El segundo objetivo es incorporar la certificación judicial y garantizar que quien llegue a cargos judiciales cuente con experiencia y conocimientos, con más requisitos de los que hay y que prácticamente son licenciatura, título con cinco años de antigüedad y experiencia de igual lapso.
La iniciativa consiste en reformar diez artículos de la Constitución: 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 y los promoventes son los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio, Olga Sánchez Cordero Dávila y Alfredo Vázquez Vázquez, con el acuerdo de los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp.
Por ejemplo se plantea que sea requisito indispensable para ministras, ministros, magistraturas y personas juzgadoras la certificación de competencias vigente emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
A eso se añade la eliminación de la exigencia de promedios académicos específicos de ocho en licenciatura y nueve en la materia de especialización o posgrado, como se establece hoy en la Constitución.
También se haría necesario establecer como requisito que los integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) tengan una antigüedad mínima de diez años de título profesional y una experiencia comprobada de al menos cinco años dentro del Poder Judicial.
De acuerdo con la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena y una de las promotoras de la iniciativa, si van a para magistrados y jueces de 7 años de ejercicio profesional en el área jurídica afín a su candidatura, lo menos que se requiere es que “cuando menos cinco años de experiencia deben ser dentro del Poder Judicial.
“Y si son ministras y ministros deben tener 10 años de experiencia y cinco de ellos dentro del Poder Judicial”, señaló.
Otra medida dirigida a la profesionalización, explica, es que “solamente habría un Comité de Evaluación y no tres comités. Y ese comité va a estar representado por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo, ese único comité va a evaluar a los candidatos que hayan reunido los requisitos”.
La iniciativa plantea además la eliminación de “requisitos documentales” pues no constituyen parámetros objetivos de evaluación, entre ellos estaría la “carta de referencia emitida por cinco vecinos, como se incluyó en la reforma judicial de 2024.
Conforme a la propuesta, todos los aspirantes serán examinados y el examen sería aplicado por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
“Una vez concluida esta fase, el Comité valorará la idoneidad tomando en cuenta los resultados de los exámenes de conocimientos, trayectoria profesional, buena fama pública, honestidad, competencias, antecedentes académicos, así como el desempeño en la entrevista''.
