La reforma política de la Ciudad de México que transformó las delegaciones en alcaldías para darles autonomía, ejerzan su presupuesto y presenten iniciativas de ley, no logra impactar en la capacidad para dar respuesta a las necesidades de las y los ciudadanos.
A siete años de su publicación, los alcaldes y alcaldesas no cuentan con la independencia prometida y todavía requieren pedir permisos al Gobierno central, aunado a que los concejos tienen poca o nula incidencia.
Las alcaldías nacieron la Constitución Política de la Ciudad de México como "órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años".
La reforma cambió la estructura política y administrativa de las 16 demarcaciones territoriales, estableciendo funciones como la gestión de servicios públicos, obra pública, desarrollo urbano y participación social, y dotó a las alcaldías de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, lo que no se ha cumplido al pie de la letra.
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo desde 2021, reelecto en su demarcación en 2024, considera que realmente no se completó la aspiración de reforma política para dar autonomía a las alcaldías porque todavía hay que pedir muchos permisos al Gobierno de la ciudad para poder tomar decisiones que afectan o benefician a los vecinos.
Por ejemplo, señala que las alcaldías deben solicitar al Gobierno central autorización para contratar obra pública y servicios hasta para la compra de celulares y computadoras para el personal.
Tienen a las alcaldías es una camisa de fuerza para tomar decisiones, con todo y que la relación con el Gobierno de la ciudad actualmente es buena, no deberíamos estar sujetos a pedir permiso hasta para salir a barrer.
O en el caso de la seguridad, la alcaldía destina el 25% de su presupuesto (alrededor de 200 millones de pesos) para la instalación de centros de monitoreo, la contratación de policías y la renta de patrullas, sin embargo, estos vehículos deben ir con el balizado del Gobierno central.
“Pareciera para la gente que quien hace las cosas es el Gobierno de la ciudad, con los recursos de la alcaldía”, comenta Tabe.
Otro ejemplo de cómo las alcaldías dependen del Gobierno central en diversos rubros, es la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México aprobada en 2024, a la que el gobierno de Miguel Hidalgo se opone por considerar que centraliza los programas sociales, por lo que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Cuestiono este centralismo asfixiante, esta forma de desgastar a la administración y de tener control sobre las alcaldías que sí deberíamos tener autonomía de gestión y financiera porque fuimos electos por la gente, no somos empleados del Gobierno de la ciudad”, señala el alcalde de Miguel Hidalgo.
Para Tabe, estas restricciones y centralización de las funciones de gobierno afectan la eficacia con la cual el gobierno de una alcaldía puede dar respuesta a sus ciudadanos.
“Retrasa mucho la administración pública, retrasa las decisiones, aumenta los costos porque cada solicitud de autorización son muchos oficios, mucha espera. Hay reglas que tenemos que cambiar entre el Gobierno de la ciudad y las alcaldías”, considera el alcalde panista.
Para Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, esta transición de las alcaldías en la Ciudad de México tiene aspectos positivos y negativos.
Por un lado, en seguridad las estrategias emprendidas por alcaldes y alcaldesas quedan limitadas a programas de prevención y cuerpos policiacos para hacer funciones de proximidad, pero con elementos que aún siguen respondiendo a un mando único en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Contrasta respecto a los estados, donde cada municipio tiene su propia policía, cuya efectividad varía según la capacitación y los recursos con los que se cuente en cada municipio.
No obstante, una de las áreas en las que el compartir funciones entre el Gobierno central y las alcaldías genera conflicto es en la autorización de construcciones en la Ciudad de México.
“Muchos de los conflictos que se tienen es porque se construye sin permisos o se sobrepasan los niveles es en gran medida porque hay atribuciones que están compartidas entre las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México, entre ambos se echan la culpa y al final de cuentas quienes terminan perdiendo son las ciudadanas y los ciudadanos”, apunta López Montiel.
