El Congreso de Nuevo León aprobó, por unanimidad, una reforma que cambia de raíz la manera en que se debe atender el acoso escolar en las aulas. A partir de ahora, los maestros y autoridades educativas estarán obligados a denunciar los casos de bullying que puedan derivar en un delito; de lo contrario, podrán ser acusados de encubrimiento.
La reforma, impulsada por la bancada del PAN, adiciona el artículo 36 Bis a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar. El nuevo apartado establece que cuando un docente o directivo sea testigo o tenga conocimiento de conductas que afecten el desarrollo integral de los estudiantes, deberá seguir los protocolos de actuación previstos en la ley y, si la situación constituye un posible delito, informar de inmediato al Ministerio Público.
“Se equipará al delito de encubrimiento previsto en el artículo 409 del Código Penal para el estado de Nuevo León, cuando el docente o autoridad escolar que siendo testigo de acoso escolar o cualquier otra conducta prevista en la presente ley que afecte el correcto desarrollo integral de las y los estudiantes, no lo denuncie”, establece el nuevo artículo aprobado .
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Capacitación para docentes
El dictamen, presentado por la Comisión de Educación, también contempla que los maestros y personal administrativo reciban capacitación continua. La idea es que cuenten con herramientas para identificar, prevenir y atender casos de acoso escolar desde el primer momento.
En tribuna, la diputada Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación, advirtió que los docentes son la primera autoridad dentro de las aulas y tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de los estudiantes.
“El acoso escolar no solo afecta la salud mental y el sentido de pertenencia de las niñas, niños y adolescentes, también impacta en su rendimiento académico y vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Derechos del Niño”, expuso.
Villarreal recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que el bullying es una violación grave a la dignidad y al derecho a la educación de la niñez, por lo que resulta urgente fortalecer las medidas para combatirlo.
El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad reformas contra el acoso escolar.(doble-d/Getty Images)
Lo que dice la Corte
La SCJN, en la tesis aislada 1a. CCCLII/2015 (10a.) , estableció que el bullying escolar es un problema de la mayor relevancia social y que las instituciones educativas y su personal están obligados a actuar con diligencia para proteger a los estudiantes contra todo tipo de abuso, descuido o maltrato.
En esa resolución, el máximo tribunal del país reprochó la conducta negligente de centros escolares que, pese a estar obligados a garantizar un ambiente seguro, fueron omisos e incluso toleraron situaciones de violencia, colocando a los alumnos en riesgo y generando un ambiente inadecuado para toda la comunidad estudiantil.
La diputada panista Claudia Caballero, promovente de la iniciativa, subrayó que esta reforma busca evitar que la omisión de los maestros derive en tragedias. Insistió en que las capacitaciones serán clave para garantizar que los docentes y el personal de las escuelas sepan cómo actuar.
“No podemos permitir más incidentes que, por culpa de la omisión de las autoridades escolares, se conviertan en tragedia. Con esta reforma fortalecemos los mecanismos de vigilancia dentro de las escuelas y damos certeza a los estudiantes de que estarán protegidos”, afirmó.
Con la aprobación de este nuevo artículo, Nuevo León busca enviar un mensaje claro: el acoso escolar no puede ser minimizado ni ignorado, y los maestros, como primera línea de defensa en las aulas, tienen la obligación legal de actuar para proteger a la niñez.
