Martha Tagle: la propuesta de Zaldívar sobre feminicidios presenta riesgos

La propuesta del ministro se presentó este miércoles 6 de junio en el Senado, en un escenario en el que se encuentra en la congeladora una minuta que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, aprobada en marzo de 2021 por la Cámara de Diputados, para establecer un tipo penal modelo para todo el país.

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Debido a ese atraso en legislar, persisten en el país 33 tipos penales de feminicidio distintos: uno federal y 32 locales. El marco lo completa una ley general que busca combatir la violencia contra las mujeres, no solo el feminicidio.

A la diversidad de códigos que eleva la probabilidad de la impunidad, para el combate a la violencia de género cada vez hay menos presupuesto.

Según la Secretaría de Hacienda (SHCP), al primer trimestre del año no se había ejercido un peso en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que se presumen como sitios en los que las mujeres tienen acceso a servicios gratuitos de atención integral, ofrecidos por personal capacitado y “donde reciben un trato digno y en resguardo de su privacidad”.

Tampoco se habían erogado recursos para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, lo que tiene en riesgo de extinción a 75 centros de la Red Nacional de Refugios, al que –denunciaron a fines de mayo- no se les habían entregado 420 millones de pesos ya presupuestados.

Más aun, a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas responsable de investigar los feminicidios y otras violencias se le recortaron recursos para este año.

Tampoco se han generado los lineamientos para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) acceda a recursos. Casi a mitad del año, en mayo, se emitieron los lineamientos para los refugios, y a eso se suma que hay 25 alertas de violencia de género en contra de mujeres en 643 municipios de las 22 entidades del país, pero estas no se acompañan con recursos o cambio de políticas.

Por eso, entre otros elementos, es que Tagle valora que más que una nueva ley se requiere fortalecer la existente, una política presupuestal que de prioridad a la atención a las mujeres, y voluntad para cumplirla, desde los poderes Ejecutivo y Judicial, sin desconocer que el Legislativo tiene pendientes.

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“La principal aportación del poder Judicial debería ser ¿Qué están dispuestos a hacer en el poder Judicial para que ministerios públicos, fiscalías y jueces actúen, modifiquen conductas, formas de juzgar, y acaben con la impunidad?”, considera.

Sobre esto, el ministro ha ofrecido que en breve presentará ante las fiscalías una guía para investigar feminicidios con perspectiva de género.

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En entrevista, la exlegisladora feminista explica sus primeras impresiones de la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el feminicidio, presentada por Zaldívar.

Hoy, a nivel federal el tipo penal de feminicidio se acredita cuando se presenta al menos una de siete “razones de género”, entre ellas que esté involucrado un hombre cercano a la víctima, cuando hay una relación de subordinación, amenazas, privación de la libertad, abuso sexual o lesiones degradantes.

En su documento, el ministro propone agregar nuevas, para que cuando se presenta alguna de un total de 17 circunstancias, se considere la existencia de un feminicidio.

Sin embargo, Tagle expone que en la propuesta "se ve al feminicidio como un hecho delictivo individualizado y no como producto de la violencia feminicida, tal como lo conceptualiza la actual Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin violencia, que si bien es perfectible, sería mejor fortalecerla y no generar una nueva”.

La razón es que esa ley contempla una visión más amplia de la violencia feminicida y no solo el feminicidio. "Este no es solo un homicidio doloso de mujer, sino que hay que entender las razones de género, que me parece quedan ausentes en el proyecto", observó.

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Explicó: “Incluye mecanismos por los cuales se puede identificar desde que una mujer llega al hospital víctima de violencia, y desde ahí se puede atender y darle seguimiento con atención médica, jurídica y sicológica para evitar que después se termine siendo una víctima de feminicidio”.

Es decir, el marco legal “ya rebasa solo el tema del feminicidio, da una visión más amplia, pero no se ha aplicado a cabalidad porque no se le han puesto ni los recursos, ni la voluntad para hacerlo”.

