Desde que gobernaban los militares en México, hasta la actualidad, el desafuero y los juicios políticos han sido herramienta electoral, de revanchas políticas y moneda de negociación.
Legislaturas dominadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional y ahora por Morena han hecho uso de esos procedimientos, siempre bajo la sospecha de tener motivaciones políticas, pues en su mayoría han sido “adversarios políticos” los desaforados o llevados a juicio político.
El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, desaforado el pasado 30 de abril para que enfrente acusaciones por supuesta defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos, es el más reciente, pero también el más desaseado, de acuerdo a Laura Rojas Zamudio, investigadora asociada en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) y Raúl Mejía Garza, profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Pero, el desafuero del gobernador de Tamaulipas, no es el primero y, ya se avizora que no será el último.
En medio de la disputa electoral las exigencias de desafuero y juicio político en contra de otros personajes proliferan, sea por supuestas irregularidades en el caso Cabeza de Vaca, por el descarrilamiento de dos vagones en la Línea 12 del metro ocurrido el 3 de mayo, o bien como estrategia en la confrontación con el Instituto Nacional Electoral (INE).
El PAN ya solicitó investigación penal y proceder al juicio político a los morenistas Marcelo Ebrard, actual canciller y bajo cuyo gobierno en la ciudad se construyó la línea siniestrada, y la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; el Partido del Trabajo (PT), en tanto, amaga con llevar a ese tipo de juicio al senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex gobernante capitalino Miguel Ángel Mancera , por esos mismos hechos.
En otro frente, Morena amenaza con enjuiciar políticamente al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara, por supuestamente excederse al resolver que el mandatario de Tamaulipas aún mantiene su fuero, como votó el Congreso local.
Además, el partido mayoritario, Morena, impulsa el juicio político en contra de dos consejeros del INE, entre ellos al presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por supuesta parcialidad en las elecciones.
Los procedimientos de desafuero y de juicio político son distintos. El primero consiste en retirar la protección o la inmunidad procesal, para que un servidor público pueda ser sometido a un proceso penal.
Por eso sólo pueden ser sujetos de ese proceso unos 1,885 funcionarios públicos que gozan de fuero en el país y entre otros se encuentran:
El juicio político, en cambio, no se refiere a procesos penales, sino que es una vía de atribución de responsabilidad política a los servidores públicos, y sirve para sancionarlos con destitución o inhabilitación por violaciones graves a la Constitución o actuar en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
De éste último procedimiento, en 94 años sólo ha habido un caso de una funcionaria a la que se ha sometido a él: Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la CDMX, y exsecretaria de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La política, hoy en la cárcel por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión en el caso conocido como "la estafa maestra", fue sometida a juicio político el 19 de marzo de 2020 en la Cámara de Diputados donde se aprobó con 271 votos de Morena y sus aliados. El caso pasó al Senado, en donde no ha avanzado.
“Ya no hay materia este juicio político, no lo puede separar de un cargo que ya no tiene, tampoco la puedes inhabilitar cuando ya está inhabilitada. Este juicio lo único que persigue es el escarnio público, la picota” remachó ese día, ante el pleno de la Cámara de Diputados, el defensor de Robles, Alberto Javier Sánchez. Esto, pues Robles había sido inhabilitada meses antes por la Secretaría de la Función Pública para ejercer cargos públicos por 10 años.
Y lanzó un recordatorio, signo del carácter partidista que ha tenido históricamente el procedimiento: “hoy algunos están arriba, mañana van a estar abajo”.
Para Laura Rojas Zamudio, asociada investigadora en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED), lo ocurrido con el gobernador de Tamaulipas, el que se insista en que ya no tiene fuero, que se pida aprehenderlo, o se plantee que hay que desaparecer los poderes de la entidad, es muy grave y revela un desconocimiento de la ley.
“Hay una falta total de respeto al Estado de Derecho porque están violando todos los mecanismos que legal y constitucionalmente ya existen” para retirar la inmunidad procesal a un mandatario local y que debe considerar a la Cámara de Diputados federal, pero también a la local, que ya decidió mantener su fuero.
