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El Congreso mantiene en deuda aprobar leyes feministas

Dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, son candidatas presidenciales, pero sus partidos frenan reformas en pro de la causa feminista, sea por cuestiones ideológicas o para no dar recursos.
vie 08 marzo 2024 01:36 PM
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Legisladores de todos los partidos han quedado a deber en materia de reformas que impulsen la paridad.

Pese a que desde hace seis años los partidos de la “Cuarta Transformación” tienen mayoría simple en el Congreso, no ha estado en sus prioridades legislar en materia de interrupción legal del embarazo (ILE), eliminar la criminalización del aborto voluntario y crear el sistema nacional de cuidados.

Esos temas de la agenda feminista han quedado pendientes y forman parte de las exigencias que, junto con la urgencia de atajar la violencia contra las mujeres, hará el movimiento feminista este viernes, en la movilización con motivo del 8 de marzo.

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Debemos, considera la senadora sin partido Claudia Ruiz Massieu, “abandonar lugares comunes, frases autocomplacientes y el falso recurso retórico de decir que en la legislatura de la paridad hemos cumplido con la misión, porque lo logrado no es suficiente: todavía la violencia, no para. Todavía no alcanzamos la igualdad y el empoderamiento que queremos”.

Para Patricia Mercado, también senadora feminista e integrante de Movimiento Ciudadano, uno de los pendientes más relevantes de la agenda feminista es reforma el Código Penal Federal para eliminar la criminalización del aborto voluntario.

La ausencia de esa reforma es, además, una omisión legislativa, pues desde 2021 y en septiembre de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó que mantener el aborto voluntario como un delito es inconstitucional y ordenó al Congreso legislar para corregir, lo que no ha ocurrido.

“Mantener esa criminalización no es propio de un régimen democrático”, plantea la senadora Mercado.

“Estamos ante la última oportunidad para que esta Legislatura proteja a las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo por cualquier razón, para que dejen de ser criminalizadas y se les provean los servicios de salud pertinentes. En un régimen pleno de derechos humanos pueden decidir si llevar un embarazo a término o interrumpen con la protección del sistema de justicia y el de salud, criminalizar esa decisión viola sus derechos humanos”, establece.

En septiembre de 2023, tras el fallo de la SCJN, Mercado y senadoras de otros partidos, como Malú Micher, de Morena, presentaron una iniciativa para derogar los artículos 332, 336 y 334 del Código Penal Federal, y eliminar cualquier pena para la madre o persona gestante que decida interrumpir su embarazo. Pero esta enmienda lleva casi siete meses congelada.

“Es difícil la lucha contra el patriarcado. Siempre que una gana una batalla se le vienen encima otro montón. Logras una ley y entonces crees que ya con esto solucionamos el problema y nos damos cuenta que no, que están otras barreras y otros obstáculos y es cuento de nunca acabar, pero el feminismo y la feministas nos dan fuerza”, advierte Micher, la senadora de Morena.

Por ejemplo, esta Legislatura tipificó la violencia por interpósita persona (o vicaria) entendida como la violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento.

“Pero hay voces lamentables en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentando una acción de inconstitucionalidad en contra de esa reforma, ¡habrase visto!”, recrimina Micher.

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Pese a obstáculos como esos, advierte la senadora morenista, “vamos a dar continuidad a la reformas constitucionales para que la igualdad sustantiva esté plasmada en la Constitución, para que el derecho a una vida libre de violencias esté en la Constitución y el sistema nacional de cuidados (SNC) al que aspiramos (también). Estamos absolutamente seguras que será una realidad, no nos vamos a rendir nunca.

Sin embargo, esa legislación sobre el SNC también enfrenta trabas y son sobre todo presupuestales. A decir de legisladoras de Morena, no existe el visto bueno del gobierno federal, vía la Secretaría de Hacienda (SHCP), para que se impulse el cambio legislativo, por sus implicaciones para las finanzas públicas.

Desde fines de 2020 la Cámara de Diputados aprobó una ley –y no una reforma Constitucional, como se requiere- y envió la minuta al Senado, donde el asunto ha estado congelado desde entonces.

En México el 75% de quienes cuidan a niños y personas en la vejez –en total 31.7 millones de mexicanos mayores de 15 años- son mujeres, según la Encuesta Nacional de Cuidados (Enasci) 2022, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), lo que impide que estas puedan desarrollarse, tener movilidad social, acceso al empleo, a la educación o a la seguridad social.

Por eso el SNC reconocería y redistribuiría las responsabilidades de hombres y mujeres en los cuidados del hogar y protegería a las personas que requieren cuidados.

Pero un cambio legal de esa magnitud debe estar acompañado de presupuesto para establecer estancias infantiles, escuelas con horarios extendidos, centros de día para atender a personas mayores o con discapacidad, e incluso proveer recursos para retribuir económicamente la labor de cuidados que en el país desempeñan mayormente mujeres.

Así, hasta ahora prácticamente todas las enmiendas en pro de las causas femeninas han sido aprobadas por unanimidad de los siete partidos en el Congreso.

