Y aunque 50 carpetas ya fueron concluidas y derivaron en sanciones administrativas e inhabilitación de ex servidores públicos, 81 fueron canalizadas por la Contraloría de la capital al Tribunal de Justicia Administrativa para que sea este organismo el que imponga la sanción correspondiente.
Funcionarios adscritos a la jefatura de gobierno entre 2017 y 2018 –que le correspondió a Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva, respectivamente–, pertenecen al órgano que más carpetas de investigación tiene la Contraloría con 80, le sigue la Secretaría de Obras y Servicios con nueve, la alcaldía Tlalpan con cuatro.
Por otro lado, el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Finanzas cuentan con dos carpetas de investigación pendientes por resolver y una en la Secretaría de Protección Civil y otra en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
El documento señala que en cinco años fueron impuestas apenas 15 sanciones administrativas e inhabilitaciones contra ex servidores públicos que van desde los 10 a los 20 años en los que no podrán ocupar puestos en el gobierno.
Entre los sancionados se encuentran directores de área, subdirectores y directores generales.
¿Hubo sanciones en las alcaldías de la CDMX?
De manera paralela a estas investigaciones de la Contraloría de la Ciudad de México, tres de las 16 alcaldías reportaron indagatorias e impusieron sanciones en contra de servidores públicos relacionadas con presuntos actos de corrupción por los sismos de 2017.
En el caso de la alcaldía Magdalena Contreras, la demarcación reportó 14 carpetas de investigación; de ese total, fueron impuestas siete sanciones en contra de cinco servidores públicos, que consistieron en destituciones o puesta a disposición de algún órgano de control interno.
La Cuauhtémoc reportó 13 carpetas de investigación y 10 en Coyoacán, ambas demarcaciones sin sanciones a servidores públicos.