“Es gravísimo que la Fiscalía solicite una orden de aprehensión contra un servidor público local que mantiene fuero y lo es también que el juez decida otorgarla haciendo de lado una interpretación que hizo un ministro de la SCJN, en el sentido de reconocer que esa inmunidad procesal sigue”, advierte la académica.
El riesgo de permitirlo es que en un futuro “puede ser utilizado como una arma para intentar subordinar a los poderes locales y esa es una perversión de la figura”, considera Raúl Mejía Garza, profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al alertar que esa posibilidad es real cuando se tienen mayorías tan amplias como las de Morena.
“Esto acaba siendo un movimiento electoral muy claro porque está pasando por encima todas las salvaguardas, y si se permite, el partido en el poder no tendría ninguna limitación para atacar penalmente a los individuos de otros partidos u otros gobiernos locales, siendo que éstos no son subordinados de la federación”, sostiene.
Para Mejía hay un “uso faccioso” del desafuero y del juicio político y “se está utilizando como una arma” al igual que otras medidas como órdenes de aprehensión e investigaciones fiscales.
"Todos los partidos que han estado en el poder han caído en esa tentación (de usar políticamente las instituciones) pero “no se había visto un uso tan extremo como éste”.
Para los especialistas, el caso de Tamaulipas, también puso en evidencia un trato diferenciado hacia el panista, en al menos dos aspectos: de manera inédita el 19 de marzo se transmitió por internet el desahogo de pruebas expuestas por funcionarios federales , pero también la respuesta de la defensa, procedimiento que siempre se había mantenido en reserva.
También sin precedente resulta que, desde 2020, Morena y aliados excluyeron al PAN, que es la segunda fuerza en San Lázaro, de la Sección Instructora, donde se detonan los procedimientos de desafuero y Juicio Político.
En la oposición además se acusa también reactivación selectiva de casos. El mismo día que se desaforó al gobernador tamaulipeco, se decidió no hacerlo con el senador Cruz Pérez Cuéllar, de Morena, acusado por la Fiscalía de Chihuahua de haber recibido presuntos sobornos por 2.5 millones de pesos de 2013 a 2015, del entonces gobernador del PRI, César Duarte, hoy preso en Estados Unidos y en espera de su extradición a México.
El diputado Mauricio Toledo, experredista y ahora en el PT, fue acusado desde enero por presunto desvío de recursos y se pidió su desafuero, aunque por estrategias jurídicas su caso aún está pendiente, pese a ser anterior al de Cabeza de Vaca.
En su momento el PRI actuó igual, y en 2017 bloqueó el desafuero de dos de sus diputados federales: Antonio Tarek, extesorero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, hoy sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y de Alberto Silva, en ese momento diputado federal y quien fue exvocero de ese gobierno, quien tenía carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía de Veracruz, por presuntos actos de corrupción y desvío de dinero.
Ambos casos no llegaron ni a dictamen, pues el tricolor, con mayoría en la Sección Instructora, impidió abordar el asunto. Hoy ambos están libres: en 2019 Tarek llegó a un acuerdo judicial para no pisar la cárcel a cambio de dar información en el caso Duarte y Silva hoy es candidato del PVEM a la alcaldía de Tuxpan, Veracruz.
Para el presidente de la Sección Instructora de la Cámara, Pablo Gómez (Morena), “fueros y desafueros se han prestado a innumerables desaseos, maniobras, chantajes y negociaciones ilegítimas”.
Estos últimos usos se habrían dado, según ha dicho el legislador, en 2005, cuando el PRI y su entonces aliado el PVEM y la abstención del PAN, frenó el desafuero del senador priista Ricardo Aldana, extesorero del sindicato de Pemex y señalado del desvío de 100 millones de dólares a la campaña presidencial del PRI en 2000.
Este debate se cruzó con la discusión de reformas estructurales propuestas por Fox, y sea por negociaciones o amparos, el senador libró todo proceso.
En México, si se llevó casi un siglo llevar a alguien a juicio político (a Rosario Robles), en el caso del desafuero los datos revelan que tanto la acción, como la omisión, han sido decisiones políticas.
