Autoridades publicaron esta tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas constitucionales en materia de Poder Judicial y nulidad electoral por intervención extranjera, además de la reforma legal sobre integridad de candidaturas.
''Entrarán en vigor mañana, cumpliendo lo plazos constitucionales para la modificación de la normatividad electoral'', señaló Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado.
Las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron en mayo la reforma constitucional para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera.
En la reforma se destacó que el artículo 41 vigente establece las causales de nulidad vinculadas con el exceso de gasto de campaña, la adquisición indebida de cobertura informativa en radio y televisión, y el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita, pero no prevé de manera expresa actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales como causal directa de nulidad electoral.
La necesidad de la reforma -se agregó en el dictamen-, radica en que las causales actualmente previstas fueron diseñadas para proteger la equidad de la contienda frente a conductas internas, principalmente vinculadas con gasto, cobertura mediática y uso indebido de recursos.
Sin embargo, las nuevas formas de intervención o injerencia extranjera pueden operar mediante mecanismos distintos, como la manipulación digital, el financiamiento opaco, los ciberataques o las campañas coordinadas de desinformación, se apuntó.
También en mayo, las cámaras aprobaron la reforma para aplazar la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028.
Morenistas dijeron que el propósito de aplazar la elección judicial hasta el 2028 tiene el objetivo de fortalecer las instituciones, permitir que la ciudadanía tenga mayor participación y dar tiempo para perfeccionar el marco normativo; se busca que el proceso tenga más certeza, transparencia, eficiencia y legitimidad democrática.
La reforma también logró reducir el número de candidatos por cargo, homologar los criterios de evaluación de aspirantes y ampliar los tiempos de organización electoral, con el argumento de facilitar el voto ciudadano y fortalecer la revisión de perfiles.
Entre los cambios también se planteó que el Tribunal de Disciplina no solo investigue y sancione a juzgadores, sino que además evalúe su desempeño y participe en su capacitación junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial. Asimismo, se propuso modificar la fecha de la revocación de mandato para que coincida con las jornadas electorales federales y locales.
También revivió a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el señalamiento del presidente Hugo Aguilar de que el trabajo se había acumulado para los nuevos ministros.
La tercera reforma publicada hoy fue la que creará filtros para evitar que lleguen a candidaturas personas relacionadas con el crimen organizado.
Se hicieron cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
La Comisión avalada recibirá, de forma voluntaria de los partidos políticos, las listas de los aspirantes a candidatos a un cargo de elección popular, y a su vez serán enviadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que revisen los perfiles.
Las autoridades federales determinarán si existe o no un “riesgo razonable” sobre las candidaturas y en caso de existir, lo comunicarán de forma confidencial a los partidos políticos, pero sin señalar el asunto del se derive el “riesgo” con la finalidad de no afectar el debido proceso.
Posteriormente, los partidos políticos determinarán la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatos.
