Diputados aprueban retroactividad en Ley de Amparo; van por deudores fiscales

Se estableció que debido a que la Ley de Amparo tiene carácter procesal, no aplicará para los procesos ya concluidos, pero si para los que están en curso, en lo que toca a reglas y plazos, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se aprobó la propuesta del morenista Hugo Eric Flores que señala que en los procesos abiertos, las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de las reformas se regirán por lo reformado, “sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

El objetivo es recaudatorio

En su argumentación final, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, admitió que el objetivo de la ley, y de su retroactividad, tiene que ver con hacer efectivos ya, créditos fiscales por 100,000 millones de pesos.

“El 95% de los deudores o los que deben de pagar, no lo hacen, 95%. Hacia ellos va orientada nuestra reforma, hacia ellos porque queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere”, dijo en su argumentación final.

También se dirigen los cambios a “los lavadores de dinero, para los delincuentes de cuello blanco, para la delincuencia organizada”.

Hay, sostuvo Monreal, “miles y miles de recursos de impugnación, de solicitudes de nulidad, interpuestos por despachos, grandes despachos que defienden a empresarios o a gente poderosa”.

Son 2,073 créditos fiscales ”que empresarios poderosos se resisten a pagar” y 2, 066 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, con un monto superior a los 100,000 millones de pesos, admitió.

A media noche, Monreal había asegurado que no habría retroactividad, pese a la reserva, presentada casi a las dos de la mañana. Dos horas después reconoció que ahora todos esos juicios podrán terminar y ser cobrables los créditos fiscales.

El morenista Ricardo Mejía Berdeja aclaró que la retroactividad para todo, como propuso el Senado, era inconstitucional.

Ahora, con el transitorio las etapas afectarán solo actos futuros y se conservarán íntegros los actos aplicados, “esta reserva no abre ni invalida actuaciones válidas. No borra pruebas desahogadas…no cancela suspensiones ya concedidas” por lo que se apega a la Constitución y “armoniza miles de asuntos en trámite”.

Pero la oposición, con voz de Emilio Licona, del Revolucionario Institucional (PRI), Juan Ignacio Zavala, de Movimiento Ciudadano, argumentaron que no se trata de una ley procesal que solo se trate de reglas sino una ley que garantiza derechos, por lo que no es aplicable ninguna retroactividad.

El priista Alejandro Domínguez explicó que si bien no se podrá cambiar la litis a juicio ni los actores, con este transitorio, van a cambiar la regla del juego cuando ya tienen determinado hacia dónde van en un procedimiento.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, aseguró que son “tres trampas”. “El que tiene una suspensión ya ganada, en la revisión la va a perder; el que tiene algo ganado en el futuro, lo va a perder; están haciendo retroactiva la ley”, advirtió.

Corrigen al Senado…y a Sheinbaum

Por primera vez desde que existen los foros de parlamento abierto, creados en 2019, se atendieron algunas de las observaciones de los especialistas que comparecieron el viernes, sábado y domingo.

Las enmiendas versan sobre los requisitos que deberán valorar los juzgadores al conceder la suspensión de actos reclamados.

Al argumentar a favor de esos cambios, el diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, y Mariana Benítez, secretaria, ambos de Morena, admitieron que era necesario cambiar la minuta pues iba en contra de la Constitución y además para evitar cargas adicionales a los ciudadanos.

Una modificación fue eliminar del artículo 128 la figura “interés público”, propuesta por la presidenta Sheinbaum, como uno de los elementos que no deben afectarse al conceder una suspensión de actos reclamados.

En el parlamento abierto cuando menos los abogados Andrés Aguinaco Gómez Mont, Roberto Gil Zuarth, Ricardo Cervantes y José Ángel Santiago Abrego alertaron sobre ese nuevo concepto no definido ni regulado en ninguna ley, lo que también fue objetado el lunes por la diputada y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

Según la exposición de motivos de la iniciativa, la presidencia equiparó ese concepto a “interés de la administración”, es decir, del gobierno federal o estatales, según sea el caso.

A propuesta del diputado Julio César Moreno, se eliminó ese concepto, de modo que ahora los jueces sólo deberán ponderar “el interés social, y las disposiciones de orden público”, como ocurre hoy.

“Proponemos eliminar el concepto confuso de interés público que resulta ajeno al espíritu y a la historia de la ley de amparo. Este término podría abrir la puerta a interpretaciones amplias o discrecionales que permitan al juzgador negar una suspensión bajo cualquier argumento”, expuso Moreno.

La panista Margarita Zavala objetó que la redacción aún dejó que los juzgadores deberán negarla si se priva “a la sociedad de beneficios que originariamente les corresponden” y eso se debió corregir también pues “eso es populismo y deja demasiado abierta la decisión”.

En esa misma reserva se acordó eliminar que para que procedan suspensiones el quejoso deba acreditar “que de ejecutarse el acto (impugnado) se puedan causar daños de difícil reparación”.

Moreno Rivera explicó que eso fue eliminado desde la reforma constitucional de 2011 cuando se le dio a ésta un enfoque de derechos humanos, por lo que no podía dejarse en la nueva ley.

Sin embargo los diputados de Morena reprocharon que aun con esos cambios solicitados por la oposición ésta no los haya aprobado: “¡Nada les embona, nada les gusta¡”, tronó Benítez Treviño.

Para la morenista, la oposición es floja e ignorante, pues no acudió a los foros del fin de semana, aunque los aludidos, diputados del PAN y el PRI cuestionaron que los foros fueron irregulares, se violó el acuerdo unánime sobre el mecanismo con que se organizarían y ni siquiera se hizo una relatoría de propuestas recibidas y a discutir.

Otra modificación a la minuta, también planteada por los expertos del foro, como Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, se refiere a la posibilidad de que los negocios o empresas puedan continuar sus actividades (ventas, producción), si ya contaban con un permiso o concesión previo a un proceso de amparo.

Sapién había alertado el riesgo en 136 actividades económicas si no había corrección. La modificación consistió en eliminar del articulo 129 como uno de los elementos que se debe de considerar que afectan el orden público, la continuación de actividades o servicios que requieran permisos o concesiones “cuando ésta haya sido revocada o se deje sin efectos, ya sea de manera provisional o definitiva”.