Legisladores de diversos partidos políticos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica del Ejecutivo Federal, pues atenta contra los derechos humanos y el libre mercado.
Además, porque viola los principios básicos de legalidad, socava la autonomía y se contrapone al espíritu de lo establecido en la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.
El 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Un juez federal en materia de competencia otorgó una suspensión de todos los efectos de la reforma a la referida Ley aprobada el 2 de marzo.
“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE, publicado en el Diario Oficial el 9 de marzo de 2021”, según refiere el acuerdo.
El recurso de inconstitucionalidad de los legisladores tiene como fundamento en los artículos 94 y 105 de la Constitución.
En la exposición de motivos de la “Demanda de acción de incostitucionalidad promovida por diversos senadores integrantes del Senado de la República”, recibida a las 2:55 de este martes en la Corte, según el acuse de recibo, se destaca entre los motivos de la misma, que se atentan en contra de derechos humanos al limitando el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano.
También se atenta con el Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpia y transición energética de los que México es parte.
Otros de los motivos son la violación a los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna y que se atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales (T-MEC1 y TIPAT2) del cual que nuestro país es parte.
Además, socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
“La contradicción entre la LIE y la Constitución precisa violaciones específicas a los artículos constitucionales: 1º, 4º, 6º, 14, 16, 25, 27, 28 así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 (mandato para distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía)”, refiere la controversia.
Por todo lo anterior, los legisladores de diversas fuerzas políticas anunciaron sucompromiso con los derechos humanos, con un medio ambiente sano, con el principio de legalidad, la libre competencia y la generación de energías renovables y limpias.
