Robo de celular, despojo, reincidencia: Así son las penas previstas para la CDMX

Sin embargo, también hay voces que advierten que esta reforma no lo es todo.

El perredista Jorge Gaviño, por ejemplo, argumentó que el Código Penal no es la solución absoluta para los problemas de seguridad pública en la CDMX, sino que debe ir acompañado de políticas y acciones concretas.

"Esto no va a servir si no se acompaña de una política integral en contra del crimen en la Ciudad de México. La pena debe ser una consecuencia del delito, pero si se queda como letra muerta, entonces no va a haber de ninguna manera una disminución del crimen o del delito. Si no se persigue el delito, queda impune; si queda impune, hay repetición del mismo", dijo.

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¿Cuáles son los cambios?

Contra bandas dedicadas al despojo. La reforma contempla castigar el despojo simple de bienes con una pena de dos a cinco años de prisión. Además, se suma el despojo agravado, con una pena de seis a 10 años. Se aplicaría cuando el despojo:

• Se realizara por grupos de tres o más personas.
• Fuera contra personas mayores a 60 años o con discapacidad.
• Cuando para cometerlo se simularan actos de autoridad o se utilizaran documentos falsos.
• Cuando participara un servidor público.
• Cuando se cometiera en contra de un ascendiente (padres o abuelos, por ejemplo).

Reincidencia. Según las reformas, quienes cometieran dos o más veces un mismo delito grave recibirían hasta dos terceras partes de aumento en la pena, para atacar lo que Sheinbaum ha llamado "la puerta giratoria", es decir, cuando una persona sale de prisión en poco tiempo para volver a cometer el mismo ilícito.

Robo de celulares, en cajeros y en moto. Se agrava el castigo contra el robo de celulares porque, según la jefa de gobierno, este es diferente al hurto de cualquier otro objeto, pues los teléfonos móviles contienen datos sobre la identidad de las personas. En este caso, se prevé castigar esta acción con un pena de dos a seis años de prisión, independientemente del valor del equipo robado.

De enero a junio de este año se registraron 733 robos de celular con violencia y 307 sin violencia en la ciudad, de acuerdo con el registro de víctimas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX).

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Por otro lado, ahora también se diferencia el robo de autopartes, sancionado con una pena de dos a seis años de prisión, mientras el robo de vehículo sube de cuatro a ocho años.

Según las reformas, cuando se usara una motocicleta para asaltar a una persona y despojarla de sus pertenencias, se aumentarían de dos a seis años de cárcel, por considerar que esta práctica deja en completa desventaja a la víctima.

Para los asaltos al salir del cajero o estar en un banco también suben las condenas: se añaden de dos a seis años de prisión y el mismo tiempo extra cuando participara un empleado bancario.

El robo a casa habitación se agrava con un extra de cuatro a 10 años.

Contra el "cobro de piso". La extorsión se castigaría con cinco a 10 años de prisión, según se prevé. Sin embargo, la pena sería del doble cuando participara un servidor público, miembro o exintegrante de una corporación de seguridad ciudadana de cualquier nivel de gobierno. En este caso, también se impondría inhabilitación de cinco a 10 años, para que el responsable no pudiera ocupar ningún cargo en el gobierno.

Cuando la extorsión se cometiera por una o más personas armadas o con objetos peligrosos, se usara violencia física o se hiciera creer a la víctima que se es parte del crimen organizado, la pena se agravaría hasta dos terceras partes. También, cuando se usaran llamadas telefónicas o cualquier medio de comunicación electrónico, como correos o mensajes.

El asesinato de un policía o lesionarlo agravaría hasta en dos terceras partes la pena a imponer. En contraste, se prevé desaparecer el delito de ultraje contra la autoridad, que se castigaba con seis meses de prisión y ahora está contemplado como falta en la Ley de Cultura Cívica; en ella, la sanción es de 20 a 36 horas de arresto si las agresiones no causan lesión.

Nuevos criterios contra el feminicidio. Ahora, se plantea que se tome en cuenta para definir si el asesinato de una mujer es un feminicidio cuando:

• El posible responsable haya amenazado, acosado o lesionado a la víctima; también, cuando ejerciera cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral, familiar o escolar de la mujer.
• Haya existido con la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza.
• Hubiera una relación de parentesco, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier relación de hecho, amistad, subordinación o superioridad.
• La víctima no tuviera posibilidad de defenderse por la dificultad de comunicarse para recibir auxilio, por la distancia con un lugar habitado o por un impedimento físico o material para pedir ayuda.

La pena por el crimen de feminicidio subiría y se quedaría en el rango de los 35 a los 70 años de cárcel.

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¿Qué propuestas se quedaron en el tintero?

El morenista Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que este periodo extraordinario del Congreso capitalino está enfocado en la propuesta enviada por la jefa de gobierno, pero más adelante se analizarán otros planteamientos.

"Hay un segundo paquete de reformas que se está trabajando y que nosotros consideramos se podría estar dictaminando en lo que resta del receso, para poder llegar al periodo ordinario con un nuevo paquete de reformas en materia penal", explicó.

Pendientes quedan las propuestas de legisladores como José Luis Rodríguez Díaz de León, quien plantea duplicar las penas contra policías que formen parte de bandas delictivas, y el panista Mauricio Tabe, quien busca cadena perpetua para reincidentes de crímenes dolosos.

Enviada a comisiones y en espera de revisión también está la propuesta de los alcaldes morenistas Layda Sansores de Álvaro Obregón y Víctor Hugo Romo de Miguel Hidalgo, para sancionar a quien quebrante los sellos de suspensión o clausura en inmuebles o establecimientos con penas de cinco a 12 años de prisión. También se plantea sancionar al propietario que, incluso sin romper los sellos, construya, demuela, comercie o preste algún servicio en un inmueble o establecimiento sancionado.