Agenda de la Corte en semana clave: caso Cuevas-Morán y dos leyes del presidente

Caso Cuevas-Morán

Pero, vamos por partes. La discusión de los temas agendados por el Máximo Tribunal Constitucional del país iniciará este lunes 28 de marzo con el proyecto elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el que propone liberar a Alejandra Cuevas y cancelar la orden de aprehensión contra su madre Laura Morán, acusadas de la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal Alejandro Gertz.

La propuesta es conceder un amparo liso y llano, con lo que después de 17 meses en prisión se cerrará este asunto relacionado con los amparos en revisión 540/2021 y 541 ambos de 2021, presentados por ambas mujeres.

Alejandra Cuevas se encuentra en prisión desde octubre de 2020, cuando fue detenida por la Fiscalía de Ciudad de México, tras la denuncia presentada en 2015 por Gertz Manero, quien las acusó de negligencia, abandono y falta de atención médica.

“En consecuencia, al no advertirse la posible actuación del delito de homicidio que a título probable se le atribuyó, procede otorgarle el amparo liso y llano, por lo cual, se deberá dejar insubsistente el acto reclamado de la jueza Sexagésima Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, establece el proyecto que hizo público la Corte el pasado martes 22 de marzo.

Ello, luego de que el Pleno desechó por diez votos contra uno, el proyecto del ministro Pérez Dayán y propuso que se elaborara un nuevo proyecto. El caso fue returnado al ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

Durante la sesión, los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucia Piña, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek, se pronunciaron por otorgar un amparo liso y llano que a Alejandra Cuevas Morán. Esto es, optaron por su libertad inmediata.

Ley de Austeridad Republicana

La Ley de Austeridad Republicana es otro de los asuntos que tiene programado discutir el Máximo Tribunal Constitucional del país el 4 de abril, tras la controversia constitucional 6/2020 que fue aceptada a trámite por la SCJN el 20 de enero del 2020. La ponente del asunto es la ministra Norma Lucia Piña Hernández.

El 17 de enero del 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó la referida controversia constitucional en contra del decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En ella se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada el 19 de noviembre del 2019, por lo que la Cofece solicita invalidar varios artículos y fracciones de dicha ley.

Principalmente, la que establece que los servidores públicos que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Y es que esa norma busca evitar la llamada “puerta giratoria”, es decir, que exfuncionarios del Estado encargados de “regular” en el ámbito de su competencia a empresas, fueron reclutados por éstas, a fin de acceder a la información privilegiada con la que cuentan.

Esta última medida, surge luego de que, en reiteradas ocasiones, el presidente López Obrador denunciara que es inmoral que expresidentes o exfuncionarios trabajen, tras dejar el cargo, en empresas privadas relacionadas a sectores estratégicos, de los cuales tuvieron información privilegiada, como la energía y la economía.

AMLO ha puesto como ejemplo de ello, el caso del expresidente Felipe Calderón, quien al término de su sexenio formó parte del consejo de la filial empresa estadounidense de Iberdrola, Avangrid, especializada en el sector energético.

Esta relación habría permitido a la empresa beneficiarse de la reforma energética del otrora presidente Enrique Peña Nieto en 2013, al convertirse en generadora de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ley de la Industria Eléctrica (LIE)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, propone avalar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el 9 de marzo de 2021, pues no vulnera la libre competencia y concurrencia. “El interés público debe prevalecer sobre el individual”, refiere.

Ortiz Ahlf hizo públicos los tres proyectos relacionados con las acciones de inconstitucionalidad 64/2021, promovida por senadores de oposición; la 44/2021 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como la 45/2021 impulsada por el gobierno de Colima, en los que solicitan invalidar diversos artículos de dicha legislación.

De acuerdo a la ministra, “se observa que el objetivo de las normas impugnadas no es que el Estado se constituya como único generador y comercializador de energía”.

