Verónica Hernández Giadáns, fiscal estatal, aseguró que no habrá impunidad en el caso y serán agotadas todas las líneas de investigación, incluida la actividad periodística de las víctimas.
Periodistas mexicanos utilizaron sus redes sociales para condenar los hechos.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal, en coordinación con fuerzas federales, activó el operativo Código Rojo, tras la agresión a las periodistas en el municipio de Cosoleacaque.
“Las fuerzas del orden mantienen operativo en la zona para la búsqueda y localización de los agresores”, dijo la autoridad.
Este mismo lunes, periodistas marcharon en Orizaba, Veracruz, para exigir a las autoridades que haya justicia en el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista que fue asesinado en Sinaloa la semana pasada.
Violencia contra periodistas en México
La violencia contra el gremio periodístico en México tiene una particularidad que debe investigarse con perspectiva de género, pues en los dos últimos años han aumentado los ataques contra mujeres que trabajan en este ámbito.
De acuerdo con un análisis realizado por Signa Lab –a partir de los registros de la organización Artículo 19–, entre 2010 y 2021 en México se registraron al menos 1,167 agresiones de diversos tipos en contra de mujeres periodistas.
El Signa Lab ITESO encontró que de 2010 a 2015 se promediaron 50 ataques contra mujeres periodistas al año, pero para 2020 la cifra superó las 200 agresiones.
"Para el periodo 2016 a 2021 la cifra por año alcanzó, en promedio, los 161 casos, siendo los últimos dos años los que más reportes registraron: 207 en el año 2020, y 202 durante el 2021", detalló el centro de investigaciones de la Universidad Jesuita de Guadalajara en su reporte publicado este lunes.
La mayor parte de las agresiones de las que son víctimas las comunicadoras proviene de servidores públicos (397 casos en dicho periodo), lo que habla de un uso ilegítimo del poder.
Según los registros, del total de las agresiones cometidas de 2020 a 2021 contra mujeres periodistas, 20 se relacionaron con funcionarios estatales y seis por candidatos políticos.
En tanto, 87 casos estarían relacionados con partidos políticos y 57 con el crimen organizado. Esto contradice los discursos de los gobiernos en turno, que sostiene que la mayor parte de las agresiones contra el gremio son cometidas por la delincuencia organizada.
Solo entre 2018 y 2019 se registraron 140 agresiones provenientes de funcionarios, es decir, 70 en cada año; en 2020 fueron 55 casos; y 47 en 2021.