Ayer, en su tercer informe de gobierno, el presidente López Obrador aseguró que durante su gobierno “no se han violado los derechos humanos de migrantes”. Dijo que las escenas de horror contra migrantes centroamericanos y haitianos que se han visto en Chiapas en días recientes son un “caso excepcional”.
Esto es una mentira.
De las muchas deudas que deja la primera mitad del gobierno lopezobradorista, pocas son tan graves como las consecuencias del viraje en política migratoria, que ha convertido a México en un Estado represor de miles de migrantes y solicitantes de asilo en ambas fronteras del país.
Como es su costumbre, el presidente podrá decir que tiene otros datos, pero en el tema migratorio no hay discusión que valga. Varias organizaciones han documentado ampliamente el catálogo de horrendos abusos que sufren los migrantes. Activistas que defienden a los migrantes han catalogado las violaciones de los derechos humanos más elementales. Sobran reportes periodísticos que explican, con terrible detalle, el viacrucis de los migrantes en las ciudades fronterizas.
No hay otros datos: el gobierno de López Obrador ha desprotegido y expuesto a la comunidad migrante con crueldad y saña.
Las imágenes en Chiapas no son excepcionales. Al contrario. Lo que ocurre es que esas imágenes han dado la vuelta al mundo porque ahí estaban las cámaras. Pero los testimonios de los migrantes haitianos en Tapachula –por dar un ejemplo reciente– dan fe de un clima creciente de hostilidad, racismo y violencia. El presidente puede tratar de acomodar la realidad a su narrativa, pero el sufrimiento humano no puede esconderse. Y lo que ocurre ahora en México es una vergüenza histórica.
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