Durante los últimos tres años bajo la figura de “Parlamento Abierto” se celebraron 111 audiencias públicas y 30 foros, en los que prácticamente todos los sectores de la sociedad aportaron diagnósticos, opiniones y propuestas, pero la mayor parte fueron ignorados.
Al final de esos foros, las iniciativas presidenciales o bien las presentadas por las bancadas de los partidos “de la cuarta transformación” y que estuvieron a debate, no fueron modificadas con insumos provenientes de estas sesiones.
En marzo de 2019, la Cámara aprobó las reglas para inaugurar en el país la figura novedosa de Parlamento Abierto, de manera sintética considerado como un modelo que “pone a la ciudadanía en el centro de sus procesos y decisiones”.
Por eso, durante casi dos años y medio se recibió en San Lázaro un sinnúmero de propuestas y estudios especializados y/o ciudadanos, convocados a debatir y proponer sobre muy diversas temáticas. Sí hubo voces de la sociedad civil o expertos fueron escuchados y atendidos.
Sin embargo, las victorias fueron relativas, pues los casos de ese tipo fueron escasos y siempre en temas donde no hay divergencias entre partidos, no son polémicos e incluso había acuerdos de antemano. Estos fueron los relativos a derechos sociales, o en pro de las comunidades afromexicanas.
Una revisión de los Parlamentos Abiertos realizados en la 64 Legislatura, misma que inauguró esa modalidad, y las reformas legales, constitucionales o nuevas leyes que finalmente se aprobaron, arroja que, pese a que se oyeron muchas voces, la decisión original del bloque Morena, Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Partido Verde (PVEM) no fue modificada en temas sustanciales.
De acuerdo con el "Libro Blanco en materia de parlamento abierto. Acciones estratégicas”, publicado por la Cámara de Diputados en agosto pasado, hubo 111 audiencias públicas.
Únicamente se reconoce que 50 audiencias “impactaron en una iniciativa, un predictamen, 20 dictámenes elaborados por las comisiones legislativas y, finalmente, 17 decretos de reforma, adición, abrogación o creación de nueva legislación mexicana”.
Sin embargo una revisión entre lo propuesto originalmente, sobre todo en iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador o su partido en temas controversiales y el resultado tras los foros, arroja que lo expuesto en los Parlamentos Abiertos no modificó las decisiones.
Incluso, podría decirse que en la mayor parte de los casos se cumplió lo que hoy se ha convertido en un slogan: “sin cambiarle una coma”.
Así pasó en los Parlamentos sobre la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), la Ley de Amnistía, o los 10 parlamentos abiertos para analizar la operación de 44 fondos o fideicomisos, incluidos los de protección civil, el de protección a periodistas, apoyos a la cultura, el cine o a extrabajadores migratorios.
En el caso de la creación del Insabi, por ejemplo, ni siquiera se procesaron las propuestas recibidas en Parlamento Abierto.
La noche del 12 de octubre de 2019 la Comisión de Salud de San Lázaro convocó a sesión de forma exprés, fuera de reglamento, sin conocer los resultados de esos foros y sin dictamen de impacto presupuestal. Los legisladores de la 4 T votaron a favor, horas después de que el presidente López Obrador anunciara la creación de ese Instituto, ese mismo día, en su conferencia mañanera.
El viernes 11 de octubre de 2019, un grupo de 19 expertos participó en Parlamento Abierto sobre los impactos de las reformas hechas por el Senado a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, en materia de facturación falsa y defraudación fiscal (empresas fantasma).
A esa minuta del Senado no se le aumentó ni restó una coma, aun tras las alertas vertidas por los especialistas.
El lunes 14 de octubre del mismo año se realizó Parlamento Abierto sobre la Ley de Amnistía , enviada por el presidente a la Cámara. Prácticamente todos los participantes, expertos en derecho penal, activistas de los derechos humanos, feministas, expresaron observaciones.
A nivel federal no hay mujeres en cárcel por delito de aborto, ni personas presas por poseer drogas para consumo personal, se concluyó, pues no es un delito federal.
Esa amnistía no les beneficiaría, “lo ideal es derogar los tipos penales” a nivel federal y local, para extender el beneficio a quienes pudieran estar presos por esos delitos en entidades donde sí existían como ilícitos, concluyeron.
Otros recomendaron, si la idea era “sacar a los presos politicos”, ampliar los beneficios de la amnistía a presos por ejercer su libertad de expresión y de manifestación, e incluso crear “una gran comisión de la verdad” para no revictimizarlos prácticamente otorgándoles un perdón por algo que no hicieron.
Pero la Ley se aprobó por la Cámara, sin modificación alguna.
En marzo de 2020, se aprobó la reforma constitucional para dar rango constitucional a los programas sociales de pensión universal a adultos mayores, becas a personas con discapacidad y salud universal.
La propuesta no se modificó aunque en dos días de Parlamento Abierto media docena de expertos plantearon cambios e incluso recomendaron no modificar la Constitución, sino en su caso incluir los programas en leyes y con reglas de operación claras, para dar transparencia y efectividad al gasto social.
Otros pidieron –sin éxito– modificar la redacción, para no incorporar en la Constitución programas sociales sino, por técnica jurídica, sí incluir “derechos sociales”.
Otra muestra es el caso de los Fideicomisos. En junio de 2020, se realizaron diversos Parlamentos Abiertos, para cada caso. No hubo voces de la sociedad civil que pidieran eliminar el Fondo Nacional de Desastres, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el de apoyo al Cine (Fidecine), los Fondos de Ciencia y Tecnología, o el Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, entre muchos.
