Alcaldes de la CDMX también apuestan por transferencias directas en programas

"¿Cuál es el verdadero objetivo de un programa social? Sacar a la gente de una condición de vulnerabilidad. ¿Y qué sucede cuando los programas sociales se vuelven permanentes, como parte de la relación de un gobierno con la ciudadanía? se vuelve una clientela", apunta Cristina Heliane Rosas, politóloga por la UNAM.

Transferencias sin reactivar la economía local

En una revisión realizada por Expansión Política al Sistema de Información para el Bienestar Social (Sibis), donde 13 alcaldías tienen registrados sus programas sociales, se encontró que en 39 de 70 de ellos, se dan en transferencias monetarias.

Las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras no tienen registrados programas en este sistema, pero sí cuentan con ellos.

De acuerdo con los especialistas, los programas sociales deben tener como objetivo aliviar la condición de vulnerabilidad de una persona y en el caso de los aplicados a través de transferencias, reactivar la economía y complementar el ingreso familiar.

No obstante, Cristina Heliane Rosas, consultora en políticas públicas, explica que al darse más de la mitad de los programas sociales en transferencias monetarias, uno de los riesgos es que cuando se distribuyen a través de una tarjeta, muchas veces no reactivan la economía local, pues las personas acuden a comprar en sitios que aceptan esta forma de pago, como supermercados, tiendas de autoservicio o de cadena.

"En realidad no reactiva la economía comunitaria, hacer transferencias a través de mecanismos electrónicos como son tarjetas pues lleva a que la mayoría de esos recursos transferidos a las personas sean gastados en tiendas de autoservicio, no en la tiendita de la esquina o el mercado, entonces no necesariamente se alimenta la economía local", apunta.

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Programas duplicados

Cada uno de los programas sociales en la capital debe tener objetivos comprobables, metas e indicadores para ser evaluado, estar alineado a un objetivo del Programa de Desarrollo de la Ciudad de México –aún pendiente– y no encontrarse duplicado con otro programa.

La Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social capitalina, vigente desde julio de 2024, establece la obligación de las alcaldías para coordinarse con el Gobierno central sobre sus programas sociales, así como contar con un solo padrón unificado de personas beneficiarias.

“Con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos, y para materializar lo anterior, deberán sujetarse (alcaldías y dependencias) a la normatividad que emita el Gobierno de la Ciudad de México", señala el Artículo 58.

Sin embargo, algunos programas de las alcaldías revisados sí presentan un riesgo de encontrarse duplicados con otras acciones sociales del Gobierno de la Ciudad de México.

Por ejemplo, Benito Juárez, la alcaldía gobernada por el panista Luis Mendoza, cuenta con el programa 'Regreso a Clases BJ' para dar kits de útiles escolares a 2,245 estudiantes de primaria hasta segundo año de secundaria, con un presupuesto de 2.6 millones de pesos, similiar al 'Apoyo de Útiles y Uniformes Escolares' del Gobierno capitalino.

Este programa se parece también a 'Me late mi uniforme' que se da en la alcaldía Gustavo A. Madero, con un presupuesto de 104 millones de pesos para dar uniformes deportivos a 130,000 estudiantes de educación básica de escuelas públicas.

Para Rosas, lo que se debe hacer es identificar las verdaderas necesidades de la población, cuáles se pueden resolver a través de mecanismos de gobierno.

Alcaldías con mayor gasto social

Iztapalapa, gobernada por Aleida Alavez, y Gustavo A. Madero, encabezada por Janecarlo Lozano, son las dos alcaldías que más recursos han destinado a programas sociales este 2025. Ambas coinciden con ser las demarcaciones que recibieron un mayor presupuesto para este año: 7,230.9 millones de pesos para Iztapalapa y 5,897.3 mdp para GAM, pues son las que cuentan con más habitantes.

La Constitución capitalina establece que entre las facultades de las alcaldías está el “administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos”, así como implementar medidas para erradicar de forma progresiva la desigualdad y la pobreza.

También señala que debe haber coordinación con las áreas correspondientes del Gobierno de la ciudad para evitar que existan dos o más programas que atiendan un mismo problema en un mismo sector de la población.

La alcaldía de Iztapalapa, la más poblada de la CDMX (más de 1.8 millones de habitantes), existe el programa "Iztapa'las Jefas" que otorga apoyos bimestrales a mujeres de 35 a 56 años por 400 pesos, mientras que en Benito Juárez con el programa "Jefas y Jefes de Familia" se dan también recursos a personas en vulnerabilidad. Ambos al ser dirigidos a personas cuidadoras son similares a los apoyos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a madres de familia con "Desde la cuna".

El traslado de las obligaciones

Algunos programas sociales están enfocados en dar apoyos económicos a personas para dar servicios que son responsabilidad del gobierno de cada alcaldía.

Es el caso de ‘Tlalpan 24/7’, de la alcaldía Tlalpan, dirigido a brigadistas que atiendan servicios urbanos como desazolve y cambio de luminarias; ‘Guardianas y Guardianes del Espacio’, en Iztacalco, que ofrece apoyo económico a personas que realicen rescate de espacios públicos.

De los programas que se aplican a través de transferencias monetarias, al menos nueve, están dirigidos a personas desempleadas a cambio de realizar labores como la recuperación de espacios públicos o para ser enlace con el gobierno de la demarcación. Tal es el caso de los ofrecidos por las alcaldías Coyoacán, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.

Por ejemplo, Gustavo A. Madero tiene dos programas para personas sin empleo: ‘Enchulando GAM’ con 87.6 millones de pesos para 900 facilitadores de servicios o colaboradores comunitarios, que recibirán de 7,000 a 12,000 pesos mensuales y ‘Siervos GAM’ con 21.6 millones de pesos, para 300 personas facilitadoras con un apoyo de 6,000 pesos al mes.

En Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega impulsa el programa 'Chámbeale con amor', con el que los habitantes pueden acceder a apoyos a cambio de ayudar en actividades de la demarcación.

“Si el Estado tiene la necesidad de llevar a cabo estos servicios, ¿por qué no contrata personal en vez de convertirlo en un programa social? Cuando estás realizando servicios que serían propios del gobierno de la alcaldía –como recuperación de espacios públicos, levantamiento de información territorial– la alcaldía tendría la obligación de contratar personal para hacerlo y no subcontratar a través de un programa social”, considera Rosas, politóloga por la UNAM.

Este tipo de programas que ofrecen apoyos económicos para personas desempleadas pero sin ofrecer una solución –como capacitación o conexión con oportunidades de trabajo– tienen el riesgo de convertirse en generadores de clientelas políticas.

“Lo único que hace es generar clientelas políticas a través de un apoyo que no resuelve la necesidad de fondo que es el acceso a un trabajo con un salario digno y en condiciones que permitan acceder a seguridad social”, explica la politóloga por la UNAM.

Ante la duplicidad en los programas sociales, la consultora en políticas públicas señala que es necesaria una mayor transparencia y rendición de cuentas de las alcaldías, en especial sobre cumplimiento de indicadores para demostrar que los programas responden al objetivo para el que fueron creados.

“Puedo asegurar que al día de hoy de varios de estos programas no tenemos indicadores claros de cuál ha sido su impacto en el desarrollo social de la comunidad. Sabemos cuánto cuestan, a cuánta gente llegan, pero no sabemos si realmente cumple su objetivo de dar servicios o sacar a la población de una situación de vulnerabilidad", alerta Rosas.