En diciembre la bancada de la “Cuarta Transformación” que encabeza Morena no alcanzó en la Cámara de Diputados la mayoría calificada para aprobar la reforma electoral a nivel constitucional.
De inmediato el mismo día, sin pasar por comisiones para dictaminación, se discutió y votó el llamado “Plan B” de reforma, consistente en cambios a seis leyes secundarias para lograr el mismo efecto, sobre todo de reducir al INE y su estructura y flexibilizar las reglas que prohíben a los servidores públicos hacer campaña.
El “Plan B” se votó en dos minutas, una con reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El otro paquete del “Plan B” fueron reformas a la Legipe, Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), y la derogación de una ley con emisión de una nueva, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
De madrugada el Partido Verde (PVEM) y del Trabajo (PT), aliados de Morena, consiguieron introducir –sin la presencia de la oposición, que se retiró en protesta por el fast track- reformas a diversos artículos de la Legipe y de la LGPP.
El objetivo fue permitir a los partidos hacer “guardaditos” con financiamiento público, mantener su registro con sólo alcanzar 3% de votos en 17 de 32 entidades, y vía la “cláusula de vida eterna”, firmar convenios de coalición para fijar antes de las elecciones la votación que les sería reconocida, con lo que podrían garantizar su registro como partidos sin siquiera hacer campaña.
La minuta fue remitida al Senado, que al analizarla en comisiones modificó gran parte de lo aprobado por los diputados y de paso eliminó esa “cláusula de vida eterna”. Pero en la votación en el pleno senatorial el PVEM propuso y logró que se volviera a incluir la polémica reforma en el paquete aprobado.
