El Gobierno de la Ciudad de México deberá poner primero a peatones y ciclistas en las planeación y decisiones sobre movilidad, propone una iniciativa presentada por la diputada local Tania Larios, del PRI.
La jerarquía de movilidad –que coloca primero a las personas más vulnerables– deberá ser considerada en la definición de políticas públicas, planes y programas materia de movilidad, se propone para reformar la Ley de Movilidad de la CDMX.
El presupuesto público también debe ser distribuido siguiendo la pirámide de movilidad, en la cual peatones –en especial personas con discapacidad o movilidad limitada– están en el primer lugar de importancia, seguidos de ciclistas, patinadores y otras formas de movilidad no motorizada.
En el último lugar de la prioridad quedan los usuarios de autos, camionetas, motocicletas y vehículos particulares, de acuerdo con la iniciativa.
“La jerarquía de movilidad (o pirámide de movilidad) es una estrategia de planificación urbana que invierte el orden tradicional de prioridad en las calles. Su objetivo es garantizar el derecho a la ciudad, favoreciendo a los usuarios más vulnerables y a los medios de transporte más sostenibles, eficientes y equitativos”, sostiene Larios al fundamentar su iniciativa.
De aprobarse, las autoridades en la Ciudad de México tendrían el deber de dar prioridad en el espacio público a áreas para peatones, ciclovías y transporte público, reduciendo el espacio destinado para vehículos particulares.
Dar prioridad a autos, camionetas y motocicletas no solo tiene un costo sobre el espacio público, también en la vida y seguridad de las personas.
Un total de 424 personas murieron a causa de hechos de tránsito –como atropellamientos, choques y derrapes– en la Ciudad de México durante 2025, mientras 31,741 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) .
El objetivo de esta reforma es garantizar la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, un derecho reconocido en la Constitución mexicana desde 2020, así como reducir las muertes y lesiones por hechos de tránsito.
A la par, sigue lo establecido por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual establece que las personas tienen prioridad sobre los vehículos.
Pese a que esta ley federal se expidió desde 2022 y daba a cada una de las 32 entidades del país seis meses para armonizar su legislación local, el Congreso capitalino tiene aún pendiente actualizar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México .
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y dictaminación.