Con el cambio de delegaciones a alcaldías también se creó la figura del Consejo, un órgano colegiado con la tarea de supervisar y evaluar las acciones de gobierno y el ejercicio del gasto público, así como aprobar el proyecto de presupuesto. Sin embargo, los concejos de las alcaldías han tenido poca incidencia.
El politólogo del Tec de Monterrey explica que se debe a que las elecciones en cada alcaldía se dan en planillas, por lo cual si bien en los concejos hay representación de los diferentes partidos, el partido que gana la alcaldía tiene también la mayoría en ese órgano.
“Si bien hay voces distintas en el concejo de la alcaldía, no llega a ser al nivel de un ayuntamiento y no hay posibilidad incluso de los grupos opositores de bloquear algún tipo de decisión que se vaya a tomar”, señala el especialista.
Esta ha sido la experiencia de algunos concejales en las alcaldías de la ciudad. En la alcaldía Benito Juárez, gobernada por Luis Mendoza, el Concejo tuvo un buen inicio pues se instaló inmediatamente después de que el alcalde tomara posesión y trabajaron en noviembre y diciembre para la aprobación del Presupuesto 2025.
Sin embargo, se modificó el reglamento para que el alcalde pueda conectarse de forma remota a las sesiones, lo que dificulta la comunicación con los miembros señala Maribel Ramírez, concejal por Movimiento Ciudadano (MC).
“Él hace la simulación que está presente en algún dispositivo electrónico pero ha habido ocasiones este año en que ni siquiera pasa lista de asistencia (...) Le quita mucha relevancia a los temas que se tratan ahí porque no somos escuchados por el alcalde, no hay una retroalimentación, ni siquiera un cruce de miradas”, comenta.
La concejal de MC señala que, por ejemplo, tras el incendio registrado en el deportivo de la alcaldía Benito Juárez en diciembre de 2024, pidió la comparecencia del área de Protección Civil de la alcaldía, sin embargo, la mayoría del Concejo –dominado por el PAN- lo rechazó.
“No sabemos qué pasó con el deportivo, si ya se emitió un dictamen para hacer las reparaciones, si va a haber dinero, si se va a demoler, nada, no tenemos absolutamente información”, señala Ramírez.
Guillermo Mora, concejal del PAN en la alcaldía Iztapalapa, gobernada por la morenista Aleida Alavez, reconoce que el trato ha sido “respetuoso e institucional” pese a las diferencias políticas.
“Nos ha permitido en nuestro contacto que tenemos con la ciudadanía recoger varias solicitudes y gestiones, nos han permitido que podamos tramitarlas en su mayor parte”, sostiene.
No obstante, reconoce que tras cuatro años como concejal (antes de 2021 a 2024 durante la gestión de Clara Brugada en Iztapalapa) no se ha cumplido con la función del Concejo como un contrapeso en el gobierno de la alcaldía.
“El espíritu era tener un contrapeso pero hoy en día no somos un contrapeso para los alcaldes porque al final de cuentas siguen teniendo un poder prácticamente total, nosotros aprobamos algunas cuestiones pero no son de fondo”, afirma Mora.
Sandra Ramírez, concejal por el PAN en la alcaldía Álvaro Obregón, gobernada por Javier López Casarín del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comparte que durante casi un año el Concejo solo sesionó una vez para aprobar el Presupuesto 2025 y no fue hasta septiembre cuando el alcalde convocó de nuevo a una sesión, luego de que la diputada local Claudia Montes de Oca (PAN) presentara un punto de acuerdo para señalar a López Casarín por la inactividad del órgano.
“El deber ser es que se sesione mes con mes para que los concejales tengamos la oportunidad de subir puntos de acuerdo al Concejo, de este acercamiento con el alcalde para hacerle llegar las peticiones y necesidades de los vecinos, no se nos había dado este espacio”, dice Ramírez.
Esta sesión fue para pedir a las y los concejales aprobar un fondo adicional al presupuesto para seguridad y bacheo.
“Se nos presenta un proyecto ambiguo sin saber en dónde exactamente se va a aplicar, en qué colonias, con muchos sesgos”, advierte la panista.
