Los mercados públicos de la Ciudad de México representan focos rojos ante el riesgo latente con el que operan; sin embargo, la nueva normativa que sancionaría irregularidades como el uso de ‘diablitos’ fue dejada sin efectos por el gobierno capitalino ante el rechazo de locatarios.
De los 329 centros de abasto popular que se encuentran en la ciudad, 164 se consideran de riesgo alto y 165 riesgo medio, de acuerdo con datos del Atlas de Riesgos de la CDMX .
Estos espacios carecen de las condiciones necesarias para garantizar su seguridad, según ha reconocido Myriam Urzúa Venegas, titular de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC).
Entre las irregularidades más frecuentes está el operar sin dictámenes que garanticen las condiciones de las instalaciones eléctricas y de gas, así como carecer de un programa de protección civil interno.
La secretaría atiende dos incidentes diarios en promedio en los mercados, en su mayoría relacionados con cortocircuitos o fugas de gas, según detalló la funcionaria tras la presentación del programa Mercados Seguros en la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 5 de mayo.
La Merced, uno de los principales mercados en el centro de la ciudad , se encuentra rodeado de puestos semifijos conectados a la electricidad con "diablitos", comprobó Expansión Política en un recorrido.
Estos puestos además ocupan las calles circundantes, lo que obstruye algunos accesos a la Nave Mayor y Nave Menor, y en caso de un siniestro, dificulta el paso de vehículos de emergencia y personal.
En la Nave Menor, que fue reconstruida tras el incendio de 2013, se puede encontrar locales con refrigeradores, televisores y aparatos de sonido conectados por extensiones, así como locales de comida con tanques de gas mientras las cajas para los extintores están cubiertas por lonas u obstruidas con mercancía.
Al menos ocho locales dentro de La Merced tienen múltiples maquinitas o tragamonedas conectadas entre sí a una extensión, lo que genera un riesgo de sobrecarga, además de que están prohibidas de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Estas irregularidades se encuentran pese a que el 24 de diciembre de 2019 un incendio afectó 1,240 locales de La Merced, provocando la muerte de dos personas y dejando ocho más lesionadas. Las llamas fueron provocadas por una carga adicional en los cables de electricidad que tuvieron un sobrecalentamiento, según determinó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local.
El Mercado de Sonora se incendió el 4 de noviembre de 2021 y pese a ello se encuentra rodeado por puestos conectados con "diablitos" al alumbrado público, algunos de los cuales están instalados muy cerca de los accesos, lo que limita el espacio para entrar y salir.
En los mercados se detectaron más de 7,000 conexiones irregulares o "diablitos" en una revisión realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La Sedeco publicó las Normas para la Regularización y Funcionamiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México el 20 de mayo en la Gaceta Oficial.
La nueva regulación incluía actos prohibidos para los locatarios, algunos de los cuales podrían ser sancionados con la pérdida de sus cédulas y sus locales.
Estas normas fueron desechadas por la misma Secretaría de Desarrollo Económico cinco días después de la marcha realizada por cientos de líderes y locatarios de mercados públicos, quienes se manifestaron el 1 de junio frente a las instalaciones de la dependencia.
Fadlala Akabani, titular de la Sedeco, indicó que aún se busca actualizar las normas con las que operan los mercados públicos de la ciudad, sin embargo se hará con una convocatoria abierta.
“Más allá de que estaban bien o mal las medidas, el mecanismo que se operó para escuchar a todos los locatarios no fue suficiente, entonces nosotros no queremos que haya ningún tipo de inconformidad.
“Lo que vamos a hacer son mesas de trabajo con una convocatoria amplia, que todos sepan, el que pueda ir que vaya y el que no, no; lo vamos a hacer también digital para que puedan enviar su opinión con respecto a los diferentes temas”, dijo el secretario en entrevista con Expansión Política.
El secretario reconoció tres puntos de principal disputa sobre la regulación: el tracto hereditario; es decir, las condiciones sobre las cuales los locatarios pueden elegir a quién dejar sus locales; las instalaciones y el cobro de la energía eléctrica, que los locatarios rechazan pagar y consideran debe ser cubierto por las alcaldías; por último, la entrega de cédulas que realizan las alcaldías de forma discrecional, según los locatarios.
Akabani afirma que un aspecto que no estará sujeto a negociación es el cumplimiento con las medidas de protección civil, en especial la prohibición del uso de "diablitos" y conexiones irregulares a la electricidad.
“Eso se mantiene, ellos saben que no pueden estar alterando ni manipulando o conectando más aparatos de los que tienen permitidos en una conexión bifásica porque está demostrado que todos los incendios han sido por sobrecargas”, indicó el funcionario.
El secretario indica que también ha pedido a los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México el informar sobre las condiciones de los mercados.
"Acabo de exhortar por un oficio a todos los alcaldes de la ciudad a que entreguen en un lapso no mayor a 30 días los estudios de protección civil", señaló Akabani.
Ramsés Meza Carreto, secretario de organización y socio locatario del Mercado de Jamaica, afirma que está de acuerdo sobre las medidas de seguridad para los mercados así como la regularización de las instalaciones eléctricas, pero apunta que las irregularidades se encuentran también al interior de la propia organización de los mercados.
“Se rechazaron las normas porque le estaba dando un poder a los administradores en donde por cualquier situación que no estuviera de acuerdo, el administrador tenía la facultad de cancelarte la cédula en esos momentos”, comenta a Expansión Política.
En el caso de Jamaica, el locatario señala que Jesús Ávila Ávila se ha reelegido por 30 años como secretario general del mercado, por lo que consideró necesario incluir en la normatividad candados para que un solo grupo o persona retengan la representación de los mercados, así como permitir mayor supervisión de las alcaldías.
Se rechazaron las normas porque le estaba dando un poder a los administradores (...)".