Por eso, tras los foros, en julio Morena matizó su postura y aceptó extinguir sólo cinco de 44 por desaparecer, con lo que se salvarían 39. Pero al final todos los fideicomisos se extinguieron, a una orden del presidente López Obrador, no sólo los 44 originalmente analizados, sino los 109 existentes.
El 22 de octubre de 2020, ya concretada la extinción tras la aprobación en el Senado, en una conferencia mañanera el mandatario ordenó amplias auditorias a todos los fondos y fideicomisos y “voy a dar a conocer algunos ejemplos” de corrupción.
La pasada Legislatura también fue la primera en llevar a Parlamento Abierto el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2021. Y de 6.2 billones de pesos de gasto para el año en curso al final, en el pleno, sí se reasignaron 2 mil 184 millones de pesos.
Pero el 80% de los recursos reasignados, mil 174 millones de pesos, fueron para dos programas sociales insignia de este gobierno: pensión para adultos mayores y para personas con discapacidad permanente. Temas que, aun siendo programas de apoyo social, no fueron tratados en los foros y respondieron al objetivo del presidente de duplicar los apoyos a fin de sexenio.
Aunque es una regla que no hay presupuesto que alcance y la oposición siempre exige cambios, la realidad es que entre el Paquete Económico propuesto por el Ejecutivo y el resultado final quedaron fuera prácticamente todas las propuestas vertidas en los foros.
Temas sensibles que marcaron la discusión en ellos fueron la no desaparición de los fondos, pero hasta diputados de Morena reconocieron que las demandas fueron desoídas.
El 11 y 12 de febrero de este año, se realizó Parlamento Abierto sobre la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el Ejecutivo. No sólo no se atendió ninguna propuesta vertida, sino que en el dictamen votado por la Comisión ni siquiera se incorporó la opinión negativas de la Comisión Federal de Competencia Económica, que alertó afectaciones.
En abril, al discutir una reforma a Ley de Hidrocarburos en materia de regulación asimétrica de Pemex, ya ni siquiera se aceptó convocar a Parlamento Abierto, con las formalidades de convocatoria, invitación, difusión.
En cambio, se realizó una reunión de análisis con ocho participantes, en la subcomisión de hidrocarburos de la Comisión de Energía y sin invitación al resto de los diputados o abierta, a la ciudadanía. Se dictaminó el 20 de abril y se votó en el pleno al día siguiente.
Uno de los temas que fue materia de parlamento abierto, y casi el único que podría considerarse un caso exitoso pues sí logró dar marcha atrás a la iniciativa original al establecer, como se solicitó en esos foros, que la Guardia Nacional tuviera mando civil, para evitar “la militarización” de la seguridad pública, está por revertirse en la 65 Legislatura, la actual.
El Parlamento sobre Guardia Nacional se realizó del 8 al 12 de enero 2019, con lo que se estableció la figura del "mando civil".
Pero ese resultado podría desaparecer porque apenas el 15 de junio el presidente López Obrador anunció en su conferencia matutina que enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución para “proponer en su momento que (la Guardia Nacional) forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, con lo que ahora se concretaría un mando militar.
Otras decisiones de los diputados tuvieron un cauce por fuera del Poder Legislativo.
Fue el caso del Parlamento Abierto en materia de outsourcing, realizado entre el 22 y 23 de noviembre de 2020, que generó la aprobación de reformas rechazadas por la oposición, pues no fueron escuchadas sus alertas ni las propuestas, sobre todo, del sector empresarial, principal empleador del país.
En este caso, lo ya legislado en la Cámara de Diputados sí se logró modificar, pero tras un cabildeo del empresariado directamente con el presidente López Obrador y en Palacio Nacional.
La Cámara de Diputados, ya en esta nueva 65 Legislatura, concretará un nuevo Parlamento Abierto, ahora será en materia presupuestal, y al final, tras escuchar los planteamientos de académicos, sectores y dependencias públicas, la mayoría de Morena y aliados podrán decidir por sí solos si modifican o no y en qué sentido la propuesta de gasto enviada por el Ejecutivo para 2022.
Así será pues Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde cuentan con 277 diputados de un total de 500, es decir, podrán aprobar por mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos) el paquete económico.
Pero también está en vías de convocarse un Parlamento Abierto sobre la contrarreforma eléctrica propuesta por el presidente, en la que busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recupere el control de la generación de energía eléctrica y eso pondrá a prueba la intención de escuchar propuestas.
Sin embargo, en este caso son los votos de diputados que necesita el partido en el gobierno, y de los que carece para reformar la Constitución, más que las voces de quienes participen en los foros, lo que decidirá el desenlace.
Así será porque para reformas constitucionales como la contrarreforma eléctrica, se requiere votación de mayoría calificada (334, es decir, dos terceras partes de los 500 o más precisamente, de los diputados presentes).
Por eso en materia eléctrica la voz que será tomada en cuenta será la del PRI, único partido que podría por sí mismo, con sus 71 diputados, dar a Morena y sus aliados los votos necesarios para que prospere la reforma constitucional en el sentido en el que fue propuesto.
Una muestra de la importancia real que se concederá a los Parlamentos Abiertos en el próximo trienio lo dieron los líderes de todas las bancadas al inicio de la Legislatura.
Aunque en marzo de 2019 la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y luego el pleno avalaron los “Lineamientos para la implementación del parlamento abierto en la Cámara de Diputados” así como la creación de un Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana, cuya función sería acercar al Poder Legislativo a los ciudadanos, transparentar la información y promover foros y deliberaciones, éste nunca se integró.
En esa fecha se propuso formalizar su creación, ya por ley, en una siguiente reforma al marco jurídico de la Cámara. A principios de septiembre pasado, ya en la presidente 65 Legislatura, los diputados modificaron esas normas, pero para crear cinco comisiones extra que repartir entre las bancadas y del Comité no se acordaron.
