Los 339 mercados públicos de la Ciudad de México no sólo suministran productos de la canasta básica y diversos servicios a siete millones de clientes cada semana en las 16 alcaldías, pues también generan 285,000 empleos y aportan 2% del Producto Interno Bruto (PIB) local.
No obstante, enfrentan abandono, inconformidad por los nuevos lineamientos de digitalización de cédulas de operación , reparto desigual de recursos para mejoramiento y rezago en infraestructura, seguridad y protección civil.
A estas problemáticas se suman denuncias de desatención gubernamental de algunos mercados debido a conflictos internos entre líderes de comerciantes por su afinidad con el gobierno central, así como señalamientos de tintes políticos.
Locatarios de estos centros de abasto han salido a las calles desde principios de febrero para protestar contra las nuevas reglas de operación emitidas el 9 de enero por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la CDMX.
Afirman que no se oponen a la modernización y digitalización de trámites, aunque exigen que se atiendan sus demandas.
De acuerdo con la Sedeco, en la Ciudad de México hay 339 mercados públicos, siendo la alcaldía Gustavo A. Madero la que concentra el mayor número de centros de abasto, con 54, seguida de Venustiano Carranza con 42 y Cuauhtémoc con 39.
Actualmente, la administración y expedición de cédulas de operación de los mercados públicos está a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Sedeco, y las respectivas alcaldías.
Como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025, las autoridades capitalinas prevén destinar 240 millones de pesos para el mantenimiento y obras de infraestructura en estos centros de abasto, lo que representa una reducción en comparación con los 249 millones de pesos asignados en 2024.
Edgar Mendieta, vocero de locatarios de mercados en la Ciudad de México, señala que los recursos destinados a la modernización y mantenimiento de los mercados públicos no se han distribuido de manera equitativa.
En entrevista, denuncia que, si bien durante las administraciones de Claudia Sheinbaum y Martí Batres se intervinieron más de 200 mercados, algunas demarcaciones quedaron rezagadas por motivos políticos.
"Donde no había coincidencia política, no había recursos; donde sí la había, incluso ideológicamente, los recursos eran excesivos. Por ejemplo, Iztacalco y Gustavo A. Madero fueron de las alcaldías que más recibieron apoyos".
El representante de los locatarios también señala que en mercados como Tepito 23 y Medellín, en Cuauhtémoc; Jamaica en Venustiano Carranza; y Tulyehualco en Xochimilco, las obras quedaron inconclusas o se quedaron solo en promesas.
Un caso particular es la asignación de 200,000 pesos por mercado público en 2024, cantidad que, según los comerciantes, resultó insuficiente para inmuebles que requerían mantenimiento mayor, modernización de redes de agua, techumbres o instalaciones eléctricas.
"Esos recursos no llegaron a los mercados. Muchos se destinaron a acciones que, en realidad, el gobierno está obligado a realizar, como el desazolve, pero en algunos casos fueron utilizados por ciertos líderes para otros fines", acusa Mendieta.
El diputado Raúl Torres, integrante de la comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México, resalta que ante el avance tecnológico, la llegada de nómadas digitales a algunas colonias y la instalación de supermercados o tiendas de conveniencia que representan una competencia para los mercados, estos requieren de una modernización urgente.
En entrevista, el legislador considera que el gobierno debe impulsar que sean más atractivos para los clientes, mejorar los sistemas de cobro e incluso ofrecer envíos a través de plataformas digitales, para potenciar sus ventas aun cuando muchos capitalinos todavía tienen arraigada la tradición de acudir a abastecerse a los mercados por ofrecer productos frescos y de calidad.
“Podrá instalarse cualquier centro comercial y los mercados seguirán existiendo. El problema es que algunos dejan de ser atractivos y son abandonados tanto por el gobierno, como por los clientes” resalta.
Ante la implementación de avances tecnológicos y la modernización de trámites en la Ciudad de México, el pasado 9 de enero, la Sedeco publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo que modifica los lineamientos para la operación y funcionamiento de los mercados públicos en materia de simplificación y digitalización de trámites.
Este nuevo mecanismo, gestionado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), busca actualizar el padrón de locatarios, reducir costos administrativos, eliminar intermediarios y combatir posibles actos de corrupción, según el gobierno capitalino.
Sin embargo, locatarios de distintas alcaldías han expresado su rechazo a la medida, argumentando que el proceso de digitalización de cédulas de operación invalida las cédulas emitidas con anterioridad, lo que –según los comerciantes– vulnera la propiedad de sus establecimientos.
El 10 de febrero, en protesta por los nuevos lineamientos, comerciantes realizaron bloqueos en diversas vialidades y cerraron mercados en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, entre otras.
Como resultado de estas movilizaciones, se acordó la instalación de mesas de trabajo entre locatarios y autoridades para atender sus demandas. Además, el gobierno de Clara Brugada anunció 14 acciones para el mejoramiento de los mercados públicos, entre las que destacan:
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, declaró en una entrevista radiofónica que los comerciantes que han salido a manifestarse lo hacen con fines políticos.
Acusó que los locatarios inconformes son afines al Partido Acción Nacional, algo que los comerciantes negaron durante una asamblea efectuada el 18 de febrero en el mercado 1 de diciembre de la colonia Narvarte.
Ante estas declaraciones y, tras denunciar que los acuerdos alcanzados con las autoridades no se han cumplido, los locatarios han anunciado nuevas marchas en la capital para el martes 4 de marzo.
