Itzel Nohemí tenía siete años. Desapareció el pasado 23 de mayo y, días después, su cuerpo fue hallado en un terreno despoblado en San Luis Río Colorado, Sonora, al norte del país.
La autopsia reveló que la menor fue asfixiada y violada poco tiempo después de ser raptada. Su cuerpo fue hallado hasta el 30 de mayo en la colonia Solidaridad, la misma zona en la que había sido vista por última vez.
El caso de Itzel Noemí no es aislado: en los primeros cinco meses de este año se cometieron 50 feminicidios de menores en todo el país, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La cifra es la más alta para ese periodo en los últimos cinco años, pues entre enero y mayo de 2015 se cometieron 21; en 2016, 25; en 2017, 25, y en 2018, 31.
Sin embargo, el feminicidio de menores no es el único delito que presenta esta tendencia. Las víctimas menores de secuestro registradas en 2015 fueron 50; en 2016, 59; en 2017, 63; en 2018, bajaron a 55, pero, en 2019, la inidencia volvió a repuntar y el número se colocó en 82.
La condición de vulnerabilidad por la que atraviesan niñas, niños y adolescentes en el país se deriva de tres factores, de acuerdo con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
"(Influyen) la militarización de la seguridad y la guerra contra el crimen organizado, la falta de responsabilidad del Estado frente a lo que pasa a niños y niñas y la criminalización de las familias, así como la impunidad, donde todas juntas crean la tormenta perfecta para la crisis de derechos humanos en la infancia", dice en entrevista.
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Sobre el último factor, Pérez García explica que, cuando un menor es víctima directa o indirecta de un hecho delictivo, "lo que está tocándose o en muchos momentos rompiéndose es un proyecto de vida". En consecuencia, esto podría derivar en conductas antisociales si no se dan alternativas de acceso a la justicia y garantías de no repetición.
"Muchos de los niños que han sido víctimas de un hecho delictivo o tienen un familiar desaparecido o asesinado pueden tomar en este rencor como venganza siendo parte de grupos criminales", advierte el activista.
Carlos Cruz, especialista en prevención del delito en adolescentes, coincide en que la impunidad es uno de los grandes pendientes que podrían derivar en actitudes de conflicto con la ley.
"Si no hay un mecanismo para que se le repare el daño, lo más seguro es que (ese menor) empiece a normalizar que el Estado y la justicia no son un proceso social", señala.
Cruz, quien trabaja con adolescentes en situación de riesgo, alerta de que, sumado a ello, tampoco hay una política pública de salud ni contra la violencia para los menores y la sociedad en general.
"Hay que recordar que hay adolescentes que han vivido toda su vida en medio de la guerra contra el narcotráfico", dice, y agrega que en materia de salud mental "tendríamos que estar haciendo en las escuelas procesos para la educación para la salud y procesos de la educación para la paz, lo que tiene que ver con interrupción de la violencia y mediación".
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El 29 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la información acerca de la violencia en contra de los menores, en concreto, sobre los homicidios.
"Ahora hay mucha desinformación o se distorsionan las cosas. Tenemos que ser pacientes para escuchar a todos, pero sí se está apostando en algunos casos a la exageración, al amarillismo. Hay que tener paciencia", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina ante las cifras que entonces presentó la Redim, que alertaban de que tres menores fueron asesinados al día durante el primer trimestre del año.
Al respecto, Pérez García no ve que la protección de la niñez sea una prioridad para el gobierno federal, mientras que la ciudadanía tampoco lo ha obligado a poner el tema al centro de la agenda, pese a que López Obrador firmó compromisos para este sector de la población, entre ellos, la "protección contra todas las formas de violencia e impunidad".
"Hay que tener presente que la ciudadanía en México se encuentra en una especie de conflicto de lealtad, apostó a un proyecto político importante que se reflejó en un voto mayoritario al partido Morena a nivel federal y estados", dice el activista.
"(Hasta ahora) todavía hay una narrativa de 'téngannos paciencia, no somos iguales', pero lo que la ciudadanía está viendo es lo mismo de otras administraciones", concluye.
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