Ello, dado que el objetivo es “establecer medidas específicas para el beneficio del interés colectivo y garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, a través de la modificación al criterio de despacho económico de la energía”.

“El Estado Mexicano, debe velar por el desarrollo nacional integral y de manera sustentable, fortaleciendo la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales”, refiere el texto.

De igual forma, la ministra deja claro que el Poder Legislativo fue dotado de plena libertad configurativa, especialmente considerando que el Estado debe garantizar el acceso a la energía eléctrica, tanto como un servicio y como un derecho humano, “lo cual acredita sin lugar a dudas, que las reformas en cuestión atienden un interés público que debe prevalecer sobre intereses de particulares”.

Y argumenta que no se violentarían os tratados comerciales internacionales, al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que se trata de una empresa productiva del Estado, y no de una privada.

“Este Pleno considera que el principio en cuestión necesariamente requiere que el Estado Mexicano esté dando un trato favorable a una parte inversionista o inversión de otro Estado Parte. Es decir, la obligación consiste en que el Estado Mexicano no otorgue ventajas a inversionistas de otros países”, establece la ministra en el proyecto.

Al respecto, “se observa que la argumentación de la parte accionante está encaminada a demostrar que se está dando un trato preferencial a la Comisión Federal de Electricidad como empresa cuya propiedad es del Estado Mexicano y no a una empresa de otro Estado distinto al mexicano”, se señala en el documento.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, informó que el próximo 5 de abril se analizarán las controversias sobre la Ley de la Industria Eléctrica.

Y …mientras en la Cámara de Diputados

El pasado 28 de febrero, la Cámara de Diputados clausuró el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, que deberá ser discutida en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados a partir de la próxima semana en sesión permanente.

En ese contexto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, adelantó que la independencia de un país se mide en litros y watts con lo que los combustibles están directamente ligados a la seguridad sanitaria, económica y nacional.

La víspera, el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, detalló, sin embargo, que no existe todavía una fecha definida para votar el proyecto en el Pleno.

“Se votó un acuerdo que establece el método de trabajo para empezar la etapa del proceso legislativo de dictamen, para, primero, constituir las dos comisiones dictaminadoras en una sesión permanente en los primeros días de la semana próxima”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en su conferencia mañanera de este viernes 25 de marzo que, de aprobarse la reforma eléctrica, que busca fortalecer a la CFE frente a empresas privadas, se renegociarán los contratos “leoninos” y garantizó que se pueden alcanzar acuerdos para que nadie salga perjudicado.

Y sobre la propuesta de del senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo de Morena, en el sentido de que la iniciativa podría tener modificaciones, pues de lo contrario provocaría una “sangría” de inversiones que afectarían al país, López Obrador le dijo que está desinformado.

"Está desinformado porque no hay pérdidas; al contrario, gana el pueblo de México, cualquier diputado, senador debería estar pensando lo que le conviene al pueblo. El único amo que tiene un servidor público es el pueblo. Los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son negocios públicos", expresó el mandatario federal.

A Gertz le espera el asunto UDLAP

Tras la resolución que dicte la Corte en el caso Cuevas-Morán, al fiscal Alejandro Gertz Manero le espera otro asunto: los amparos relacionados con la Fundación Mary Street Jenkins, dueña de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en contra de las órdenes de aprehensión emitidas por presunto lavado de dinero y desvío de recursos, delitos de los que fueron acusados por el ahora fiscal Alejandro Gertz Manero.

Y es que el pasado 16 de marzo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aplazó la discusión que estaba programada en la Primera Sala, mediante la cual se determinaría si la Corte atrae o no los amparos tramitados por la referida familia.

Fue en 2007, cuando Gertz Manero en su carácter de rector de la Universidad de las Américas pidió al apoderado legal de la institución, Juan Ramos, que iniciará un litigio contra la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la familia Jenkins por el uso de la marca y nombre comercial “Universidad de las Américas”, desde entonces la disputa legal entre el ahora fiscal general y los Jenkins no ha salido de los tribunales.