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En cinco años, solo 50 de 143 investigaciones por el 19S fueron resueltas

Pasaron cinco años desde que el sismo del 19S expuso irregularidades en la construcción de viviendas, corrupción en el manejo de recursos y en la reconstrucción, pero las sanciones han sido mínimas.
lun 19 septiembre 2022 06:00 AM
Reconstrucción
Se espera un impulso económico en cuanto comiencen los esfuerzos de reconstrucción a medida que se requieren materiales y se abren puestos de trabajo en esa labor.

A cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017 –que dejó centenares de personas damnificadas por irregularidades en la construcción de viviendas–, autoridades de la Ciudad de México reportaron que desde entonces se iniciaron 143 carpetas de investigación, de las cuales solo 50 fueron concluidas y hubo 15 sanciones administrativas en contra de exfuncionarios públicos y empresas.

De acuerdo con un documento emitido por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México al cual Expansión Política tuvo acceso, los 143 expedientes mencionados están relacionados con presuntos actos de corrupción o irregularidades en el proceso de reconstrucción por las afectaciones del fenómeno natural.

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Y aunque 50 carpetas ya fueron concluidas y derivaron en sanciones administrativas e inhabilitación de ex servidores públicos, 81 fueron canalizadas por la Contraloría de la capital al Tribunal de Justicia Administrativa para que sea este organismo el que imponga la sanción correspondiente.

Funcionarios adscritos a la jefatura de gobierno entre 2017 y 2018 –que le correspondió a Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva, respectivamente–, pertenecen al órgano que más carpetas de investigación tiene la Contraloría con 80, le sigue la Secretaría de Obras y Servicios con nueve, la alcaldía Tlalpan con cuatro.

Por otro lado, el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Finanzas cuentan con dos carpetas de investigación pendientes por resolver y una en la Secretaría de Protección Civil y otra en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El documento señala que en cinco años fueron impuestas apenas 15 sanciones administrativas e inhabilitaciones contra ex servidores públicos que van desde los 10 a los 20 años en los que no podrán ocupar puestos en el gobierno.

Entre los sancionados se encuentran directores de área, subdirectores y directores generales.

¿Hubo sanciones en las alcaldías de la CDMX?

De manera paralela a estas investigaciones de la Contraloría de la Ciudad de México, tres de las 16 alcaldías reportaron indagatorias e impusieron sanciones en contra de servidores públicos relacionadas con presuntos actos de corrupción por los sismos de 2017.

En el caso de la alcaldía Magdalena Contreras, la demarcación reportó 14 carpetas de investigación; de ese total, fueron impuestas siete sanciones en contra de cinco servidores públicos, que consistieron en destituciones o puesta a disposición de algún órgano de control interno.

La Cuauhtémoc reportó 13 carpetas de investigación y 10 en Coyoacán, ambas demarcaciones sin sanciones a servidores públicos.

 

Exfuncionarios bajo la lupa por el 19S

Raymundo Collins, quien se desempeñaba como ex titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) en 2017, es señalado por presunto uso ilegal de atribuciones y facultades, por la adquisición de un predio por 21.3 millones de pesos sin tener la autorización del comité de suelo.

Por este mismo caso, la fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Francisco Javier “N”, quien se desempeñaba como director de director de asuntos inmobiliarios del Invi.

Édgar Tungüí, ex comisionado para la reconstrucción, fue detenido en España en 2021 y trasladado en extradición a la Ciudad de México ese mismo año.

(Obligatorio)
Edgar Tungüí Rodríguez, excomisionado para la Reconstrucción de la CDMX, es acusado de haber asignado cantidades millonarias de forma irregular.

A esta persona, la Fiscalía capitalina la acusó ante un juez de control por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. En esta misma carpeta de investigación se encuentra el ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, a quien se le imputa un desfalco al erario público destinado a la reconstrucción por 40 millones de pesos.

En 2019, la Auditoría Superior de la Ciudad de México abrió una investigación en contra de tres exdiputados de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal por manejo irregular de recursos destinados a la reconstrucción.

Se trata del fallecido diputado perredista Leonel Luna, el ex delegado en Coyoacán; de Mauricio Toledo hoy prófugo y del panista Jorge Romero, actual coordinador de la bancada panista en San Lázaro, los tres legisladores pertenecían a la comisión de reconstrucción y a quienes se les acusó por posible desvío de recursos.

 

Empresas sancionadas

Los servidores públicos no son los únicos que han sido sancionados por las autoridades capitalinas, sino también 15 empresas constructoras que edificaron o reconstruyeron inmuebles en varias alcaldías de la Ciudad de México.

Tanto la contraloría, como la Fiscalía de la Ciudad de México sancionaron e inhabilitaron a la empresa Ideas Residenciales SA de CV, encargada de la construcción de cuatro torres de departamentos en Tlalpan 550, así como la constructora del edificio Insurgentes 1260 Vertical Homes y Canadá Bulding System de Zapata 56, quienes edificaron edificios y durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 sufrieron graves daños estructurales.

En 2020 la contraloría capitalina sancionó a empresas constructoras por procesos deficientes de reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos de 2017 o por no entregar a tiempo la obra en:

Unidad habitacional Tlalpan ISSSTE, Río Lerma 45, Coquimbo 909, Aluminio 166, Vicente Suárez 123 e Insurgentes norte 476.

“Producto de la investigación realizada por la Secretaría de la Contraloría General a 15 empresas que participaron en la reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos de septiembre de 2017, se presentaron las denuncias penales correspondientes que han derivado en varias órdenes de aprehensión en contra de representantes o miembros de éstas”, se lee en el documento obtenido por Expansión Política.

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