En tanto, de la revisión de la minuta –pendiente en el Senado- se desprende que se incluyó, a recomendación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, una redacción que reúne la privación de la vida de una mujer como conducta principal, más la actualización de alguna circunstancia que implique dolo por razón de género, y que exige la investigación de esta o estas.

Y eso es lo que hace la diferencia sustancial entre el tipo penal de feminicidio con el homicidio. Los diputados aprobaron esta redacción: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Se considera que existe una razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias y se detallan siete".

En cambio, en su propuesta, Zaldívar lo trata “como un homicidio más”, con diversas "circunstancias", sin causa de género, solo que la víctima es mujer.

Su propuesta de artículo 26 indica: “Comete el delito de feminicidio la persona o las personas que priven de la vida a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias o con alguno de los objetivos o motivos que se mencionan”.

La historia detrás del tipo penal

Tagle reconoció que pese a todo, la propuesta de Zaldívar es una buena oportunidad de discutir el tema porque "cualquier esfuerzo que se haga es importante, pero no es solo un asunto de perfeccionamiento de las leyes, al final de cuentas el problema no ha sido la falta de la ley, sino de voluntad, que al final se expresa en acciones y recursos".

Al menos, expuso, hay una diferencia con el escenario de principios de febrero de 2020, durante la 64 Legislatura, en que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, intentó eliminar el tipo penal del feminicidio con el argumento de que era muy difícil para los ministerios públicos acreditar ese tipo de crimen.

En esa fecha, en reunión privada en la Cámara de Diputados, Gertz planteó ante los legisladores considerar como feminicidio el "homicidio en contra de una mujer"; es decir, que era una especie de agravante del homicidio doloso, y dejar de lado las razones de género y la violencia feminicida.

La reacción de rechazo fue tajante. Eso llevó a que se unificaran en el grupo de igualdad sustantiva legisladoras de todas las fuerzas políticas, para ir en contra de la intención del fiscal e impulsar, entre otros temas, de un tipo penal modelo de feminicidio.

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Gertz argumentó entonces “aspectos técnico jurídicos” que, dijo, obstaculizan llevar los casos de feminicidio ante los jueces tal como estaba –y sigue hoy– el artículo 325 del Código, lo que impedía concluir con sentencias condenatorias.

“Cuando un tipo penal es sumamente complicado no ayudamos a la víctima, tiene que ser un tipo penal con una objetividad tal que cuando llegamos con los jueces no se vengan abajo los casos”, dijo días después, al justificar la propuesta que detonó en escándalo.

Pero diputadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) insistieron en que lo que le falta a autoridades de persecución del delito y procuración de justicia es perspectiva de género, no un cambio de redacción.

No obstante, hubo una coincidencia. Como denunció el fiscal, la Cámara de Diputados le dejó sin recursos suficientes.

“En el presupuesto ahí si déjenos decirles, ustedes nos quitaron el presupuesto”, dijo. “Recibimos la FGR con un déficit presupuestal y deuda de 1,400 millones de pesos y además nos redujeron más que a ninguna entidad de este país, nuestro presupuesto (…) ahí sí somos víctimas… nos dieron palo”, les dijo.

¿Y qué pasará en los estados?

Otra observación es al artículo 2º transitorio, de la propuesta de Ley General para prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, en el que se propone: “Se derogan todos los tipos penales de feminicidio previstos en el Código Penal Federal y en los ordenamientos estatales, a partir de la entrada en vigor de esta Ley”.

Sin embargo, aunque se plantee que solo deba existir un nuevo y único tipo penal, no se puede ordenar solo la derogación de lo existente en códigos locales, “si se sacan de ahí, aunque sea un delito especial colocado en una ley particular, quedaría fuera de los códigos penales locales, siendo que finalmente el feminicidio se investiga como un delito del fuero común”, refiere Tagle.

