Algunos puntos de la Ley del Derecho al Bienestar para la CDMX:
- Los programas y acciones sociales del gobierno de la ciudad y las alcaldías deben ser aprobados por un Consejo de Consulta y Participación, encabezado por la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), así como 10 representantes de organizaciones sociales, comunitarias y de la academia.
- Las alcaldías deben coordinarse con las áreas correspondientes del gobierno de la ciudad para evitar la duplicidad de programas, esto es que existan dos o más programas que atiendan un mismo problema en un mismo sector de la población.
- Tener un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas sociales de la administración pública. La información de los beneficiarios deberá tener variables suficientes para conocer y evaluar el alcance de los programas.
Esta ley fue propuesta por el exjefe de Gobierno suplente, Martí Batres, durante los últimos meses de su gestión y semanas después de las elecciones en la ciudad.
“Hay articulación (con las alcaldías), pero también dirección, porque corresponde al gobierno de la Ciudad dirigir toda la política de Bienestar en todo el territorio de la capital”, dijo Batres el 15 de julio de 2024 tras la publicación de la ley en la Gaceta Oficial.
La Constitución capitalina señala entre las facultades de las alcaldías el “administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos”, así como implementar medidas para erradicar de forma progresiva la desigualdad y la pobreza.
El 15 de enero la Primera Sala de la Suprema Corte rechazó la petición del gobierno de la ciudad para desechar el recurso de la alcaldía Miguel Hidalgo en contra de la Ley del Derecho al Bienestar, por lo que se prevé que sean las y los magistrados quienes determinen su constitucionalidad.
