La directora del OCNF agrega que, a nivel municipal, las cifras oficiales y la forma en que se investigan los asesinatos de mujeres también complican el reconocimiento del problema desde lo local.
"Muchos municipios no están todavía acreditando los feminicidios. Entonces, no podríamos decir que un municipio es el más violento o compararlo con otro, porque además se deben ver los otros delitos, los índices de violencia familiar, de desapariciones, de violencia sexual", dice la defensora de derechos humanos.
Incluso hoy en día, dice Estrada, no hay un mapeo claro de las desapariciones de mujeres para poder determinar cuál es el municipio más peligroso, y esto ocurre aun cuando las Alertas de Violencia de Género por desaparición o feminicidio identifican algunos municipios. Por ejemplo, en Guerrero hay ocho municipios con alerta, y aquel con el problema más grave de desaparición no figura en la lista.
En 2019, la Suprema Corte emitió la segunda sentencia en materia de feminicidio por el asesinato de Karla Pontigo, de 22 años, asesinada en octubre de 2012 en San Luis Potosí, un caso que la Fiscalía General del Estado (FGE) clasificó como suicidio y luego, como homicidio culposo.
La SCJN no solo ordenó reabrir la investigación, sino que recordó que las autoridades, fiscalías y jueces debían seguir las rutas establecidas desde 2015 para investigar, sancionar y lograr una reparación del daño con perspectiva de género. Hoy, el caso de Karla Pontigo está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
"El feminicidio es un delito grave en sí mismo, porque no solamente va a tentar contra la vida. Es un delito plurieofensivo que atenta contra la integridad, la dignidad, la libertad y, por último, la privación de la vida", expresa Estrada.
Existe una red de obstáculos de impunidad que hacen que la verdadera cifra de feminicidios se oculte tras lo que reporta la autoridad".
María de la Luz Estrada, directora del OCNF.