Añadió que “no queda muy claro", al quitarlo de códigos penales estatales a quién le correspondería siendo que los ministerios, las fiscalías en los estados, se basan para sus actuaciones en los códigos penales estatales.

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Es decir, para investigar un feminicidio, la autoridad local tendría que basarse en la Ley General que se propone pues como se plantea, quedaría derogado de los códigos penales locales.

En todo caso, destaca que como ocurre en algunas reformas legales, “se ha mandatado a los congresos locales para que en cierto plazo realicen las adecuaciones legales correspondientes, pero no se derogan por decreto y se deja así … sería algo que tendrían que revisar los legisladores”.

Los riesgos y avances

La propuesta de Zaldívar contiene algunos elementos que deberán corregir los legisladores. Por ejemplo, se plantea que feminicidas pierdan la custodia de sus hijos, pero eso impactaría al Código Civil y no se propone reformar ese ordenamiento.

Por eso, Tagle plantea que los legisladores “se lo tomen con más calma, que no la asuman solo porque la proponen desde la SCJN. No deben dejar de lado su facultad”.

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En otro apartado, la propuesta del ministro establece eliminar eximientes y atenuantes a la hora de juzgar a una persona presunta feminicida, de modo que no podrá intentarse justificar el crimen por usos y costumbres, los celos, “la emoción violenta, ira, provocación por parte de la víctima, el honor”.

Sin embargo, en su redacción de artículo 27, sobre las penas, sí contempla atenuantes. Incluso reducir la pena de cárcel, en una cuarta parte, si la feminicida “es una mujer y lo hizo debido a una situación de sometimiento psicológico o físico con el autor principal”.

Entre los avances, en cambio, se obligaría a que toda privación de la vida de una mujer, incluso cuando pareciera no haber motivos criminales, “como suicidio y accidentes, debe ser investigada como un probable feminicidio”.

Y en todos los casos deberá indagarse “los antecedentes de violencia del agresor contra la víctima, aun cuando no hubiera denuncias previas”.

Muchas propuestas, en riesgo recursos

Respecto a la actuación de los Ministerios Públicos se incorporan nuevos elementos que les permitirían salvar obstáculos. Pero no se establece la obligación de la Cámara de Diputados o del Ejecutivo a proveer recursos suficientes para que se cumpla lo propuesto.

Por ejemplo se considra que el MP pueda solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, “autorizar el seguimiento de personas hasta por un periodo de un mes” e incluso ampliar a seis meses; “autorizar la colaboración de informantes”, fotografiar y videofilmar la escena de los hechos, y que “todo el personal que interactúe con la escena debe estar capacitado”.

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“Se podrán ordenar y realizar peritajes especializados” además de “peritajes psicológicos y de antropología social a los probables responsables”.

La propuesta de ley se presenta también como innovadora en prevención y reparación de daño. Sin embargo, ante el escenario de recorte presupuestal o subejercicios estaría en duda su viabilidad de su cumplimiento.

Es el caso del apartado que indica que “el Estado debe asegurar el sustento de las personas dependientes de la víctima de feminicidio y delitos vinculados”, así como de sus deudos dependientes, como personas con discapacidad y personas adultas mayores.

O bien, se propone que haya “capacitaciones obligatorias y continuas en derechos humanos desde una perspectiva de género” para todas las autoridades que intervengan directa o indirectamente en la investigación de los delitos de feminicidio e inducción al suicidio”.

La creación de una base de datos nacional de mujeres y niñas desaparecidas y “un banco genético confidencial que contenga información de las mujeres y niñas desaparecidas” serían otros de los elementos para los cuales, hasta hoy, no ha habido recursos.

Respecto a ellos solo se menciona que el Gobierno federal y los gobiernos de las entidades deberán financiar la prevención, sanción y erradicación del feminicidio, asistir a las víctimas indirectas y “los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa, no serán transferibles” y deberán ser etiquetados.