jurídico e institucional existente”, afirmó.
Durante la misión, la delegación visitó cárceles para hombres y mujeres, comisarías, hospitales psiquiátricos y centros de tratamiento de adicciones.
También llevó a cabo entrevistas confidenciales con detenidos y personal.
“La delegación valora positivamente el reforzamiento y el adecuado funcionamiento de un Mecanismo Nacional de Prevención sólido y profesional, dotado de recursos suficientes, que desarrolla una labor relevante en la prevención de la tortura y otros malos tratos”, añadió Comas-Mata.
“Sin embargo, es fundamental que se nombre con prontitud a todos los miembros de su Comité Técnico y se restablezca la cooperación con la sociedad civil”, dijo.
El Subcomité presentará un informe confidencial, con sus conclusiones y recomendaciones, al Gobierno de México.