Pero aunque dos mujeres: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, son candidatas presidenciales en México, sus partidos mantienen en el rezago reformas en pro de la causa feminista, en algunos casos por cuestiones ideológicas, en otros, para no dar más recursos.

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Legislan por las mujeres

En la 64 Legislatura “de la igualdad”, cuyo periodo fue 2018-2021, y en la 65 Legislatura llamada “de la paridad”, que inició en 2021 y que concluye en agosto de 2024, sí se se han realizado avances en la aprobación de leyes en pro de las mujeres.

Entre otros cambios legislativos logrados están las reformas conocidas como “paridad en todo”, de 2019, consistente en cambios a 10 artículos de la Constitución para que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en municipios con población indígena.

También se logró la prohibición del matrimonio infantil en todas las entidades federativas. Y se sancionó la violencia vicaria –aunque la CNDH litiga las reformas ante la Corte-.

Se concretó una reforma en contra de la violencia contra las mujeres, que derivó en la creación de un Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las mujeres y que se aplicara una declaración llamada 3 de 3 contra la violencia.

El objetivo es que no accedan a cargos públicos las personas enlistadas por ejercer violencia familiar o doméstica, delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal, así como por estar registrado como deudor de una pensión alimentaria.

Pero esto ha sido ignorado o controvertido por los mismos partidos, de modo que hay legisladores que han violentado a sus parejas o hijos y han accedido a cargos de elección popular.

También se logró la eliminación del Impuesto al valor Agregado (IVA) a los productos de gestión menstrual, se aprobó el derecho de los hombres trabajadores a contar con guarderías para sus hijos y el miércoles en comisiones del Senado se aprobó la ampliación de derecho de permiso por paternidad –por parto o adopción- para ampliarlo de 5 a 20 días y a 10 días más en caso de complicaciones de parto.

Prosperó, asimismo, la “Ley Olimpia” que combate el acoso digital y se penó con cárcel la difusión de imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada. Y desde 2022 está vigente la “Ley Malena” que tipifica y sanciona los ataques con ácido o sustancias corrosivas como violencia física contra las mujeres.

Además, esta semana el Senado –falta aprobación en Cámara de Diputados- avaló la igualdad salarial para mujeres deportistas, entre otras enmiendas legales alcanzadas.

Regresiones en la lucha feminista

Pero también han sido seis años en que se han registrado retrocesos. El más destacado, la violencia contra las mujeres que no cesa, pero también el recorte a los presupuestos y a las políticas públicas.

La razón principal alegada por el gobierno federal ha sido la “austeridad” y la supuesta corrupción, sin que haya denuncias ni sanciones.

Con ese argumento se cancelaron al menos dos programas que apoyaban a las mujeres trabajadoras.

Apenas inició el gobierno, en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el cierre de 9,000 estancias infantiles en las que se atendía, se estima, a más de 300,000 mil infantes bajo un esquema de subsidios.

Hasta la fecha es uno de los programas más reclamados por las madres trabajadoras. El gobierno buscó reducir el impacto de su decisión, de modo que en febrero de 2019 anunció que “no desparecen” sino que se modificaba el esquema, así que decidió entregar directamente 800 pesos mensuales a madres trabajadoras para procurar quien cuidara a sus hijos. Los abuelitos pueden contribuir, dijo el presidente.

En febrero de 2022, por orden presidencial, también con el argumento de austeridad y combate a la corrupción –tampoco denunciada ni comprobada– se ordenó la desaparición de las escuelas de tiempo completo que beneficiaban a 3.6 millones de estudiantes y permitía a las mujeres trabajadoras tener a sus hijos a resguardo y alimentados mientras concluían sus jornadas laborales.

Ya recortado ese esquema la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicó de emergencia un intento para revivirlas, conocido como “La Escuela es Nuestra”. La escuela de tiempo completo “no desaparece, solo que se va a entregar directamente a los padres y madres de familia un apoyo”, se argumentó, pero el nuevo esquema es reducido y no ha cumplido las expectativas.

También se disminuyeron los apoyos para los refugios de mujeres víctimas de violencia y además, en los presupuestos de Egresos de 2019 a 2024, se han afectado otros programas destinados a atender a las mujeres.

Han reducido sus presupuestos la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA).

Todas las dependencias encargadas de operar la política de igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres en 2024 quedaron presupuestalmente estancadas y salvo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –que otros años si tuvo recorte-, tienen en 2024 “menos recursos de los asignados en 2019”, concluyó en un estudio sobre el Presupuesto 2024 realizado por el Centro de Análisis e Investigación, Fundar.

Por programas, el de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras se redujo 0.3%. en cambio hubo ligeros aumentos, de 0.02% -con lo que quedaron prácticamente igual- los recursos para los Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) y de Apoyo a Refugios Especializados.

En 2021, sí se registró un importante aumento, de 20%, en el presupuesto etiquetado para programas de igualdad de género.

Pero eso se debió prácticamente sólo a la forma de presentación del gasto, pues se incluyeron en esos programas los montos dedicados al pago de la pensión para personas adultas mayores, un programa de entrega directa de recursos.

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