El legislador justificó los cambios y dejó a la historia y a la academia valorar si son correctos o no, por ejemplo la nueva figura de “interés público”. Todo esto, dijo, “en defensa de una visión diferente que nosotros tenemos, que choca con la visión tradicional que se tenía de las instituciones y de las leyes”.
“Se busca si, como en todo lo demás, como lo hicieron antes, el PAN, luego el PRI y luego el PRI nuevamente, imponer su visión y lo consiguieron y lo respetamos. Buscamos ganarles en elecciones cómo derrotar esa visión. Ahora cuando gane la oposición también va a buscar modificar esto que estamos ahora planteando”, expuso.
En su argumentación Godoy agregó: “lo hacemos pensando en el bien superior de la nación. Nos podemos equivocar como se han equivocado otros gobiernos con una visión neoliberal. Nosotros también nos podemos equivocar pero será el tiempo el que decidirá esto, las leyes son perfectibles''.
“Seguramente mucho de lo que hoy hacemos será cuestionado dentro de 10 o 15 años”, dijo.
Rechazan la reforma
Tras concluir el Parlamento Abierto sobre la minuta de Ley de Amparo en unos minutos se realizará la dictaminación y el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, dijo que ya hubo de entrada una modificación relevante.
“El proyecto de dictamen ya viene con un cambio, que es la eliminación del efecto retroactivo de la reforma y seguramente van a venir varias propuestas”, expuso.
En las tres sesiones del foro, realizadas el viernes, sábado y lunes participaron 30 ponentes y ninguno defendió los cambios.
El 100% de los expertos expresaron sus dudas e incluso sus alertas sobre las consecuencias que, de aprobarse, tendrán las reformas en los derechos humanos, el sector económico y los intereses colectivos.
Por ello al término la diputada panista Margarita Zavala dijo que “es importante que no le pongamos prisa, sino que revisemos profundamente lo que estamos haciendo, porque es una reforma de muy difícil punto de regreso Los abogados y el pueblo no lo merecen”.
En la sesión de este lunes, una parte de los ponentes plantearon que la reforma busca no dejar caminos a los jueces y ordenarles negar suspensiones prácticamente para todo.
Roberto Gil Zuarth, exlegislador panista, expuso que los cambios establecen “reglas tajantes, una especie de check list, una suerte de mecánica en que el juez tiene que ir determinando paso a paso si se puede conceder o no la suspensión”, y si bien elimina discrecionalidad, se da esta a los jueces revisores.
“Parece una señal de desconfianza al juez electo popularmente. probablemente hay razones. Si la legitimidad democráticamente electa implicaba atar al juez a la voluntad popular, parece que ésta es una medida contramayoritaria del legislador. Le quitas discrecionalidad al juez electo popularmente y lo sustituyes por reglas de actuación”.
La jurista y catedrática de la Escuela Libre de Derecho Luisa Conesa Labastida planteó también que los nuevos juzgadores carecen de contexto para valorar los casos con los antecedentes jurisprudenciales.