Se tiene documentado que durante 14 años (de 2003 a 2018), en que transcurrieron las Legislaturas 59, 60, 61, 62 y 63, la Cámara de Diputados dejó congelar todas las peticiones de juicio político que recibió, en total 356. Es decir, sin importar el color del partido que ostentó la mayoría legislativa necesaria para que prosperaran esos procedimientos en San Lázaro, se decidió no actuar.
En ese periodo, PAN y el PRI se intercambiaron la mayoría en San Lázaro y presidieron las comisiones responsables. Pero ni siquiera instalaron la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara (que integran legisladores de las Comisiones de Justicia y de Gobernación), facultada para sustanciar los procedimientos de juicio político y, en su caso, detonar la ruta: comisiones, Sección Instructora y votación en el pleno, instalado en Jurado de Procedencia.
Sólo por orden judicial de febrero de 2017, a raíz de la denuncia de un ciudadano y un legislador, se obligó a ese grupo a sesionar el 1 de marzo de ese año, pero sólo para desechar 109 solicitudes que para entonces ya habían prescrito (incluso siete acusados habían muerto) y 247 quedaron pendientes.
La multa que debieron pagar por no pronunciarse sobre el caso sujeto de la orden judicial, relativo al exgobernador Juan Sabines, de Chiapas, quedó sólo en 7 mil 500 pesos.
La mayor parte de los personajes que han perdido el fuero eran, en ese momento, opositores y críticos al poder en turno.
En 1935 cinco senadores y 17 diputados, todos "callistas", perdieron el fuero acusados de incitación a la rebelión y maniobras sediciosas contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien estaba confrontado con el líder revolucionario, Plutarco Elías Calles, se detalla en el ensayo "El fuero en México. Entre inmunidad e impunidad", publicado en 2018 en la Revista Política y Gobierno.
Dado que de algunos de estos casos no hay rastro en el Diario de los Debates, se contabilizan oficialmente once personajes desaforados desde que la Constitución de 1917 entró en vigor, a la fecha.
En el texto escrito por María Amparo Casar, Janet de Luna Jiménez, Víctor Aguilar Méndez y Ricardo Alvarado Andalón, se destaca el caso de Jorge Díaz Serrano (en 1983), exsenador por Sonora, enemistado con el expresidente Miguel de la Madrid, desaforado y encarcelado hasta que concluyó ese sexenio. Salió libre por no comprobársele fraude en la compra de dos buque-tanque de Pemex, del que fue director.
De 2003 a 2016 se presentaron 53 solicitudes de desafuero, pero sólo cuatro fueron dictaminadas: el exasambleísta capitalino René Bejarano, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, el exdiputado federal Julio César Godoy Toscano y la exdiputada local por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez.
Sin duda, el desafuero más polémico, fue el del propio López Obrador en 2005, acusado de desacato por el gobierno de Vicente Fox, y a quien el entonces jefe de gobierno capitalino, acusó de buscar por esa vía, cerrarle el paso a la candidatura presidencial en 2006.
La presión social hizo al gobierno desistirse de las acusaciones por las que se buscaba enjuiciar al entonces perredista: abuso de autoridad por violar una suspensión de amparo dictada por un juez, con lo que el caso se cerró.
Los otros dos desaforados que junto con López Obrador eran del PRD son Bejarano (2004) –procesado por el caso de los videoescándalos donde se ve guardándose dinero otorgado por el empresario, Carlos Ahumada- y Godoy (2010), acusado de vínculos con el crimen organizado.
La diputada Sánchez López (2016), quien era diputada local por el PAN, perdió la inmunidad procesal para enfrentar cargos por falsificar documentos cuando en 2015 visitó al narcotraficante Joaquín el 'Chapo' Guzmán. Hoy se encuentra detenida en Estados unidos y fue una de las personas que testificó en el juicio del capo.
Otro es el caso de Cipriano Charrez (2019) exdiputado federal de Morena, desaforado en 2019 para enfrentar acusaciones por homicidio culposo por haber atropellado a una persona y haberse dado a la fuga, en octubre de 2018.
El juicio de Cabeza de Vaca (2021) es el más reciente, pero está en puerta el del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual contra dos personas, primer caso que analizará la Cámara por delitos sexuales.
