Las prioridades del presidente
En conferencia mañanera del 15 de junio de 2021 el presidente López Obrador marcó la agenda legislativa de prácticamente su segundo trienio de mandato.
Ahí anunció la reforma eléctrica, pero también el envío de otras dos iniciativas de cambio constitucional que hoy están en ciernes: una para adscribir la Guardia Nacional al mando militar y otra, para una reforma electoral.
Esos tres temas son las prioridades de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, donde legisladores de ese partido han expuesto propuestas, pero están en espera de lo que les mande el Ejecutivo.
En el caso de la Guardia Nacional, López Obrador detalló que se propondrá que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como existe la Fuerza Aérea, para que esta no se corrompa.
En tanto, sobre la inminente reforma electoral expuso que buscaría abaratar los costos de los comicios y eliminar a los legisladores plurinominales, a lo que ha agregado la conveniencia de renovar completos a los órganos y tribunales electorales.
El pasado 29 de diciembre, en su conferencia, reiteró que enviará una iniciativa en ese sentido. “Todavía no tenemos los detalles. Sí se está trabajando y lo que queremos es (...) que sean verdaderos demócratas los responsables de organizar las elecciones, gente de inobjetable honestidad (…) mujeres, hombres íntegros, rectos, incapaces de mentir, de torcer la ley, honestos, no corruptos”.
Pese a la definición de esos tres temas del interés presidencial, el politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y también experto en temas legislativos Fernando Dworak considera que es posible que se busque polarizar en esos asuntos, se concreten o no cambios legales.
“No estoy seguro de que el presidente tenga interés en que se apruebe la reforma eléctrica o electoral. Tal vez sólo se tenga la intención de generar la atención mediática hacia su figura para afianzar su popularidad; si no es para aprobar esas reformas, sí para lograr otros objetivos”.
Por ejemplo, recuerda, en 2023 concluirán su encargo cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) “y si el presidente se ve fortalecido puede presionar, si no para una reforma electoral a su modo, sí para tener al menos dos o los tres consejeros a renovar”.
Bárcena, de Buró Parlamentario, considera que la Coalición gobernante dará prioridad en estos primeros meses al proceso de revocación de mandato y eso “va a dar pie al intento de reforma electoral” que podría estar a discusión hasta el segundo periodo ordinario, en septiembre.
Entonces –estima– estarán a debate la regulación de financiamiento público, la austeridad, el voto electrónico, la neutralidad de los funcionarios públicos en lo que la 4T ha puesto énfasis, y ajustes a las facultades y obligaciones del INE.
Cannabis, ¿ahora sí?
Otro pendiente desde hace ya dos años es el de la regulación de la cannabis. En el ínter ha habido resoluciones judiciales y pronunciamientos de la Suprema Corte, el más reciente del pasado 28 de junio, en que declaró la inconstitucionalidad de enmiendas a la Ley General de Salud y eliminó la prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de marihuana con fines lúdicos.
La Corte ordenó al Congreso establecer un nuevo marco jurídico respecto a ese derecho de autoconsumo recreativo a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas.
En este tema, es el Senado de la República el que lleva mano y ya tiene listo un proyecto de iniciativa de ley para la regulación.
El senador Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) asegura que ya hay acuerdos suficientes como para que salga en el periodo ordinario de febrero, y a diferencia de otros intentos, ahora se regulará por separado lo que tiene que ver con el cannabis para uso lúdico y el cáñamo y sus usos industriales.
La primera regulación se propone para su uso recreativo, pero los temas de gramaje y tratamiento penal y administrativo serán aún ultimados en las semanas por venir, de modo que en el periodo ordinario que comienza en febrero podría ser uno de los temas más importantes a legislar.
Nuevas polémicas en puerta
Otra materia en el que la SCJN marcó, en sentencias del 7, 19 y 21 de septiembre la ruta a seguir para legislar, se refiere a la “autonomía reproductiva”, es decir, el derecho de las mujeres a decidir sobre la propia maternidad, al declarar la inconstitucionalidad de la prohibición total del aborto, la invalidez de la objeción de conciencia médica y la negativa a dar personalidad jurídica al embrión.
Los legisladores deberán asumir esos criterios. El 23 de noviembre en Comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen de 50 iniciativas que involucran reformas a 28 artículos constitucionales en materia de “igualdad sustantiva y género” que fue trabajado en parlamento abierto en la anterior legislatura.
Pero ante el rechazo de organizaciones religiosas, todas las bancadas en la Jucopo acordaron meter freno y posponer el tema para aclarar los argumentos vertidos en redes sociales que advertían daño a las familias, las mujeres y los niños con lo el dictamen.
En México se hace historia al declarar inconstitucional castigar el aborto
En la agenda del periodo ordinario próximo se espera que prosperen las enmiendas, con apoyo de todos los partidos, y el PAN sólo en algunas partes.
De acuerdo a los grupos en contra, los senadores pretenden legalizar la “ideología de género” y rechazan términos como la “educación sexual integral” o la “autonomía reproductiva”, que señalan como legalización del aborto, además de que se oponen a modificar la definición del matrimonio como la unión entre una mujer y un hombre.
