La reciente reforma a la Ley de Amparo plantea un escenario que preocupa especialmente al sector empresarial. El amparo ha sido históricamente una herramienta que permitía reaccionar frente a actos de autoridad que ponían en riesgo la operación y continuidad de las empresas. Sin embargo, con los cambios aprobados, ese margen de defensa se reduce de manera considerable.
#ColumnaInvitada | Reforma al amparo. Incertidumbre para las empresas mexicanas
La discusión sobre el amparo no es un debate técnico que deba quedarse en las aulas de derecho. Es un asunto que toca la viabilidad de las empresas, la creación de empleos y la atracción de inversión.
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Uno de los aspectos más delicados es la obligación de agotar recursos administrativos antes de poder acudir al amparo. Esto puede sonar razonable en apariencia, pero en la práctica significa que una compañía tendrá que esperar a que la burocracia resuelva antes de poder pedir la intervención de un juez, incluso en casos urgentes como el congelamiento de cuentas bancarias o la cancelación de sellos digitales. A esta restricción se suma la supresión de la suspensión provisional y la virtual anulación de la definitiva, que solo podría concederse cuando el juzgador estime acreditada la licitud de los fondos. El problema es claro: la autoridad quedaría facultada para bloquear cuentas de manera unilateral y sin control judicial efectivo, amparándose —o pretextando— su vínculo con operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. Este diseño colisiona con la Constitución y la jurisprudencia, pues de inicio obliga al ciudadano a demostrar la legitimidad de su patrimonio. En suma, ensancha la discrecionalidad y abre la puerta al abuso.
Finalmente, lo más preocupante es la retroactividad de la ley en los juicios de amparo. En términos coloquiales: “Es como firmar una hipoteca con condiciones claras y que, a mitad del plazo, el banco te diga: ‘qué crees, ahora aplican otras tasas y penalizaciones’.” El proceso comenzó con reglas determinadas y así debe concluir. Lo contrario instala incertidumbre jurídica y multiplica los riesgos.
Sin embargo, se vislumbra una posibilidad de reconsideración por parte de las y los diputados, quienes perfilan la eliminación de ese artículo. La moneda está en el aire, las comisiones de la Cámara de Diputados acordaron realizar audiencias públicas con la participación de especialistas, organizaciones y autoridades, para determinar el camino de este transitorio.
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A modo de conclusión, la discusión sobre el amparo no es un debate técnico que deba quedarse en las aulas de derecho. Es un asunto que toca directamente la viabilidad de las empresas, la creación de empleos y la atracción de inversiones. Limitar el acceso a la justicia no fortalece a las instituciones, las debilita. En lugar de cerrar puertas, el Estado mexicano debería concentrarse en mejorar la eficacia de los procedimientos administrativos y en generar mecanismos de control más ágiles y transparentes.
La reforma, tal como está planteada, abre más preguntas que respuestas. Para los empresarios, la preocupación no radica en la teoría, sino en la práctica: ¿cómo seguir confiando en un sistema que les exige paciencia mientras les asfixia en el camino?
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Nota del editor: Ingrid Sánchez es Directora General de Contenidos en DAP y especialista en derecho constitucional. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden directamente a la autora.
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